DE PRIMERA MANO
El inminente desafuero de Bertín Bravo
Moreno no es un incidente aislado; pone en jaque la única franja territorial
donde Movimiento Ciudadano tenía, hasta hoy, un control real rumbo a 2027.
La política no es, va siendo.
Pocas frases resumen mejor lo que está a
punto de ocurrirle a Movimiento Ciudadano en la zona centro-costa de Veracruz.
Todo indica que el desafuero del alcalde
de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Moreno, es inminente y no se trata de un
trámite administrativo menor: la Carpeta de Investigación que le armó la FGE y que
lo tiene en la mira es por la desaparición forzada de personas, con un
empresario como víctima.
Cuando la imputación alcanza ese nivel,
el desafuero deja de ser una posibilidad política y se convierte en una
consecuencia casi mecánica.
Lo que está en juego no es sólo el
futuro personal de Bravo Moreno, es la arquitectura completa del mentado “corredor
naranja”, esa franja que comprende de Úrsulo Galván a La Antigua (Cardel), pasa
por Puente Nacional y Paso de Ovejas, y llega hasta Jalcomulco.
Cinco municipios, cinco presidencias
municipales emanadas de Movimiento Ciudadano, y un denominador común: todas
ellas, de una u otra forma, están ligadas políticamente a Bertín Bravo.
La más visible de esas conexiones es la
de Bibiana “Bibi” Báez, alcaldesa de Puente Nacional, su ahijada
política.
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Todo ese entramado no se construyó por
generación espontánea.
Fue, durante buena parte de su
gestación, obra del diputado federal y delegado federal de su partido en
Veracruz Sergio Gil al frente del movimiento naranja, una de las pocas
zonas del estado donde el partido logró consolidar una base territorial capaz
de proyectarse hacia 2027.
Y es justamente ese capital el que hoy
corre el riesgo de esfumarse.
Porque a la crisis de Úrsulo Galván se
suma un segundo frente, el también anunciado desafuero del alcalde de Ixhuatlán
del Sureste, otro edil emecista que enfrenta un proceso similar.
Dos desafueros simultáneos, en un partido
cuya dirigencia estatal —encabezada por Luis Carbonell de la Hoz— no
destaca precisamente por su capacidad de operación política ni por su alcance para
contener crisis de esta magnitud.
No es una opinión gratuita: es la
lectura que hoy circula entre los propios cuadros naranjas, inquietos por la
ausencia de un liderazgo capaz de blindar lo construido.
El resultado de esa combinación —un
corredor territorial entero amenazado y una dirigencia estatal sin el peso
suficiente para contener el daño— es una ecuación que cambia de manera
diametral la perspectiva de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027.
Lo que hasta hace unas semanas se leía
como una de las pocas fortalezas reales del partido en Veracruz, hoy se lee
como su principal vulnerabilidad.
Y como dicen que aclarando amanece, esto
no es una campaña de desprestigio ni una construcción mediática.
Los elementos son reales, verificables,
y avanzan con independencia de cualquier interés partidista externo.
La desaparición forzada de personas es
uno de los delitos que el sistema de justicia mexicano trata con mayor
severidad, y ningún fuero constitucional está diseñado para blindar a quien
enfrenta una imputación de esa naturaleza.
Movimiento Ciudadano tiene, a partir de
aquí, un problema que trasciende lo jurídico.
Tiene que decidir si defiende a un
alcalde imputado por un delito grave arriesgando el poco capital político que
le queda en la región, o si corta por lo sano y acepta el costo de perder, de
un plumazo, el control de ese corredor tan importante para ellos cinco y que
hasta hoy parecían garantizados, también electoralmente.
Cualquiera de las dos rutas tiene un
precio.
Y en política, como en la vida, no pagar
tampoco evade consecuencias.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
