BITÁCORA POLÍTICA
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay cifras que, por su tamaño, terminan perdiendo
significado.
Siete mil millones de pesos parecen una cantidad abstracta
hasta que se les pone nombre, apellido y destinatario.
En este caso hablamos de 7 mil 135 millones 223 mil 659 pesos que recibe anualmente la
Universidad Veracruzana: 3 mil 298
millones 673 mil 401 pesos de origen federal y 3 mil 836 millones 550 mil 258
pesos de aportación estatal.
Es decir, el Gobierno de Veracruz pone incluso más dinero
que la Federación.
Con esos recursos se atiende una matrícula de 69 mil 410 estudiantes de educación superior,
con 2 mil 714 profesores de tiempo
completo, de los cuales 816 cuentan con perfil deseable vigente y 536
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
El propio esquema presupuestal establece un subsidio de 99 mil 508.84 pesos por alumno.
Y aquí comienza lo verdaderamente interesante.
Porque una cosa es saber cuánto dinero recibe la Universidad
y otra muy distinta saber con precisión qué
obtiene la sociedad veracruzana a cambio de cada peso invertido.
No se trata de cuestionar la importancia de la educación
superior ni de pedir que se reduzcan los recursos destinados a la Universidad
Veracruzana. Al contrario: una institución pública de la dimensión de la UV
necesita financiamiento suficiente para formar profesionistas, desarrollar
investigación y generar conocimiento.
Pero precisamente porque se trata de dinero público, la
transparencia debe estar a la altura del presupuesto.
El anexo de ejecución 2026 establece que la Universidad
deberá elaborar e implementar un Plan
de Austeridad y Ahorro, además de informar trimestralmente a la
Secretaría de Educación Pública sobre el ejercicio y aplicación de los recursos
y los rendimientos financieros que éstos generen.
También establece la obligación de cumplir con las
disposiciones de transparencia y difusión de la información financiera.
Y existe otro dato que merece especial atención: las instituciones
públicas de educación superior están obligadas a realizar auditorías externas de su matrícula y
enviar sus resultados a la Cámara de Diputados y a la SEP.
Entonces las preguntas son inevitables.
¿Cuánto de esos 7 mil 135 millones se destina a salarios?
¿Cuánto a investigación?
¿Cuánto a infraestructura y mantenimiento?
¿Cuánto a servicios administrativos?
¿Cuánto se gasta en contratos, adquisiciones y servicios?
¿Cuánto representan los gastos de operación de la propia
estructura universitaria?
Y, sobre todo, ¿cómo se puede comprobar que los 99 mil 508.84 pesos de subsidio anual por
estudiante están produciendo los resultados académicos y sociales que
Veracruz necesita?
Porque la rendición de cuentas no debe comenzar cuando
aparece una irregularidad. Debe existir desde el primer peso presupuestado.
La autonomía universitaria es fundamental y debe respetarse.
Pero autonomía académica y administrativa no significa que los recursos
públicos queden fuera del escrutinio ciudadano.
Al contrario: mientras mayor sea el presupuesto, mayor debe
ser la transparencia.
La Universidad Veracruzana pertenece a los veracruzanos. Sus
aulas, sus investigadores, sus estudiantes y sus conocimientos son parte
fundamental del patrimonio público del estado.
Por eso también deben ser públicas, claras y comprensibles
sus cuentas.
Y si este año son más de 7 mil millones de pesos, bien vale la pena que alguien haga la
pregunta que muchas veces incomoda:
¿En qué se están
gastando?
Porque en materia de dinero público, saber cuánto entra es
apenas el principio.
Lo verdaderamente importante es saber a dónde va a parar.
Y como diría Pancho
López, el filósofo ateniense xalapeño:
“¿A poco con 7 mil
millones de pesos todavía hace falta explicar en qué se gastaron? ¡Pues qué
bonito negocio: ¡cuando hay ganancias son de los dueños y cuando hay pérdidas,
también son del gobierno!”
