Por Miguel Ángel Cristiani G.
Renegociar la deuda pública en Veracruz no es una
noticia nueva; es, más bien, la repetición de una vieja promesa envuelta en un
lenguaje técnico que pretende sonar a solución estructural. La pregunta
obligada es incómoda, pero necesaria: ¿estamos ante una estrategia seria de
saneamiento financiero o frente a otro episodio de administración diferida del
problema?
El anuncio del gobierno estatal, encabezado por la
gobernadora Norma Rocío Nahle García y la Secretaría de Finanzas, plantea una
revisión integral de la deuda con el objetivo de mejorar condiciones, reducir
intereses y liberar recursos. En el papel, suena impecable. En la práctica, la
historia de Veracruz obliga a desconfiar.
No es la primera vez que se habla de
“reestructurar” la deuda. Desde hace al menos tres sexenios, este concepto ha
sido utilizado como sinónimo de solución, cuando en realidad muchas veces ha
significado trasladar el problema hacia adelante, alargando plazos y, en no
pocos casos, incrementando el costo total de la deuda. Es decir, pagar menos
hoy para pagar más mañana. Una decisión políticamente cómoda, pero
financieramente cuestionable.
La deuda pública de Veracruz no es un accidente
reciente. Es el resultado de años de manejo discrecional, opacidad y, en
algunos casos documentados, corrupción abierta. Basta recordar los pasivos
heredados de administraciones anteriores, donde el endeudamiento no se tradujo
en infraestructura ni en bienestar social, sino en una carga que sigue pesando
sobre generaciones que no participaron en esas decisiones.
Hoy, el gobierno plantea actuar bajo la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo cual es
correcto en términos normativos. Sin embargo, cumplir la ley es lo mínimo
exigible, no un mérito. La verdadera prueba está en la transparencia real del
proceso: ¿se harán públicos los nuevos términos de la deuda?, ¿se conocerán las
tasas negociadas?, ¿habrá claridad sobre los costos totales a largo plazo?
Porque aquí está el punto central: renegociar deuda
no es sinónimo de reducir deuda. Es, en el mejor de los casos, una herramienta
de administración financiera que puede aliviar presiones de corto plazo, pero
que también puede convertirse en una trampa si no se maneja con rigor técnico y
honestidad política.
El argumento de liberar recursos para salud,
educación e infraestructura es legítimo. Nadie podría oponerse a ello. Pero la
experiencia indica que esos recursos “liberados” rara vez llegan íntegros a
donde se prometen. La tentación del gasto corriente, del compromiso político
inmediato o de la obra de relumbrón suele imponerse sobre la planeación de
largo plazo.
Por otro lado, el sector empresarial observa con
expectativa, mientras la oposición exige transparencia. Ambos tienen razón,
pero se quedan cortos. Aquí no basta con observar ni con exigir: se necesita
vigilancia permanente y rendición de cuentas efectiva. La deuda pública no es
un asunto técnico reservado a especialistas; es un tema profundamente político
porque compromete el futuro de millones de veracruzanos.
Y en ese sentido, la narrativa oficial enfrenta un
dilema: si la renegociación es exitosa, deberá demostrarse con cifras
verificables y beneficios tangibles; si no lo es, quedará como un episodio más
de simulación financiera.
Veracruz no necesita discursos sobre disciplina
fiscal; necesita resultados medibles, decisiones responsables y, sobre todo,
memoria. Porque olvidar cómo se llegó a esta situación es el primer paso para
repetirla.
Renegociar sin
transparencia no es solución: es simplemente refinanciar la opacidad con cargo
al futuro.
