Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿Cuánto vale el servicio público: el compromiso con
la ciudadanía o la habilidad para retirarse con privilegios? La pregunta no es
retórica, es incómoda. Y hoy, en Veracruz, cobra una vigencia que desnuda una
vieja práctica: la de convertir el cargo en botín y la jubilación en premio.
La reciente aprobación por el Congreso del Estado
de la minuta que reforma el artículo 127 de la Constitución no es menor.
Establece, con claridad jurídica, que ninguna pensión podrá superar la mitad
del salario del titular del Ejecutivo federal. En términos llanos: se acabaron
—al menos en el papel— las pensiones doradas que durante años ofendieron a una
sociedad que trabaja más y gana menos.
El dato es contundente: 40 votos a favor, cero en
contra, cero abstenciones. Una unanimidad que, lejos de celebrarse sin matices,
obliga a preguntarse por qué una medida de sentido común tuvo que esperar tanto
tiempo para concretarse. Porque no se trata de un descubrimiento legislativo,
sino de una corrección tardía a una distorsión institucionalizada.
El problema, como siempre, no está en la letra,
sino en la voluntad.
El artículo 127 ya establecía que ningún servidor
público puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, en los
hechos, la creatividad burocrática encontró rutas alternas: compensaciones,
bonos, estímulos, percepciones “extraordinarias”. El salario se disfrazó, se
fragmentó, se maquilló. Y así, la ley fue burlada sin violarla frontalmente.
Hoy se pretende cerrar ese boquete con el límite a
las pensiones. Bien. Pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿quién va a
vigilar que esto se cumpla?
Porque si algo ha quedado claro en la historia
reciente de Veracruz es que la impunidad administrativa no se combate con
decretos, sino con instituciones que funcionen. Y ahí es donde entran, o
deberían entrar, la Contraloría General del Estado y el ORFIS. No como figuras
decorativas, sino como órganos de fiscalización reales, incómodos y eficaces.
El caso de la Universidad Veracruzana no es
anecdótico. Es paradigmático.
De acuerdo con información difundida por el
periodista Omar Zúñiga, el rector Martín Aguilar Sánchez percibía, hasta
septiembre de 2025, un salario mensual de 179 mil 776 pesos. Una cifra que, más
allá de su legalidad formal, abre un debate legítimo sobre la congruencia en el
ejercicio del poder público universitario.
Porque aquí no se trata de linchar mediáticamente a
una persona, sino de analizar un modelo. El de una burocracia que, en muchos
casos, ha entendido el servicio público como una carrera patrimonial, donde el
retiro no es el cierre de una etapa, sino la consolidación de un beneficio
económico desproporcionado.
Y es ahí donde la reforma cobra sentido… o lo
pierde.
Si el nuevo marco constitucional obliga a ajustar
pensiones incluso ya otorgadas, como lo señala la propia minuta, entonces
estamos ante una oportunidad histórica para corregir excesos. Pero también ante
un riesgo: que la norma se aplique selectivamente, con rigor para unos y
complacencia para otros.
No sería la primera vez.
La excepción de las Fuerzas Armadas, de los
sistemas de ahorro individual y de las aportaciones sindicales tiene sustento
legal y técnico. Pero el resto del aparato público —organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas estatales— deberá entrar en un proceso
de revisión que, si se hace en serio, podría destapar una caja de Pandora.
Porque las pensiones no son un asunto aislado. Son
el reflejo de cómo se ha administrado el dinero público durante décadas.
Y aquí conviene recordar algo elemental: el
presupuesto no es propiedad del funcionario en turno, es un mandato ciudadano.
Cada peso que se destina a una pensión excesiva es un peso que no llega a
salud, educación o infraestructura.
Por eso, la discusión no es jurídica, es ética.
No basta con aplaudir la reforma. Hay que exigir su
aplicación. No basta con señalar casos mediáticos. Hay que construir un sistema
de rendición de cuentas que no dependa de la voluntad política del momento.
Veracruz tiene hoy la posibilidad de enviar un
mensaje claro: que el servicio público no es una vía para el enriquecimiento
diferido, sino una responsabilidad temporal con límites definidos.
Pero si la Contraloría y el ORFIS vuelven a mirar
hacia otro lado, si las universidades públicas se refugian en su autonomía para
evitar la transparencia, si los funcionarios siguen diseñando su retiro como si
fuera un negocio personal, entonces la reforma será lo que muchas otras han
sido: un documento bien redactado y perfectamente inútil.
Porque en este país, el problema nunca ha sido la
falta de leyes, sino el exceso de simulación.
Y esa, hay que decirlo sin rodeos, también se
jubila… pero con pensión completa.
