Ex trabajadores jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron este día un plantón en las afueras de las oficinas de la empresa en la ciudad capital, con la participación aproximada de 300 asistentes, a fin de solicitar la apertura de una mesa de diálogo con autoridades competentes.
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Los manifestantes expresaron su preocupación ante iniciativas actualmente en análisis en el Congreso de la Unión, relacionadas con la aplicación de criterios previstos en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho precepto constitucional establece que ningún servidor público podrá percibir una remuneración superior a la asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal, así como la obligación de que las percepciones se ajusten a criterios de proporcionalidad y responsabilidad. En este marco, las propuestas legislativas contemplan la posible armonización de estos principios con distintos esquemas de pensiones financiados con recursos públicos.
Los ex trabajadores señalan que una eventual reclasificación de sus pensiones como percepciones sujetas a tope podría impactar de manera directa en sus ingresos, particularmente en aquellos casos derivados de contratos colectivos y condiciones generales de trabajo previamente establecidos. Sostienen que dichas prestaciones constituyen derechos adquiridos, por lo que su modificación podría incidir en la certeza jurídica de las bases trabajadoras.
Desde el ámbito institucional, el análisis de la iniciativa busca conciliar los principios de legalidad, sostenibilidad financiera y equidad en el ejercicio del gasto público, con el respeto a los derechos laborales vigentes. En ese sentido, se ha señalado la importancia de que cualquier modificación observe los principios de no retroactividad y protección de derechos adquiridos, conforme al marco constitucional.
La iniciativa continúa en etapa de discusión, por lo que se prevé la participación de distintos actores sociales, sindicales y jurídicos en el proceso de análisis, a fin de valorar sus posibles implicaciones antes de su eventual aprobación.
