BITÁCORA POLÍTICA
Hay instituciones
donde los problemas parecen acumularse como expedientes en un archivero: nadie
los resuelve, pero todos terminan pagando las consecuencias.
El Instituto de
la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz, el IPAX,
vuelve a estar en el centro de los cuestionamientos. Esta vez, por las
observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, las carencias
denunciadas por sus trabajadores y las cuentas pendientes que habría dejado la
anterior administración.
De acuerdo con
información publicada sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, el
ORFIS formuló seis observaciones y ocho recomendaciones al organismo, además de
señalar un presunto daño patrimonial por 263 mil 978 pesos con 24 centavos.
Entre los señalamientos figura la contratación de arrendamiento de vehículos
especializados que, según la auditoría, contravendría los lineamientos
estatales de austeridad. La observación deberá seguir el procedimiento
correspondiente para determinar las responsabilidades que procedan.
Y aquí comienza
el problema: mientras las cuentas públicas se revisan sobre el papel, los
trabajadores denuncian carencias que afectan sus condiciones laborales.
Personal
administrativo del IPAX hizo llegar a esta redacción una queja contra la
anterior administración, encabezada por Héctor Manuel Riveros Hernández, por la
presunta falta de entrega de uniformes reglamentarios. Aseguran que deben
comprar con sus propios recursos las prendas necesarias para presentarse a
trabajar, pese a que, según sostienen, les corresponde recibir una dotación
institucional.
No es un asunto
menor. Tampoco lo es la falta de seguro de vida para elementos operativos y
administrativos denunciada públicamente durante 2026. En abril, medios de
comunicación reportaron que más de siete mil 600 trabajadores se encontraban
sin esa cobertura, una situación que exige respuestas claras de las autoridades
responsables.
Porque estamos
hablando de personal que realiza labores de seguridad y protección patrimonial.
Si quienes deben cuidar los bienes y la integridad de terceros carecen de
prestaciones fundamentales, alguien tiene que explicar qué ocurrió y qué medidas
se tomaron para corregirlo.
A estos
cuestionamientos se suman señalamientos sobre una comandancia adquirida durante
la gestión anterior que, de acuerdo con las denuncias recibidas, habría sido
clausurada por el Ayuntamiento de Xalapa debido a problemas relacionados con el
uso de suelo. También se afirma que el inmueble continuaría utilizándose como
archivo, situación que merece una aclaración oficial.
Y respecto a la
supuesta nueva residencia del excomisionado, conviene preguntar antes de
afirmar: ¿existe documentación que permita vincular su adquisición o
construcción con recursos del instituto? Si la hay, debe presentarse y ponerse
a disposición de las autoridades fiscalizadoras. Una acusación de esa
naturaleza no puede sostenerse únicamente en rumores.
Ahora corresponde
al nuevo comisionado revisar los expedientes, informar sobre el estado
financiero y administrativo del organismo, aclarar las observaciones pendientes
y garantizar que el personal reciba las prestaciones que legalmente le
correspondan.
También debe
explicar públicamente cuáles son las medidas adoptadas para regularizar los
uniformes, el seguro de vida y las instalaciones cuestionadas.
Porque cambiar al
titular de una dependencia no significa borrar las cuentas del antecesor.
El IPAX necesita
orden administrativo, transparencia y respeto a sus trabajadores. Y si alguien
utilizó indebidamente recursos públicos, que se investigue y se sancione
conforme a derecho.
Como diría
nuestro filósofo xalapeño ateniense, Pancho López, con el sarcasmo que amerita
el caso:
“Para cuidar el
patrimonio ajeno, primero hay que aclarar las cuentas del propio.”
