Córdoba, Ver.— El alcalde Manuel Alonso Cerezo mantiene como titular de Comunicación Social a Luis Daniel Rodríguez Salazar, quien percibe un salario superior a los 60 mil pesos mensuales pese a contar únicamente con estudios de bachillerato, de acuerdo con información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia. El caso ha generado cuestionamientos sobre los criterios de designación en un área estratégica para la relación institucional con la ciudadanía y los medios de comunicación.
Según los datos disponibles, Rodríguez Salazar carece de experiencia acreditada en comunicación social, periodismo o administración pública, lo que contrasta con las responsabilidades del cargo. Su trayectoria laboral se limita principalmente a funciones en capacitación y desarrollo organizacional dentro del sector privado, sin antecedentes documentados en manejo de información pública o estrategias de comunicación gubernamental.
Fuentes documentales consultadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que el nombramiento se mantiene vigente sin que exista evidencia pública de evaluaciones técnicas o concursos de selección. Especialistas en comunicación pública señalan que este tipo de áreas requieren perfiles con formación específica, debido a su papel en la difusión de información oficial, manejo de crisis y garantía del derecho a la información.
El desempeño del funcionario también ha sido objeto de controversia. En febrero pasado, durante un evento público municipal, periodistas locales denunciaron que fueron desalojados y presuntamente intimidados por instrucciones del titular de Comunicación Social. Testigos y representantes de medios calificaron el hecho como un acto que vulnera la libertad de expresión, mientras que autoridades municipales no han emitido una postura detallada sobre lo ocurrido.
Organizaciones de periodistas en la región han advertido que cualquier acción que limite el ejercicio informativo debe ser investigada y esclarecida, conforme a lo establecido en el Código de Ética Periodística y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que protegen el derecho de acceso a la información y el trabajo de los comunicadores.
Adicionalmente, fuentes internas del ayuntamiento refieren que Rodríguez Salazar ha intervenido en la definición de contenidos institucionales generados con herramientas de inteligencia artificial, lo que ha abierto un nuevo debate sobre la supervisión, veracidad y responsabilidad en la difusión de mensajes oficiales.
Consultados al respecto, analistas en administración pública subrayan que los gobiernos municipales tienen la obligación de garantizar perfiles idóneos en áreas clave, no sólo por eficiencia administrativa, sino por transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, advierten que decisiones discrecionales en nombramientos pueden afectar la confianza ciudadana.
Hasta el momento, el alcalde Manuel Alonso Cerezo no ha emitido una explicación pública detallada sobre los criterios que sustentan la permanencia del funcionario en el cargo, ni sobre las acciones derivadas de los señalamientos en su contra.
El caso continúa generando atención en el ámbito local, en un contexto donde la exigencia ciudadana apunta a mayor profesionalización del servicio público y respeto pleno a la labor periodística.
