La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite una petición de jueces y magistrados que cuestionan cambios al Poder Judicial; el gobierno deberá responder en un plazo de cuatro meses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado mexicano información sobre una queja presentada por 65 jueces y magistrados federales contra la reforma judicial, al considerar que existen elementos para su análisis inicial. La solicitud establece un plazo de cuatro meses para que el gobierno responda, en un procedimiento que se desarrolla dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
De acuerdo con fuentes jurídicas y documentos del caso, la petición fue promovida por integrantes del Poder Judicial con trayectorias cercanas a tres décadas, quienes argumentan que los cambios aprobados vulneran principios de independencia judicial. La gestión se activó tras agotar —según los promoventes— los recursos internos disponibles en México para impugnar la reforma.
En esta etapa, la CIDH no emite una resolución de fondo, sino que solicita información al Estado para determinar la admisibilidad del caso. Este procedimiento forma parte de las facultades del organismo para analizar posibles violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional suscrito por México en 1981.
Los promoventes sostienen que la reforma podría contravenir el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, al modificar el modelo de carrera judicial y plantear esquemas de elección para ciertos cargos. En su argumentación, advierten riesgos para la autonomía de los juzgadores y la estabilidad institucional del sistema de justicia.
Por su parte, autoridades federales han defendido la reforma como un mecanismo para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial y combatir prácticas de corrupción, aunque hasta el momento no han fijado una postura pública específica sobre este requerimiento de la CIDH.
Especialistas en derecho internacional consultados señalan que, de avanzar el caso y en caso de que se acrediten violaciones, el expediente podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para los Estados parte. No obstante, subrayan que el proceso puede prolongarse varios años y contempla distintas etapas antes de una eventual resolución.
El desarrollo del caso será seguido por organismos académicos y de la sociedad civil, en un contexto de debate sobre el alcance de la reforma judicial y sus implicaciones para el equilibrio de poderes en México.
