DE PRIMERA MANO
El bache denunciado cobró su primer
víctima
Como no hay plazo que se llegue ni fecha
que no se cumpla, se fue de la SEV la comadrita Claudia Tello.
Al final, los yerros y la presión de la Sección
32 del SNTE, la más poderosa del magisterio veracruzano, decidió que ya no la
aguantaba más.
Un sinfín de desencuentros; el “fuera
Tello” coreado por miles de maestros en el Heriberto Jara, acompañados por los
diputados Carlos Marcelo Ruiz y Diego Castañeda coreando, con el
puño en alto; de oficios sin respuesta, de la toma de la SEV más reciente el
pasado 13 de julio, y del episodio que terminó de romper cualquier puente
posible: ordenar que se le apagara el micrófono al propio secretario general de
la 32, Daniel Covarrubias López, en un foro que se suponía de diálogo.
Ese gesto, más que cualquier cifra de
rezago educativo, retrata el estilo con el que Tello condujo la dependencia más
grande y con el presupuesto más abultado del gobierno estatal.
La gobernadora Rocío Nahle lo
llamó “reacomodo estratégico” y no ruptura; dijo que ella y Tello son “mujeres
de movimiento” que han caminado juntas y seguirán coordinadas. La comadrita se regresa
al Senado, curul que dejó en pausa para asumir la SEV, y en su lugar llega Raquel
Bonilla Herrera, hasta ahora senadora suplente, exdiputada federal en dos
legislaturas por el distrito de Poza Rica y una de las operadoras políticas más
cercanas al grupo de la propia Nahle en la zona norte del estado.
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Aquí conviene no simplificar de más:
Bonilla no llega sin oficio político; tiene casi quince años de trayectoria
dentro de Morena, ha sido enlace distrital, dos veces diputada federal y hoy
senadora; sabe negociar, sabe operar territorio y sabe, sobre todo, a quién le
debe la posición.
Lo que no tiene, en ningún renglón de su
currículo público, es un solo día al frente de un aula, de un sistema escolar o
de una negociación con el magisterio.
Su paso legislativo estuvo en las
comisiones de Energía, Marina, Pesca y Zonas Metropolitanas, no en Educación
Pública.
Ahí sí, la pregunta obligada es si la
lealtad al proyecto y la cercanía con la gobernadora bastan para dirigir una Secretaría
de la que dependen miles de plazas docentes y administrativas, y el ejercicio
presupuestal más voluminoso del aparato burocrático veracruzano.
Porque el problema que deja la comadrita
Tello no era solamente de trato o de talante autoritario; la SEV llega a este
relevo en medio del escándalo por los 557 millones de pesos desaparecidos de
las cuotas escolares de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con
tres exfuncionarios detenidos y una fiscalía anticorrupción que promete más
capturas.
Llega también con escuelas sin maestros
por procesos de contratación atorados, con Veracruz en los últimos lugares del
país en rezago educativo —dicho, cabe recordar, por la propia Tello—, y con una
Sección 32 que no ocultó su desconfianza hacia “los funcionarios sin
sensibilidad ni conocimiento educativo, puros improvisados” que, según
denunciaron, llegaron con esta administración.
La duda de fondo, entonces, no es si
Bonilla es cercana a la gobernadora —de sobra lo es—, sino si esa cercanía se
traduce en capacidad de gestión frente a un sindicato que ya probó que puede
tumbar a una Secretaria en año y medio.
Quizá, tratándose de la 4T, el criterio
de selección para un cargo de este calibre no pasa por la experiencia técnica
sino por la lealtad probada y la disciplina de movimiento.
Si es así, el riesgo no desaparece con
el cambio de nombre en la puerta de la SEV: simplemente se traslada.
El tiempo dirá si Bonilla fue el remedio
que necesitaba la SEV o si, como tantas veces en la política veracruzana, el
cambio de nombre resultó peor que la enfermedad que decía curar, pero a juzgar
por el inicio, se trata de una operación política, que al final pagarán los de
siempre: los jóvenes estudiantes, que nada de culpa tienen.
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Para documentar el optimismo…, hace
apenas unos días El Informador Express documentó cómo el Megabachetón,
la obra federal presumida como una de las inversiones carreteras más ambiciosas
del sexenio en Veracruz, ya mostraba parches y deterioro en la carretera
federal 140, y que dejaron sin atender un enorme bache a la altura de Dos Ríos,
en el municipio de Emiliano Zapata.
Lamentablemente, la denuncia dejó de ser
una advertencia y se convirtió en una tragedia: el domingo pasado murió un
motociclista precisamente en ese punto de la carretera Cardel-Xalapa, luego de
accidentarse en el mismo bache que ya habíamos señalado.
La víctima fue identificada como Omar
Álvarez Salazar, joven que no perdió la vida por una fatalidad inexplicable,
sino porque una carpeta asfáltica en mal estado se convirtió en una trampa
mortal para quien circulaba por ahí.
Lo que era un tema de calidad de obra y
de rendición de cuentas es, a partir de este fin de semana, un asunto de
responsabilidad sobre la pérdida una vida humana.
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Y aquí es donde el hilo, como siempre,
se rompe por lo más delgado.
Ante un hecho de esta gravedad, lo
mínimo que cabría esperar de la gobernadora es un señalamiento directo a la SICT,
en cambio, la respuesta oficial fue un “exhorto” al alcalde de Emiliano Zapata
para regular la venta de alcohol en el paradero de Cerro Gordo.
Que quede claro: regular la venta de
alcohol en esa zona es necesario, nadie lo pone en duda, pero convertir ese
exhorto en la respuesta institucional frente a la muerte de Omar Álvarez
Salazar, en un bache documentado es, cuando menos, una forma de desviar la
mirada de donde realmente debería estar puesta.
Al joven lo mató una carretera federal
que, según las propias cifras de la SICT, forma parte de una inversión superior
a los 2 mil 700 millones de pesos en el estado, y que sin embargo no resistió
ni un mes de lluvias antes de fallar.
Exhortar al alcalde Daniel Baizabal
por un tema de venta de bebidas es, en este contexto, la manera más cómoda de
eludir a quien realmente tiene la obligación de responder: la dependencia
federal que ejecutó.
Es más sencillo señalar a la autoridad
municipal, que carece de facultades sobre la carretera federal, que exigirle
cuentas al gobierno federal con el que se guarda una relación de alineación
política.
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Las preguntas pendientes y que seguiremos
planteando, son simples: ¿quién va a responder por la muerte de una persona?
¿Habrá una revisión técnica del tramo donde murió Omar Álvarez? ¿Se
abrirá algún proceso para deslindar responsabilidades?
Mientras esas preguntas no se respondan,
cualquier exhorto sobre venta de alcohol seguirá siendo, en el mejor de los
casos, una cortina de humo; y en el peor, una falta de respeto a la memoria de
quien ya no puede reclamar nada.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
