IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La caída de remesas registrada durante el mes de agosto -que fue de 5,452 millones de dólares, - afecta a la economía mexicana sobre todo por la vía del consumo de los hogares receptores, la actividad regional y el ingreso de divisas. Sin embargo, todavía no constituye una crisis macroeconómica, pues el acumulado de enero a agosto creció 2.2% anual, aunque el poder adquisitivo real de las remesas sí lleva 15 meses deteriorándose.
En agosto, las remesas sumaron 5,452 millones de dólares, 3.6% menos que en el mismo mes de 2025. La baja se explicó principalmente por una reducción de 6.4% en el número de operaciones, que pasó a 13.2 millones de envíos; el envío promedio, en cambio, subió a 412 dólares.
Los factores señalados son el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos -incluidas restricciones y mayores requisitos para enviar dinero por parte de personas sin estatus migratorio o autorización laboral-, la debilidad del empleo mexicano en ese país y las fluctuaciones del peso frente al dólar.
El impacto más inmediato es sobre el gasto familiar. Las remesas son ingresos que en buena medida se destinan a alimentos, vivienda, salud, educación, servicios básicos y deudas; una contracción se traduce en menor demanda interna, especialmente en comunidades con alta dependencia de estos recursos.
El efecto real es mayor que la caída nominal, al considerar el tipo de cambio y descontar la inflación, los hogares receptores recibieron en agosto 14.7% menos recursos que un año antes. Esto significa que, aunque el flujo en dólares apenas retrocedió, su capacidad para comprar bienes y servicios en México cayó de forma mucho más pronunciada.
El golpe no se distribuye de manera uniforme. Estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Veracruz tienen municipios donde las remesas representan una parte relevante del ingreso disponible.
En esos territorios, una baja sostenida puede reducir el comercio local y el consumo en mercados, tiendas y servicios; desacelerar la construcción y remodelación de viviendas; afectar la demanda de transporte, telecomunicaciones, salud y educación; aumentar la vulnerabilidad de hogares que dependen de transferencias desde Estados Unidos; presionar el empleo informal y los pequeños negocios locales.
Para Veracruz, el efecto es más visible en municipios receptores con fuerte vínculo migratorio, donde la remesa funciona como un ingreso complementario que sostiene consumo básico y actividad comercial.
Las remesas son una fuente importante de divisas para México y contribuyen a financiar parte del déficit de cuenta corriente. Una caída persistente podría reducir la oferta de dólares en el mercado cambiario; presionar al peso a depreciarse si el deterioro se prolonga; debilitar el consumo privado, uno de los motores del crecimiento; moderar la recaudación asociada a IVA y consumo; afectar indirectamente la inversión, porque las familias y pequeños negocios tienen menos recursos para gasto productivo.
No obstante, el efecto de un solo mes es acotado. Entre enero y agosto de 2026 entraron 41,802 millones de dólares, 2.2% más que en el mismo periodo de 2025; por tanto, el riesgo macroeconómico depende de que agosto sea el inicio de una tendencia, no un dato aislado.
La apreciación del peso reduce el valor en pesos de cada dólar enviado. Eso explica por qué, aun cuando las remesas en dólares se mantienen relativamente altas, los hogares mexicanos tienen menos poder de compra.
Hay un matiz importante, si el peso se depreciara de manera ordenada, el valor en pesos de las remesas podría recuperarse, como anticipan algunos analistas. Pero una depreciación fuerte tendría su propio costo, al encarecer importaciones, insumos, combustibles y presionar la inflación.
La baja de agosto es una señal de alerta más que un colapso. Su relevancia no está tanto en el 3.6% nominal, sino en la combinación de tres factores: menos envíos, menor empleo e ingreso de migrantes mexicanos en Estados Unidos y una pérdida acumulada de poder adquisitivo en pesos.
Si la política migratoria estadounidense sigue restringiendo la capacidad de trabajar, enviar dinero o mantener vínculos financieros formales, el riesgo es que México enfrente una desaceleración del consumo en las regiones más dependientes de remesas, con efectos sociales y económicos desproporcionados respecto de su peso en el PIB nacional.
