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jueves, 19 de noviembre de 2026

México en el lugar 125, la justicia penal como lastre para la inversión

 IMPRONTA

Carlos Miguel Acosta Bravo


Que México haya pasado del lugar 121 al 125 en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project no es una mala nota estadística, es una señal de alerta económica y política. El país ocupa el sitio 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y su mayor debilidad está en justicia penal, donde se ubica en el puesto 139 de 143; en ese rubro compite con Bangladesh, Nigeria y Pakistán.

La consecuencia central es simple, cuando las empresas no confían en que los contratos se cumplirán, los delitos se investigarán y los derechos se protegerán, el capital se vuelve más caro, más lento y más selectivo. México no pierde inversión sólo por inseguridad; la pierde porque la inseguridad se percibe como un riesgo jurídico, institucional y político difícil de asegurar.

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project evalúa ocho dimensiones, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal. México obtuvo una calificación global de 0.39 sobre 1, por debajo del promedio mundial de 0.55.

El retroceso no fue marginal. México perdió cuatro posiciones respecto de 2025, cuando ocupaba el lugar 121, y su puntuación general cayó 2.7% en un año y 8.4% entre 2021 y 2026.

La justicia penal es el área más grave del diagnóstico mexicano. México obtuvo 0.22 puntos y el lugar 139 de 143; su desempeño en este factor cayó 21.2% entre 2021 y 2026, el mayor deterioro entre los ocho componentes evaluados.

El problema no es sólo la criminalidad. Es la capacidad del Estado para investigar, procesar, sancionar y proteger derechos. El informe recoge debilidades particularmente severas en investigación del delito, imparcialidad del sistema penal, debido proceso y funcionamiento del sistema penitenciario.

Eso explica por qué México aparece cerca de Bangladesh, Nigeria y Pakistán en esta dimensión. No es una comparación cultural ni geográfica, es una comparación de capacidades institucionales. Cuando un país no logra investigar delitos, garantizar debido proceso o contener la impunidad, su sistema de justicia deja de funcionar como garantía y se convierte en un riesgo.

Para una empresa que evalúa invertir en México, la justicia penal no es un tema abstracto. Afecta decisiones concretas sobre dónde instalar una planta, cómo proteger una cadena de suministro, cómo responder ante un secuestro, una extorsión, un robo de carga o un conflicto laboral.

Los elementos que juegan en contra de la confianza y la certidumbre, son la inseguridad y el crimen organizado, pues repercute en mayor costo de seguridad, seguros, escoltas, rutas alternas y protección de activos.

Otra asignatura pendiente, lo es la corrupción, con posibles posibles pagos informales, sobrecostos, discrecionalidad regulatoria y riesgo de sanciones internacionales.

La incertidumbre regulatoria, incluye decisiones que dependen de permisos, concesiones o fiscalización que pueden volverse más lenta e incluso impredecibles. Las disputas comerciales, La debilidad de la justicia civil -lugar 135 de 143- dificulta cobros, contratos y resolución de conflictos.

Las empresas globales deben evaluar riesgos de lavado, las amenazas del crimen organizado, corrupción e incluso violaciones de derechos humanos.

El resultado es que México puede seguir recibiendo inversión en sectores protegidos por tratados, cadenas de valor específicas o ventajas geográficas, pero pierde competitividad frente a países que ofrecen reglas más previsibles, de mayor certeza. La inversión no huye necesariamente del país; se concentra en pocos sectores, pocas regiones y pocos actores capaces de absorber el riesgo.

La debilidad institucional no sólo aleja inversión nueva. También encarece la que ya está en el país. Las empresas destinan más recursos a seguridad privada, seguros, transporte blindado, ciberseguridad, auditorías de cumplimiento y protección de ejecutivos. Esos recursos no generan productividad, innovación ni empleo adicional, son un impuesto invisible sobre la actividad económica.

Además, la impunidad debilita la competencia. Quienes operan mediante extorsión, contrabando, robo de combustible, piratería o corrupción pueden obtener ventajas frente a empresas que cumplen la ley. Eso desincentiva la inversión formal y premia la informalidad.

Que México ocupe el lugar 28 de 32 en América Latina y el Caribe es especialmente preocupante porque la región ya enfrenta desafíos de seguridad, corrupción y debilidad institucional. México no está compitiendo contra un estándar idealizado; está quedando atrás frente a países con problemas similares.

Uruguay, Costa Rica y Barbados encabezan la región, mientras México se ubica en el tercio inferior. Eso importa porque los inversionistas comparan destinos. Si un fabricante puede elegir entre México, Brasil, Colombia, Chile o Centroamérica, la debilidad de la justicia penal mexicana se convierte en un factor de decisión, no en una nota periodística.

El diagnóstico no es que México carezca de leyes. El problema es que las leyes no siempre se aplican de manera uniforme, oportuna y predecible. La legalidad se convierte en la gran asignatura penal cuando el Estado no logra proteger a la ciudadanía, investigar delitos y someter a todos los actores -públicos y privados- a las mismas reglas.

El World Justice Project advierte que, a nivel global, la interferencia indebida del poder ejecutivo se ha convertido en un factor central de deterioro de los sistemas de justicia. En México, esa advertencia cobra especial relevancia porque la confianza en la imparcialidad de fiscales, jueces y policías es indispensable para que el Estado de derecho funcione.

Para revertir la tendencia, México necesita más que discursos contra la impunidad. Necesita reformas institucionales verificables, necesita fortalecer la capacidad investigadora de fiscales, policía y peritos, con recursos, formación y protección frente a presiones políticas.

También es necesario que México garantice autonomía operativa y presupuestaria de las instituciones de justicia. Reducir la impunidad mediante sistemas de información, seguimiento de carpetas y metas públicas de resolución. Se brinde absoluta libertada para proteger el debido proceso y los derechos de víctimas, testigos y personas acusadas. Combatir la corrupción en policías, fiscalías, aduanas y poderes judiciales.

Mejorar la justicia civil y la aplicación de regulaciones, porque ambas afectan directamente la seguridad jurídica de contratos y permisos. El lugar 125 de México no significa que el país sea inhóspito para toda inversión. Significa que el costo de hacer negocios, proteger activos y garantizar derechos se ha vuelto demasiado caro.

Si México quiere atraer inversión de calidad, generar empleo formal y competir en cadenas globales, debe entender que la justicia penal no es un asunto exclusivamente de seguridad pública. Es infraestructura económica, en un país donde el delito se investiga mal, la corrupción prospera y los contratos no se garantizan termina pagando el precio en inversión, empleo y confianza.