Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay palabras que, cuando se usan en política,
terminan convertidas en ironía. “Regeneración” es una de ellas. Nació como
promesa de limpieza moral, de ruptura con los vicios del pasado, de una nueva
forma de hacer política. Hoy, a la luz de los datos, el término parece más bien
un ejercicio retórico que una práctica verificable.
La investigación publicada por El Universal,
sustentada en información del Instituto Nacional Electoral (INE), exhibe una
contradicción que no admite matices: entre 2018 y 2026, Morena presupuestó más
de 600 millones de pesos para su periódico Regeneración, pero apenas ha
transparentado cinco contratos que suman poco más de 22 millones. El resto —más
de 570 millones— se diluye en la opacidad.
No se trata de un asunto menor ni de un tecnicismo
contable. Estamos hablando de recursos públicos, porque el financiamiento de
los partidos políticos en México proviene del erario. Es decir, del bolsillo de
los ciudadanos. Y cuando esos recursos no se explican con claridad, no hay
narrativa ideológica que los justifique.
El problema no es solo la cifra, sino el patrón.
Los dictámenes de fiscalización del INE han documentado irregularidades reiteradas:
subvaluación de costos, omisión en la entrega de información, avisos tardíos
para verificación de tirajes y, quizá lo más delicado, la reclasificación
indebida de gastos editoriales como “Actividades Específicas”, cuando en
realidad tenían contenido claramente electoral.
En 2021, por ejemplo, la autoridad detectó una
subvaluación de más de 9.3 millones de pesos en la impresión del periódico. El
precio reportado por ejemplar estaba por debajo del valor de mercado. ¿Error
administrativo o estrategia deliberada? La pregunta sigue sin respuesta
convincente.
A ello se suma la negativa —o incapacidad— del
partido para detallar la distribución del periódico: cuántos ejemplares se
imprimen, a dónde se envían, en qué fechas se entregan. Información básica para
cualquier ejercicio de rendición de cuentas. La respuesta oficial fue acusar al
INE de “cacería de gastos”. Una reacción que, más que aclarar, confirma la
resistencia a la transparencia.
Pero hay un elemento aún más preocupante: el uso
del periódico como herramienta de promoción política en contextos electorales.
Entre 2020 y 2023, el INE determinó en varias ocasiones que los contenidos de Regeneración
beneficiaban directamente a candidaturas y procesos como la revocación de
mandato. En consecuencia, ordenó reclasificar esos gastos como de campaña.
Morena no acató plenamente estas disposiciones.
Aquí es donde el discurso se rompe. Porque Morena
llegó al poder con la bandera de combatir la corrupción y erradicar las
prácticas opacas de los partidos tradicionales. Sin embargo, los hechos
muestran que, al menos en este caso, ha replicado —y en algunos aspectos
profundizado— las mismas conductas que criticaba.
No se trata de equiparar ni de absolver a nadie. Se
trata de exigir congruencia. La ética pública no es selectiva ni depende del
color partidista. Si se condena la opacidad en otros, se debe evitar en casa
propia. De lo contrario, la autoridad moral se convierte en simulación.
El origen de Regeneración tampoco es
irrelevante. Fundado en 2010 por Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero presidencial,
el periódico ha sido una pieza clave en la construcción del discurso político
del movimiento. Su función ha sido clara: comunicar, persuadir, posicionar.
Nada ilegal en ello, siempre y cuando se haga con recursos transparentes y
dentro del marco normativo.
El problema es cuando esa herramienta de
comunicación se financia con recursos cuya trazabilidad es incompleta. Cuando
no se puede explicar con precisión cómo se gastan cientos de millones de pesos.
Cuando la rendición de cuentas se sustituye por argumentos políticos.
En términos legales, el Reglamento de Fiscalización
del INE es claro: los partidos deben reportar de manera detallada el origen y
destino de sus recursos, así como permitir la verificación de sus actividades.
No es una concesión, es una obligación. Y su incumplimiento no es una falta
menor: es una violación al principio de transparencia que sostiene la
democracia.
Más allá de las posibles sanciones administrativas,
el daño es político. Porque erosiona la confianza ciudadana en las
instituciones y en los propios partidos. Y sin confianza, la democracia se
debilita.
El caso de Regeneración debería ser una
oportunidad para corregir, no para justificar. Para abrir la información, no
para cerrarla. Para demostrar que la promesa de cambio no fue solo un recurso
discursivo.
Porque al final, la verdadera regeneración no se
imprime en papel: se construye con hechos verificables, cuentas claras y
respeto al dinero público.
Y cuando un proyecto político que prometió limpiar
la casa termina escondiendo las facturas, lo que se regenera no es la vida
pública, sino las viejas mañas con nuevo membrete.
