Su mayor responsabilidad es garantizar el libre ejercicio de la
libertad de expresión: Eduardo Sánchez
Xalapa, Ver.- El diputado Eduardo Macías Sánchez considera que deben ser requisitos
esenciales en candidatos a ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP),
el poseer probada y amplia trayectoria académica, experiencia y conocimiento
en el oficio periodístico, así como tener sensibilidad ante las necesidades
de quienes son comunicadores y ejercen esta actividad, en la entidad.
Actualmente Geiser Manuel Caso Molinari, está al frente de este organismo
como Secretario Ejecutivo interino, luego de que Namiko Matzumoto fuera
elegida por el Congreso local como Presidenta de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH)
En razón de ello secretario de la Comisión Permanente de Atención y
Protección de Periodistas de la LXIII Legislatura local, comentó que en
próximos días se reunirá con el presidente y vocal de esta instancia
legislativa, diputados Francisco Garduza Mazariegos y Juan Eduardo Robles
Castellanos, para dialogar respecto a la situación de este organismo, cuya
función, entre otras cosas, es velar por la integridad física de los
comunicadores y garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Sánchez Macías recordó que de acuerdo a la Ley de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas en su Artículo 9, los
Comisionados y el Secretario Ejecutivo serán nombrados por el Congreso del
Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a
propuesta del Gobernador del Estado y durarán en su encargo cuatro años con
posibilidad de reelección por una sola ocasión.
Los Comisionados, señaló, serán elegidos, de entre sus pares, a quien se
desempeñará como Presidente de la Comisión y éste durará en su cargo dos
años, con posibilidad de una sola reelección.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
reiteró el representante del Distrito VIII de Martínez de la Torre, es un
ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de atender y
proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las
condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con
pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.
