IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La aprehensión de Iván
Cazarín Molina, “El Tanque”, objetivo prioritario ligado al CJNG, abrió un
flanco en Veracruz, por su eventual vinculo con José Luis Peña Peña, esposo de
la gobernadora Rocío Nahle.
La especie parece
ubicarse como parte de la añeja conseja que reza calumnia que algo queda, pero
no puede minimizarse, toda vez que datos oficiales refieren que mantenía
operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
El pretendido nexo surge
a la luz pública en una colaboración de Jorge Fernández Menéndez, a la que se
suman afirmaciones del periodista Luis Chaparro.
La relación se habría
establecido en torno al comercio de balastro para el Tren Maya, cuyos
expedientes independientemente de este caso, están reservados y en todo caso
son objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.
Sin embargo, lo evidente
es que al momento ni el gabinete de seguridad ni la Fiscalía General de la
República, hasta donde se sabe realizan una investigación sobre el particular.
De ahí que el tema no
pase, por el momento de un señalamiento periodístico, sin denuncia formal de
por medio.
Un tema ante el que Rocío
Nahle dio un paso al frente para negar el vínculo y ubicar los señalamientos
periodísticos como una calumnia, al tiempo que abrió la posibilidad de proceder
legalmente.
Sin embargo, la verdad
jurídica, en torno al proceso e investigaciones sobre la actividad delictiva
del Tanque, está en manos de la FGR y el Gabinete de seguridad, por lo que el
plano mediático permanece en un nivel secundario.
Un caso, en el que la
operación de contención de crisis, si es que la hubo se ubica en el plano
jurídico y no en el periodístico, al amparo del estado de Derecho en el que se
requieren pruebas, denuncias y la observancia del debido proceso.
