Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿Cuántos niños intoxicados se necesitan para que
una autoridad deje de tomarse selfis y empiece a gobernar?
La pregunta no es retórica. Es brutalmente concreta
en San Andrés Tlalnelhuayocan, donde la comunidad de Otilpan y otras
localidades llevan más de una década respirando, bebiendo y viviendo entre
agroquímicos. Y mientras la evidencia se acumula en los cuerpos —no en los
informes oficiales—, la autoridad municipal parece más ocupada en la narrativa
digital que en la realidad sanitaria.
Los hechos están documentados. En 2024, alumnos y
maestros de la primaria Adolfo López Mateos fueron intoxicados por fumigaciones
en cultivos de papa. ¿La respuesta institucional? No frenar el uso de
plaguicidas, no investigar a fondo, no establecer protocolos de protección.
Cerraron la escuela. Es decir, se clausuró el derecho a la educación para no
incomodar al negocio agrícola. Una decisión que no sólo es torpe: es
profundamente irresponsable.
Aquí no hay espacio para matices: estamos frente a
un problema de salud pública y de violación sistemática de derechos humanos. La
propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo advirtió desde 2018 en la
Recomendación 82/2018: el uso indiscriminado de plaguicidas altamente
peligrosos vulnera derechos básicos como la salud, el agua y un medio ambiente
sano. Han pasado años. ¿Qué cambió? Prácticamente nada.
La comunidad lo dice sin tecnicismos: ojos
irritados, piel dañada, problemas respiratorios, trastornos hormonales,
tumores. Testimonios que se repiten casa por casa. Pero en las clínicas no hay
registros. No hay expedientes que vinculen enfermedad con exposición química.
No hay seguimiento epidemiológico. No hay Estado.
Y cuando el Estado se ausenta, la realidad se
convierte en territorio de la simulación.
San Andrés Tlalnelhuayocan tiene cerca de 20 mil
habitantes, con 69 por ciento en pobreza y apenas tres módulos de atención
médica para toda la población. Siete médicos para una crisis sanitaria
silenciosa. Siete. Mientras tanto, la actividad papera genera ingresos cercanos
a los 9 millones de pesos anuales. El dilema es claro: economía sin regulación
o salud sin protección.
Pero ese dilema es falso. No se trata de cancelar
la producción agrícola, sino de regularla con rigor. Lo que hoy ocurre es lo
contrario: una actividad rentable operando sin controles efectivos, sin
supervisión ambiental y sin responsabilidad social.
El problema no es nuevo. Desde hace al menos 14
años, la expansión del cultivo de papa —impulsada en buena medida por
arrendamientos a productores externos— ha transformado el territorio. Lo que
antes era policultivo ahora es monocultivo intensivo con uso sistemático de
agroquímicos. Y con ello, llegó la enfermedad.
Organizaciones como LAVIDA han documentado lo que
el gobierno no ha querido ver. Investigaciones independientes advierten que
varias escuelas están rodeadas de cultivos donde se aplican plaguicidas
altamente tóxicos. No hay barreras, no hay regulación visible, no hay
prevención. Hay niños respirando químicos.
Y el impacto no se queda en la comunidad. La
contaminación alcanza la cuenca alta del río La Antigua, fuente de casi el 38
por ciento del agua que consume Xalapa. Estudios han detectado residuos de
plaguicidas como el clorpirifos en cuerpos de agua y fauna. Es decir, el
problema ya no es local: es regional.
Aquí es donde la omisión deja de ser incompetencia
y se convierte en negligencia estructural. Porque no sólo falla el municipio. También
están ausentes instancias federales y estatales que, por ley, deben regular,
supervisar y sancionar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Agricultura… todas
señaladas, todas omisas.
Y mientras las dependencias se pasan la
responsabilidad como si fuera expediente incómodo, la gente paga el costo con
su salud y su bolsillo, recurriendo a médicos privados porque el sistema
público simplemente no da respuesta.
La política, en estos casos, no se mide en
discursos ni en publicaciones de redes sociales. Se mide en decisiones
incómodas: regular, inspeccionar, sancionar. Se mide en proteger a la
población, aunque eso implique enfrentar intereses económicos.
Porque gobernar no es administrar la imagen: es
asumir el costo de hacer lo correcto.
Y hoy, en Tlalnelhuayocan, lo correcto sigue sin
aparecer.
Porque cuando una autoridad permite que el veneno
avance y opta por el silencio, deja de ser omisa para convertirse en cómplice.
