· Tratar de revictimizar a quien se atreve a romper el silencio
· Cuando
el escarnio recae sobre quien denuncia y no sobre el presunto violador
· La
justicia no puede ser un instrumento de coyuntura, ni la violencia de género
Por Miguel Ángel
Cristiani G.
En un país donde la violencia de género se ha normalizado al grado de
volverse paisaje, cada vez que una mujer se atreve a denunciar una agresión
sexual enfrenta no sólo al sistema jurídico, sino a un tribunal mucho más
cruel: el del linchamiento público. Tal es el caso de Vania López, la joven que
denunció al ex regidor noveno del Ayuntamiento de Córdoba, Eduardo “N”, hoy
vinculado a proceso por el delito de violación agravada, según
la causa penal 680/2024.
Y sin embargo, no es el acusado quien está siendo linchado en redes sociales
y en algunos pasillos del poder. Es ella, la denunciante. La víctima.
Desde el pasado 18 de octubre, cuando la Fiscalía General del Estado informó
sobre la detención de Eduardo “N”, se activaron las cloacas del descrédito:
campañas sucias, rumores maliciosos, insinuaciones miserables que buscan pintar
la denuncia como un montaje, una venganza, una invención. La vieja estrategia
de siempre: revictimizar a quien se atreve a romper el silencio.
¿Qué clase de sociedad hemos construido, cuando el escarnio recae sobre
quien denuncia y no sobre el presunto violador?
No se trata de prejuzgar ni de condenar sin sentencia —porque el debido
proceso es un pilar de la democracia—, pero tampoco se puede ser neutral frente
a una realidad que arrastra siglos de impunidad y silencios forzados. Vania
López, al presentar su denuncia, asumió no sólo el peso judicial, sino la
lapidación mediática. Eso habla más de nosotros que de ella.
La conducta delictiva atribuida al ex regidor no es menor: violación
agravada. Y el contexto agrava todavía más: era un funcionario
público. Un representante popular. Un servidor del pueblo que, si se confirma
su culpabilidad, habría traicionado su encargo con el acto más brutal de poder
sobre otra persona: la violencia sexual.
Frente a esto, ¿dónde está la solidaridad institucional del
Ayuntamiento que encabeza Juan Martínez? ¿Dónde el pronunciamiento
firme a favor de la verdad y la justicia? El silencio cómplice, el mutis de
quienes deberían alzar la voz en defensa de los derechos humanos, resulta igual
de preocupante que la agresión misma.
Pero hay algo aún más inquietante: el uso político de la violencia. Lo que
debería ser una investigación seria, autónoma y estrictamente judicial, ha sido
secuestrada por intereses que buscan sacar provecho de la desgracia ajena.
Sectores del poder —algunos incluso al interior del propio Cabildo— aprovechan
la situación para ajustar cuentas, vengarse, desacreditar. No por
empatía hacia Vania, sino por cálculo.
Y es aquí donde como periodistas, ciudadanos y demócratas, debemos
marcar una línea clara: la justicia no puede ser un instrumento de
coyuntura, ni la violencia de género un campo de batalla electoral.
Hay una historia larga detrás de todo esto. La impunidad histórica de
agresores sexuales, la desconfianza en las instituciones, la falta de
perspectiva de género en ministerios públicos y tribunales. Pero también hay un
presente que exige responsabilidad: cada vez que una mujer denuncia una
agresión, y el sistema le responde con descrédito, estamos abonando a la
continuidad del abuso.
Se necesita valor para denunciar una violación. Se necesita aún más cuando
quien la comete tiene poder, cargos públicos y aliados. Vania López tuvo ese
valor.
No sabemos aún si el ex regidor es culpable o inocente. Eso lo determinarán
los tribunales. Lo que sí sabemos —y debemos afirmar sin ambigüedades— es que ella
no es culpable de denunciar. Que tiene derecho a la justicia, a la
verdad, a la protección institucional, y sobre todo: al respeto público.
Porque si permitimos que quienes alzan la voz sean aplastados por el lodo de
la difamación, no sólo estamos fallando como sociedad: estamos
alimentando el ciclo de la violencia.
Hoy es Vania. Mañana puede ser tu hija, tu hermana, tu colega. No es
una causa personal, es una causa pública. Callar frente al
linchamiento moral de una víctima no es neutralidad: es complicidad. Y en un
estado de derecho, la única complicidad aceptable es con la verdad y con la
justicia.
“Lo contrario a la justicia no es sólo la injusticia: es la
indiferencia.”
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