IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La comparecencia de Ricardo Ahued Bardahuil ante el
Congreso de Veracruz dejó un balance que combina oficio político, resultados
administrativos y una tarea aún inconclusa, convertir la atención ciudadana y
las investigaciones en justicia efectiva. Como secretario de Gobierno y
operador político de la gobernadora Rocío Nahle, Ahued se presentó como un
funcionario cercano, dialogante y firme, pero también dejó expuestos los límites
de una gestión que todavía debe demostrar resultados verificables.
Ahued llegó a la comparecencia con una ventaja
importante, es un político experimentado, dos veces alcalde de Xalapa, con
reputación de buen trato, capacidad de diálogo y disposición para atender a
alcaldes, legisladores y ciudadanos.
Su estilo contrasta con la imagen de una Secretaría
de Gobierno usada como instrumento de presión. Ahued rechazó que la dependencia
sea “mafiosa” y sostuvo que los presidentes municipales tienen acceso libre a
su oficina para construir acuerdos dentro del marco de la honestidad.
Ese perfil le permite funcionar como puente entre
el gobierno estatal, los ayuntamientos, el Congreso y la sociedad civil y
consiguió el respaldo para la cancelación de la deuda de 199 municipios. Pero
también lo obliga a demostrar que la cercanía no se convierte en complacencia y
que la diplomacia no sustituye la rendición de cuentas.
El secretario presentó una agenda de atención
social, seguridad y coordinación interinstitucional. Reportó más de 3 mil
audiencias ciudadanas, la gestión de más de 22 mil documentos ante dependencias
federales y estatales, y 150 acciones de búsqueda de personas desaparecidas en
94 municipios.
También destacó la atención a víctimas, más de 98
millones de pesos destinados a 32 mil apoyos económicos para casi 3 mil
víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, además de 25 mil acciones
de asesoría y acompañamiento especializado.
En materia de mujeres, informó que la estrategia
Veracruzana Protegida ha atendido a más de 39 mil mujeres con servicios
jurídicos, psicológicos y de acompañamiento. Estos datos son relevantes porque
muestran una Secretaría de Gobierno que no se limita a la política partidista,
sino que también opera como una instancia de mediación, protección y atención
directa.
Uno de los momentos más delicados fue el
cuestionamiento sobre la muerte del diputado federal Roberto Zenyazen Escobar
García. Ahued defendió sus declaraciones iniciales, en las que descartó un
atentado, explicando que se basaron en las condiciones en que fue encontrado el
vehículo.
Su explicación fue prudente, pero insuficiente para
cerrar las dudas públicas. Reconoció que la investigación seguía en curso y que
la Fiscalía General de la República también atendería la carpeta.
Aquí está el reto de un portavoz en momentos
críticos, debe comunicar con rapidez, pero sin adelantar conclusiones. La
prudencia protege la investigación; la ambigüedad, en cambio, puede alimentar
desconfianza. Ahued tendrá que demostrar que la coordinación entre Segob, FGE y
autoridades federales produce resultados, no sólo declaraciones.
El tema más contundente fue el presunto cártel
inmobiliario. Ahued informó que el gobierno ha atendido a más de 170 personas
que denuncian despojos o irregularidades en sus propiedades, y que se han
realizado auditorías a notarías en coordinación con la Fiscalía General del
Estado y el Poder Judicial.
Confirmó que hay personas detenidas y otras
prófugas por investigaciones relacionadas con despojos, suplantación de
identidad y posibles irregularidades notariales y registrales. También afirmó
que algunas operaciones inmobiliarias irregulares han sido revertidas y que se
han devuelto propiedades a sus legítimos dueños.
La firmeza es necesaria, pero no basta. La prueba
real será cuántos casos terminan en sentencias, cuántas propiedades se
restituyen de manera definitiva y cuántos servidores públicos, notarios o
intermediarios son sancionados. Hasta ahora, la comparecencia mostró avance
operativo, pero no un cierre contundente de la investigación.
Ahued reconoció que la solución de fondo pasa por
modernizar el Registro Público de la Propiedad. Propuso digitalizar más de 48
millones de documentos, con una inversión estimada en 60 millones de pesos,
para reducir la manipulación de libros y fortalecer la certeza jurídica.
Esa medida podría ser una de las más importantes de
su gestión. Un registro digital, con alertas ante modificaciones a propiedades,
reduciría el margen para fraudes, suplantaciones y alteraciones documentales.
Pero la digitalización no es una solución
automática. Debe acompañarse de controles de acceso, auditorías, trazabilidad,
sanciones efectivas y protección de datos. Si no, el problema puede cambiar de
formato sin desaparecer.
La comparecencia dejó al menos cinco tareas
pendientes, precisar cuántas notarías han sido auditadas, cuántas han sido
sancionadas y cuántos casos han derivado en denuncias formales. Informar
cuántas propiedades han sido restituidas y mediante qué procedimientos.
Explicar el avance real de las investigaciones
sobre el caso Zenyazen y evitar declaraciones anticipadas. Demostrar que las
audiencias ciudadanas y las reuniones interinstitucionales terminan en acuerdos
cumplidos, no sólo en atenciones registradas.
Concretar la modernización del Registro Público con
presupuesto, calendario y mecanismos de transparencia.
Ricardo Ahued Bardahuil salió fortalecido de la
comparecencia por su estilo, dialogante, respetuoso, accesible y capaz de
sostener una narrativa institucional de cercanía. Su experiencia como alcalde
de Xalapa y su papel como portavoz en momentos críticos le dan una autoridad
política que pocos funcionarios tienen.
Pero la prueba de su gestión no será la calidad de
sus respuestas ante el Congreso. Será la capacidad de transformar la atención
ciudadana en protección efectiva, las auditorías en sanciones y las promesas de
modernización en un Registro Público confiable.
Si logra eso, será recordado como el operador
político que ayudó a Rocío Nahle a gobernar con cercanía y firmeza. Si no, su
diplomacia podrá ser reconocida, pero no será suficiente para resolver las
demandas más profundas de justicia, seguridad y certeza jurídica que Veracruz
sigue esperando.
