IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La decisión del OPLE de Veracruz de descartar la
implementación de una diputación migrante para el proceso electoral 2026-2027
tiene una explicación jurídica, pero deja una conclusión política incómoda,
miles de veracruzanos que viven y trabajan en Estados Unidos siguen sin una
representación directa en el Congreso local.
El OPLE no puede crear por sí mismo una figura que
no está prevista en la Constitución y la ley electoral de Veracruz. Sin
embargo, negar la posibilidad no resuelve la exclusión; sólo confirma que la
reforma debe venir del Congreso del Estado.
El Organismo Público Local Electoral respondió a
una petición ciudadana que solicitaba acciones afirmativas para incorporar la
representación migrante en el Congreso local, los ayuntamientos y los procesos
de registro de candidaturas. El OPLE sostuvo que no tiene facultades para crear
la figura de diputación migrante, establecer cuotas ni modificar las reglas de
postulación de partidos y coaliciones.
Su argumento central es técnico, la Constitución
local exige que quien aspire a una diputación local haya residido en el
distrito o en la circunscripción del estado al menos tres años antes de la
elección. Además, la legislación veracruzana no regula expresamente la
candidatura migrante.
El OPLE también reconoció la relevancia de
garantizar la participación política de las personas veracruzanas residentes en
el extranjero. Pero sostuvo que una autoridad administrativa no puede crear por
reglamento un derecho de representación que no existe en la ley. En términos
jurídicos, la posición es defendible. En términos democráticos, es
insuficiente.
Veracruz tiene una comunidad migrante numerosa,
activa y con vínculos económicos, familiares y culturales muy fuertes con el
estado, según la estimación de diciembre de 2023 se estimó que hay alrededor de
850,000 veracruzanos en Estados Unidos. Sus integrantes envían remesas, sostienen
comunidades enteras, participan en asociaciones, financian obras sociales y
mantienen una identidad veracruzana aunque vivan fuera del territorio.
Sin embargo, esa contribución no se refleja en una
silla dentro del Congreso local. Los migrantes pueden aportar recursos, trabajo
y conocimiento, pero no cuentan con un representante elegido específicamente
para defender sus intereses ante el poder público. Una diputación migrante no
sería un privilegio. Sería un instrumento de igualdad política.
Los migrantes enfrentan problemas que un legislador
local puede atender, documentación, protección consular, remesas, vivienda,
salud, educación, discriminación, seguridad, retorno voluntario, reinserción
laboral y vínculos con sus comunidades de origen. También pueden aportar
experiencia sobre inversión, empleo, turismo, comercio y desarrollo regional.
Veracruz no está solo en esta discusión. Entidades
como Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas,
Zacatecas y la Ciudad de México ya reconocen constitucional o legalmente la
postulación de candidaturas migrantes.
Eso demuestra que la figura es viable dentro del
sistema federal mexicano. No se trata de una invención ajena a la realidad
nacional, sino de una práctica que otros estados han adoptado para reconocer la
presencia política de sus comunidades en el extranjero.
El contraste es especialmente notable porque
Veracruz ya ha utilizado acciones afirmativas para otros grupos históricamente
excluidos. Desde 2021, la legislación local ha contemplado mecanismos de
representación para personas de la diversidad sexual, afromexicanas y personas
con discapacidad.
Si el Estado reconoce que la representación debe
incluir a grupos que han enfrentado barreras estructurales, ¿por qué no
reconocer también a quienes viven fuera del territorio pero siguen siendo parte
de su comunidad?
El OPLE se apoya en el requisito de residencia
efectiva de tres años. Es un argumento formalmente correcto, pero no debería
convertirse en una barrera permanente.
La residencia no debe interpretarse de manera
mecánica. Una persona puede vivir en Los Ángeles, Chicago, Houston, Carolina
del Norte o Nueva York y conservar un arraigo profundo con Veracruz: familia,
propiedad, historia, comunidad, actividad económica y compromiso político.
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ha sostenido que la condición de migrante no excluye la condición
de ciudadano mexicano. En una sentencia relacionada con Veracruz, la Sala
Superior reconoció que el requisito de residencia efectiva debe interpretarse a
favor del derecho a ser votado y que el arraigo con la comunidad puede
subsistir aunque la persona resida temporalmente fuera del estado.
Esa jurisprudencia es relevante. No obliga al OPLE
a crear una diputación migrante, pero sí muestra que el principio de residencia
no debe utilizarse para excluir automáticamente a quienes tienen un vínculo
real y demostrable con Veracruz.
La respuesta correcta no es criticar al OPLE por no
hacer lo que la ley no le permite. La respuesta correcta es exigir que el
Congreso de Veracruz haga lo que sí está en sus manos. Reformar la Constitución
local y la legislación electoral.
La representación migrante debe ser real, no
simbólica. No basta con crear una curul para cumplir con una exigencia
política. Hay que garantizar que quien la ocupe tenga legitimidad, conocimiento
de las necesidades de la comunidad y capacidad para incidir en las decisiones
públicas.
Si Veracruz no avanza en esta dirección, el costo
no será sólo jurídico. Será político y social. La comunidad migrante puede interpretar
la negativa como una señal de que su participación sólo es deseada cuando
aporta remesas, pero no cuando busca representación. Esa percepción puede
debilitar los vínculos entre el estado y sus diásporas.
También puede fortalecer la idea de que la política
veracruzana sigue diseñada para quienes viven dentro del territorio y para los
grupos con acceso a las estructuras partidistas. En un contexto de alta
migración, eso es una contradicción democrática.
El OPLE cumplió con su función al explicar los límites
de sus facultades. Pero su respuesta debe convertirse en un llamado de atención
para el Congreso de Veracruz, los partidos políticos y el gobierno estatal.
La pregunta no es si el OPLE puede crear una
diputación migrante. La pregunta es por qué Veracruz todavía no la ha creado.
Una comunidad que aporta tanto al estado no puede
seguir siendo invisible en la toma de decisiones. La representación migrante no
es un favor. Es un derecho democrático pendiente.
Veracruz tiene la oportunidad de corregir esa
omisión antes de las siguientes elecciones. Si no lo hace, seguirá hablando de
inclusión, pero dejará fuera del Congreso a una parte importante de su propia
gente.
