Xalapa, Ver., 7 de octubre de 2026.— Integrantes de la ampliación del ejido Ángel R. Cabada advirtieron sobre el riesgo de un enfrentamiento entre campesinos y habitantes de la zona, derivado de una disputa agraria por 77 hectáreas que permanece abierta desde hace más de dos décadas.
Durante una conferencia de prensa, Rafael Lindo Chagas, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, y el abogado Lázaro de Jesús Matías Molar solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades de seguridad para garantizar condiciones que permitan desarrollar las diligencias correspondientes y evitar hechos de violencia.
Los representantes de la ampliación sostienen que cuentan con una sentencia favorable emitida en 2002, derivada del juicio agrario 571/1998, mediante la cual se habría ordenado la restitución y entrega material de las 77 hectáreas. Afirman que la resolución no ha sido ejecutada integralmente y que parte de los terrenos posteriormente fueron ocupados y urbanizados.
Señalaron que el 3 de diciembre de 2025 se logró recuperar parcialmente una superficie de aproximadamente 27 hectáreas, aunque posteriormente se habrían registrado nuevas ocupaciones, motivo por el que presentaron denuncias ante la Fiscalía.
El conflicto se reactivó recientemente durante trabajos topográficos destinados a precisar la superficie en disputa. De acuerdo con los denunciantes, habitantes del lugar se opusieron a la medición argumentando contar con constancias de posesión expedidas por autoridades ejidales.
La contraparte ha sostenido públicamente una versión distinta y señala que en la zona existen familias asentadas desde hace años, viviendas, escuelas, templos y servicios públicos, por lo que una eventual ejecución podría afectar a numerosas personas.
Ante ambas posiciones, los representantes de la ampliación insistieron en que corresponde a las autoridades agrarias y judiciales determinar los derechos sobre la superficie, mientras que las corporaciones de seguridad deben contribuir a prevenir una confrontación.
El llamado central fue a cumplir las resoluciones judiciales, realizar las delimitaciones técnicas necesarias y evitar que un conflicto agrario termine en violencia.
