- Recibe la LXIII Legislatura del Estado la Iniciativa del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que complementa la reforma a la Constitución Política del Estado en la materia
Xalapa, Ver.- Garantizar la gobernabilidad, establecer la equidad de género en las candidaturas a puestos de elección popular, reducir los tiempos de campaña, crear el Instituto Electoral Veracruzano, regular las candidaturas independientes, simplificar la operación del Tribunal Electoral del Estado y evitar la sobrerrepresentación, son aspectos centrales de la Iniciativa con Proyecto de Código Electoral enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa a la LXIII Legislatura del Estado.
Durante la Novena Sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del segundo año de labores, se dio entrada a la propuesta, que consta de 425 artículos y 15 transitorios, enviada a las comisiones permanentes unidas de Organización Política y Procesos Electorales y de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y análisis.
El documento contiene un código de vanguardia, resultado de los cambios impulsados por el Gobierno Federal en materia político-electoral, a los que la legislación local se vincula con los cambios a la Constitución Política del Estado aprobados el pasado 9 de enero, y a los que este nuevo Código Electoral responde, con base en las diferencias y circunstancias especiales que caracterizan a Veracruz.
Ejemplo de ello es la próxima elección de Gobernador, en 2016, cuyo periodo –por única vez– será de dos años.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo estatal señala que entre los avances en materia electoral está el reconocimiento de los ciudadanos para presentar candidaturas independientes, y se brindan elementos encaminados a garantizar equidad en las contiendas electorales.
También establece la corresponsabilidad del nuevo Instituto Electoral Veracruzano –que conserva sus órganos permanentes, temporales y desconcentrados– y el Instituto Nacional Electoral (INE), para brindar transparencia, a través de la fiscalización, a los recursos asignados a los partidos políticos, que deban alcanzar un mínimo de 3 por ciento de la votación para conservar su registro.
Garantiza la equidad de género, al otorgar 50 por ciento de las candidaturas a mujeres y el resto a su contraparte masculina, y reduce los tiempos de campañas electorales a 30 días en el caso de los presidentes municipales y diputados locales, y a 60 días para la elección de Gobernador.
Simplifica las normas de operación del Tribunal Electoral del Estado, que deja de pertenecer al Poder Judicial y alcanza la autonomía, necesaria también para el manejo de su propio patrimonio, y se regulan los recursos en materia electoral, tales como la apelación, juicios de derechos político-electorales y su revisión, e impide la sobrerrepresentación.
