IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
haya retirado a México -junto con Estados Unidos y Bolivia- el estatus de país
libre de sarampión significa que el virus volvió a circular de manera sostenida
durante más de 12 meses. No es una sanción simbólica, es la constatación de que
el país perdió parte de su escudo preventivo y que la enfermedad puede volver a
convertirse en un riesgo grave, especialmente para niños, personas
inmunodeprimidas y comunidades con baja cobertura vacunal.
La decisión se tomó después de que la Comisión
Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión confirmara
que la transmisión endémica se restableció en México, Bolivia y Estados Unidos.
La certificación de eliminación no significaba que
México estuviera libre de cualquier caso importado. Significaba que no existían
cadenas de transmisión sostenida dentro del territorio.
La OPS retiró el reconocimiento porque el mismo
genotipo y linaje del virus circuló de forma continua durante al menos 12
meses. Eso demuestra que el sarampión dejó de ser un brote aislado y volvió a
instalarse como enfermedad endémica.
Entre febrero de 2025 y el 13 de noviembre de 2026,
México acumuló alrededor de 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones
asociadas al sarampión.
El sarampión es una de las enfermedades más
contagiosas que se conocen. Puede propagarse rápidamente en escuelas,
hospitales, transporte público, comunidades cerradas y zonas con baja cobertura
de vacunación.
Los grupos más vulnerables son: Lactantes menores
de 12 meses, que aún no completan su esquema de vacunación; Niños y adultos con
esquemas incompletos; Personas con inmunosupresión, cáncer, trasplantes o
enfermedades crónicas; Comunidades rurales, indígenas o marginadas con menor
acceso a servicios de salud; Trabajadores de salud y personal esencial expuesto
a brotes hospitalarios.
El sarampión no es una enfermedad leve. Puede
causar neumonía, encefalitis, complicaciones neurológicas y muerte,
especialmente en menores de cinco años. De las 50 defunciones reportadas en
México, la mayoría correspondió a niños menores de cinco años.
La pérdida del estatus no ocurre de un día para
otro. Es el resultado acumulado de brechas de cobertura, rezagos en adquisición
de vacunas, debilitamiento de campañas de vacunación y dificultades de acceso a
los servicios de salud.
El análisis publicado en la revista Vaccines, estima que entre 2006 y 2024 México
necesitaba aplicar 91.6 millones de dosis de vacuna triple viral (SRP), pero el
sistema público sólo administró 69 millones. Esa brecha dejó a millones de
personas sin protección suficiente.
El dato es relevante porque el sarampión requiere
coberturas de al menos 95% con dos dosis para interrumpir la transmisión y
proteger a la población. La OPS reiteró que alcanzar y mantener ese nivel es
fundamental para recuperar el estatus de eliminación.
En ese escenario, las consecuencias podrían incluir,
investigaciones administrativas para determinar responsabilidades en la compra,
distribución y aplicación de vacunas; Posibles sanciones a servidores públicos
si se comprueba negligencia, omisión o incumplimiento de deberes.
Demandas civiles por daños y perjuicios de familias
afectadas; Revisión de la trazabilidad de compras, almacenes, distribución
estatal y aplicación en centros de salud; Revisión de protocolos de vigilancia
epidemiológica y respuesta ante brotes; Posible responsabilidad penal si se
demuestra dolo, corrupción o abandono grave de funciones.
No debe confundirse con las 50 muertes asociadas
directamente al sarampión reportadas por la OPS y la Secretaría de Salud.
La pérdida del estatus también tiene consecuencias
económicas. Un brote activo puede obligar a cerrar escuelas, suspender
actividades, reforzar hospitales, destinar recursos a campañas de vacunación y
enfrentar costos médicos extraordinarios.
Para el turismo, los viajes internacionales y la
atracción de inversión, la percepción de riesgo sanitario puede afectar la
confianza. No se trata de una crisis económica inmediata, pero sí de una señal
de que el sistema de salud pública requiere fortalecimiento urgente.
Además, la pérdida de certificación puede generar
costos diplomáticos y comerciales. Países que mantienen altos estándares de
salud pública pueden exigir mayores controles, certificados de vacunación o
medidas adicionales para viajeros provenientes de zonas con brotes activos.
Para recuperar el estatus, México necesita
demostrar que ha interrumpido la transmisión durante al menos 12 meses. Eso
exige una estrategia sostenida, no una campaña de emergencia.
Elevar la cobertura de la vacuna triple viral (SRP)
a al menos 95% de la población con dos dosis; Identificar y vacunar a niños,
adolescentes y adultos con esquemas incompletos; así como fortalecer la
vigilancia epidemiológica y la detección temprana de casos.
Se debe garantizar abasto, almacenamiento y
distribución oportuna de vacunas; Reforzar la comunicación pública para
combatir desinformación antivacunas; y es fundamental proteger a personal de
salud, escuelas y comunidades vulnerables; Auditar la cadena de suministro y
establecer responsabilidades claras por retrasos en adquisición.
La retirada del estatus de libre de sarampión es
una advertencia, la salud pública no se defiende sólo cuando llega la crisis,
sino todos los días en que se garantizan vacunas, vigilancia, acceso y
confianza ciudadana.
Si México quiere recuperar su certificación en
2028, como ha planteado la Secretaría de Salud, deberá demostrar que la
transmisión se interrumpió durante 2027 y que el sistema de vacunación quedó
fortalecido de manera permanente.
La lección es clara, prevenir es más barato, más
humano y más eficaz que reaccionar. El costo de no vacunar a tiempo no se mide
sólo en pesos, sino en vidas, confianza institucional y capacidad del país para
proteger a su población.
