Por Miguel Angel Cristiani G
En las últimas semanas se ha documentado la
presencia de aeronaves militares de Estados Unidos realizando sobrevuelos sobre
territorio mexicano, particularmente en el estado de Veracruz, sin que hasta
ahora exista una explicación pública detallada y plenamente transparente por
parte de las autoridades federales sobre el alcance, los objetivos y los
términos de dichas operaciones. La información, detectada inicialmente por la
plataforma de monitoreo aéreo Flightradar24, ha reavivado el debate
sobre soberanía, cooperación en materia de seguridad y rendición de cuentas.
De acuerdo con los registros disponibles, uno de
los aparatos identificados es un Boeing P-8A Poseidon, aeronave
perteneciente a la Marina de Estados Unidos, que ha realizado vuelos sobre
zonas estratégicas del sur y norte de Veracruz, incluyendo áreas cercanas a
Coatzacoalcos y Martínez de la Torre. Los sobrevuelos se habrían producido en
un contexto de tensión diplomática entre los gobiernos del entonces presidente
estadounidense Donald Trump y la administración mexicana encabezada por Claudia
Sheinbaum, marcada por negociaciones sensibles en materia de seguridad y
migración.
La información fue confirmada también por el
periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”,
donde advierte que estas operaciones aéreas no son hechos aislados, sino parte
de una estrategia de vigilancia más amplia impulsada desde Washington. Según
ese análisis, los vuelos responderían a presiones directas del gobierno
estadounidense para ampliar el intercambio de inteligencia en territorio
mexicano.
El Boeing P-8A Poseidon no es una aeronave
convencional. Se trata del sustituto del histórico P-3C Orion y constituye una
de las plataformas más avanzadas de vigilancia marítima y guerra antisubmarina
del mundo. Está equipado con radares de apertura sintética, sensores
infrarrojos y sistemas electro-ópticos capaces de recolectar información de
amplias zonas geográficas. Aunque su misión declarada suele ser de
reconocimiento, el aparato puede ser artillado con torpedos y misiles de
crucero, y opera con una tripulación especializada de nueve elementos. Estas
capacidades técnicas lo convierten, en los hechos, en una herramienta de
inteligencia de alto nivel.
Las autoridades mexicanas han sostenido
públicamente que la relación con Estados Unidos en esta materia se limita al
intercambio de información y a la cooperación institucional bajo solicitud
expresa del gobierno mexicano. En este sentido, el titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció
recientemente que un dron estadounidense sobrevoló la zona de Tejupilco, en el
Estado de México, a petición de México, en el marco de labores específicas de
seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado si los vuelos del
Poseidon sobre Veracruz responden al mismo esquema ni bajo qué acuerdos
formales se autorizaron.
De acuerdo con fuentes citadas por Riva Palacio,
agencias estadounidenses como el Federal Bureau of Investigation
estarían “mapeando” posibles objetivos en territorio nacional con miras a
futuras operaciones conjuntas. Esta versión no ha sido confirmada ni desmentida
oficialmente, lo que ha incrementado la incertidumbre y las especulaciones en
torno al verdadero propósito de los sobrevuelos.
Los reportes indican que Veracruz no es la única
entidad involucrada. Se han documentado vuelos similares en la península de
Baja California, en Yucatán y en zonas fronterizas como Tijuana, lo que sugiere
una cobertura territorial amplia. Analistas en materia de seguridad consultados
señalan que estas regiones coinciden con corredores estratégicos para el
tráfico ilícito y con áreas de interés geopolítico para Estados Unidos.
Desde una perspectiva legal y ética, especialistas
subrayan que cualquier operación extranjera en espacio aéreo mexicano debe
sujetarse a la legislación nacional, a los principios de soberanía y a
mecanismos claros de rendición de cuentas. La falta de información oficial
detallada no solo abre la puerta a la desinformación, sino que debilita la confianza
ciudadana en las instituciones responsables de la seguridad nacional.
Por ahora, el gobierno federal no ha emitido un
informe técnico ni político que explique con precisión quién autorizó los
vuelos, bajo qué acuerdos bilaterales se realizan, qué información se recolecta
y cómo se protege la soberanía del país. Mientras tanto, la expectativa es que
la frecuencia de estas operaciones aumente en las próximas semanas como parte
de una estrategia de seguridad binacional en evolución.
Cuando los cielos se vigilan en silencio y sin
explicaciones claras, la pregunta no es quién vuela, sino quién rinde cuentas.
