El INE
pospone las reglas mientras los partidos ya juegan el partido.
Por Miguel Ángel Cristiani G
Cuando la autoridad electoral aplaza las reglas
para frenar los actos anticipados de campaña, no gana tiempo: pierde autoridad.
Y cuando la ley llega después de la política, la democracia siempre termina
pagando la factura.
Hay una vieja máxima en el derecho que dice que la justicia tardía deja de ser justicia.
En materia electoral ocurre exactamente lo mismo: las reglas tardías dejan de ser reglas.
Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando, en
medio de visibles diferencias entre sus integrantes, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral decidió aplazar la discusión sobre los
lineamientos que pretenden regular las llamadas "pre-precampañas", esa ingeniosa figura política que no
existe en la ley, pero que todos practican.
La decisión es mucho más grave de lo que parece.
Porque mientras los consejeros discuten cómo
definirlas, los partidos ya las están realizando.
Y mientras el árbitro analiza el reglamento, los
jugadores ya comenzaron el partido.
Desde hace varios procesos electorales la política
mexicana inventó una nueva especialidad: hacer campaña sin decir que es campaña.
Ya no se pide el voto.
Ahora se "dialoga con la militancia".
No se promociona un candidato.
Se "fortalece el liderazgo".
No se recorren municipios para posicionarse.
Se realizan "asambleas informativas".
No se colocan espectaculares con fines electorales.
Se "difunden logros personales".
El lenguaje cambió.
La intención jamás.
Todos saben para qué sirven esas giras, esos
videos, esas entrevistas, esas reuniones y esos espectaculares.
Todos saben quién aspira.
Todos saben quién busca posicionarse.
Lo único que falta es que alguien tenga el valor de
reconocer que se trata de campañas disfrazadas.
Y ahí es donde el INE y el OPLE Veracruz parecen
caminar siempre un paso detrás de la realidad.
No es un problema nuevo.
Desde hace años la autoridad electoral ha venido
perdiendo capacidad para anticiparse a las nuevas formas mediante las cuales
los partidos burlan la legislación.
Primero fueron los informes legislativos.
Después los informes de gobierno.
Más tarde aparecieron las asociaciones civiles.
Luego las giras nacionales.
Ahora llegan las "pre-precampañas".
La creatividad para evadir la ley avanza mucho más
rápido que la capacidad institucional para impedirlo.
El problema no es únicamente jurídico.
Es profundamente político.
Porque la competencia electoral deja de ser
equitativa cuando algunos actores pueden recorrer el país durante meses
construyendo imagen pública antes de que oficialmente inicie el proceso.
Cuando finalmente comienza la campaña legal, unos
llegan con meses —o años— de ventaja, mientras otros apenas pueden empezar a
darse a conocer.
La cancha deja de estar pareja.
Y una democracia donde la competencia es desigual
termina debilitando la confianza ciudadana.
Lo más preocupante es el mensaje institucional.
El INE nació precisamente para garantizar certeza.
Para ofrecer reglas claras.
Para evitar que el poder político se adelantara a
la ley.
Sin embargo, el aplazamiento de estos lineamientos
transmite exactamente lo contrario.
Da la impresión de que la autoridad sigue
reaccionando ante los hechos consumados.
La democracia necesita árbitros que prevengan.
No notarios que documenten las infracciones cuando
ya ocurrieron.
Más aún porque la Constitución establece con
claridad los principios de legalidad,
certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad
como ejes rectores de la función electoral.
Cuando las reglas se discuten después de iniciadas
las estrategias políticas, el principio de certeza comienza a erosionarse.
Y sin certeza jurídica aparecen la discrecionalidad
y la sospecha.
Lo paradójico es que prácticamente todos los
partidos dicen defender la legalidad electoral.
Pero todos encuentran la forma de caminar
exactamente por el borde de la ley sin terminar de cruzarla.
La simulación terminó convirtiéndose en método de
competencia.
Ya nadie rompe las reglas.
Simplemente las estira hasta donde permiten.
Y cuando ya no alcanzan, inventan una nueva figura
política para seguir adelantándose.
No se necesita reformar nuevamente la legislación
cada vez que aparezca una modalidad distinta de promoción política.
Se necesita voluntad para aplicar el espíritu de la
ley, no únicamente su redacción literal.
Porque el ciudadano común distingue perfectamente
cuándo alguien está haciendo campaña, aunque la propaganda diga que se trata de
una simple reunión informativa.
La inteligencia de los electores suele ser mucho
mayor que la imaginación de los estrategas políticos.
El verdadero riesgo no consiste en que existan
"pre-precampañas".
El verdadero riesgo es que la autoridad termine
normalizando que la ley siempre llegue tarde.
Porque cuando el árbitro decide discutir las reglas
después de iniciado el juego, deja de conducir el partido para convertirse en
un simple espectador.
3 principios
fundamentales quedan bajo presión: legalidad, certeza y equidad, pilares constitucionales
que deben regir toda contienda electoral y que se ven comprometidos cuando la
promoción política se adelanta a la regulación.
Las reformas electorales de 2007 y 2014 buscaron
cerrar espacios a la propaganda anticipada y garantizar condiciones equitativas
para todos los contendientes. Sin embargo, cada proceso electoral ha dado
origen a nuevas formas de promoción política que aprovechan vacíos normativos
antes de que la autoridad logre responder.
Si todos saben que las
"pre-precampañas" son campañas adelantadas, ¿qué está esperando la
autoridad electoral el INE y el OPLE Veracruz a nivel local para llamarlas por
su nombre?
Cuando el árbitro aplaza
las reglas, los tramposos no esperan: simplemente toman ventaja.
