IMPRONTA
¿En qué consistió el cierre del espacio aéreo?, en
este sentido la FAA emitió una
restricción temporal de vuelo sobre El Paso, Texas, y parte del sur de Nuevo
México, invocando “razones especiales de seguridad”, que
suspendió todos los vuelos comerciales y de aviación general hacia y desde El
Paso durante la noche y primeras horas del 11 de febrero.
El aviso inicial hablaba de
una restricción hasta el 20 o 21 de febrero (es decir, unos diez días), lo que
generó alarma y cancelaciones masivas, pero posteriormente las autoridades
aclararon que se trató de un error y reabrieron el espacio aéreo tras
aproximadamente ocho a diez horas, restableciendo la operación normal.
Funcionarios estadounidenses
indicaron que el cierre respondió a una “incursión” de drones pertenecientes a
un cártel mexicano, y que el Departamento de Defensa actuó para neutralizarlos,
incluso utilizando capacidades militares cercanas a El Paso y Santa Teresa.
La vinculación de los drones con cárteles mexicanos
un funcionario del gobierno de EUA señaló a medios como CNN y BBC que los
drones eran de un cártel mexicano y que habían violado el espacio aéreo estadounidense,
lo que detonó la decisión de cerrar el corredor aéreo por motivos de seguridad
nacional.
El Departamento de Defensa
estadounidense informó que tomó “acciones para desactivar” o neutralizar los
drones y, una vez hecha la evaluación de riesgo, concluyó que ya no existía
amenaza para vuelos comerciales, permitiendo reabrir el espacio aéreo.
Medios y analistas han
enmarcado estos aparatos como “narcodrones”, es decir, drones usados por
organizaciones del narcotráfico para vigilancia, traslado de droga o posibles
ataques, reforzando la etiqueta de actores “narcoterroristas” vinculados a
México.
La reacción y posición del gobierno mexicano la
presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno “no tiene ninguna
información” que confirme el uso de drones en la frontera y anunció que México
investigará las razones del cierre del espacio aéreo en Texas.
La posición oficial mexicana
ha sido de cautela y negación de evidencia concluyente hasta el momento,
insistiendo en la defensa de la soberanía y rechazando la idea de operaciones
militares estadounidenses en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir
cárteles.
Esta reacción busca contener
el salto discursivo desde “narcotráfico” hacia “narcoterrorismo”, categoría que
en Estados Unidos se usa para justificar eventualmente acciones más agresivas o
extraterritoriales.
Las implicaciones para México de que sean drones
“mexicanos” en seguridad y narrativa, que Estados Unidos atribuya la incursión
a cárteles mexicanos refuerza la percepción de que el crimen organizado de
origen mexicano constituye una amenaza directa a la seguridad nacional
estadounidense, acercando el discurso a la designación de estas organizaciones
como “narcoterroristas”.
En política bilateral, el
incidente ocurre en un contexto de tensiones por narcotráfico y comercio; puede
alimentar propuestas en el Congreso estadounidense para ampliar sanciones,
condicionar cooperación o incluso habilitar acciones unilaterales más
intrusivas en la frontera y el ciber/espacio aéreo.
En cooperación operativa, se incrementa la presión para que México
fortalezca controles sobre drones en su frontera norte (regulación de venta,
registro, zonas de exclusión, intercambio de información), y para profundizar
mecanismos conjuntos de detección y neutralización de aparatos no tripulados.
El impacto de las acusaciones hacia México ha sido
hasta el momento diplomático, las
acusaciones públicas de que drones de cárteles mexicanos violaron el espacio
aéreo estadounidense complican el discurso de la 4T sobre respeto absoluto a la
soberanía, y obligan a México a responder con investigaciones, gestiones
diplomáticas y quizá nuevas ofertas de cooperación para evitar que el tema
escale a mayor confrontación.
En lo mediático y de opinión
pública, el episodio alimenta una narrativa en medios y en la clase política
estadounidense de “frontera bajo ataque” por tecnología del narco, lo que a su
vez presiona a la Casa Blanca y al Congreso para “ser duros” con México,
incluyendo demandas de más acciones contra cárteles y control fronterizo.
En cuanto al tema jurídico y
de política interna en EUA, en la medida en que estos casos se presenten como
precedentes de “narcoterrorismo” desde México, pueden justificar iniciativas
para catalogar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras,
con efectos en sanciones financieras, operaciones de inteligencia y posible uso
ampliado de fuerza.
Para México en clave de
riesgo, el país queda en una posición vulnerable si no logra documentar bien
los hechos y mostrar acciones internas frente al uso criminal de drones; el
costo no es solo reputacional, sino en forma de presiones en otros frentes
(TMEC, migración, armas) donde Estados Unidos puede usar este tipo de
incidentes como argumento adicional.
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a:
*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX.
