Por Miguel Ángel Cristiani G
¿De qué sirve una norma si nadie la respeta y, peor
aún, si la autoridad encargada de hacerla cumplir prefiere mirar hacia otro
lado? En la avenida Lázaro Cárdenas, la arteria más transitada y vitales de la
capital veracruzana, la respuesta se repite todos los días con el estruendo de
motores pesados: absolutamente de nada.
El paso de camiones de carga en horarios prohibidos
no es un asunto menor ni reciente. Es un problema crónico, documentado y
denunciado por vecinos, automovilistas y peatones que, con razón, exigen orden
en una vía que ya de por sí soporta una carga vehicular desbordada. Sin
embargo, la realidad se impone: los tráileres y unidades de gran tonelaje
siguen circulando impunemente, desafiando reglamentos y exhibiendo la
fragilidad del Estado de derecho en lo más cotidiano.
La normativa municipal es clara. Existen horarios
específicos para la circulación de transporte pesado en zonas urbanas, diseñados
para reducir congestionamientos, prevenir accidentes y proteger la
infraestructura vial. No se trata de una ocurrencia administrativa, sino de una
medida sustentada en criterios técnicos y de seguridad pública. Entonces, ¿por
qué no se cumple?
La respuesta apunta en varias direcciones, ninguna
alentadora. Primero, la evidente falta de vigilancia efectiva. La autoridad de
tránsito parece ausente o, en el mejor de los casos, rebasada. No hay
operativos permanentes ni sanciones visibles que inhiban la conducta irregular.
La ley, sin aplicación, se convierte en mera decoración jurídica.
Segundo, la permisividad que raya en la
complicidad. Cuando una infracción se vuelve sistemática, deja de ser un acto
individual para convertirse en una práctica tolerada. Los transportistas no
arriesgan: saben que las probabilidades de ser sancionados son mínimas. Y en
esa lógica perversa, la ilegalidad deja de costar.
Tercero, la falta de coordinación entre niveles de
gobierno. El transporte de carga no es un fenómeno aislado de competencia
municipal; involucra regulaciones estatales y federales. Sin embargo, la
ausencia de una estrategia integral convierte a la avenida Lázaro Cárdenas en
tierra de nadie, donde cada quien hace lo que puede… o lo que quiere.
Pero más allá del incumplimiento normativo, hay
consecuencias tangibles que afectan directamente a la ciudadanía. El deterioro
acelerado del pavimento es una de ellas. Las vialidades urbanas no están
diseñadas para soportar de manera constante el peso de estos vehículos, lo que
genera baches, hundimientos y costos de mantenimiento que terminan pagando los
contribuyentes.
A ello se suma el riesgo latente de accidentes
mortales. Un camión de gran tonelaje en una vía saturada multiplica la
probabilidad de incidentes graves. No es alarmismo: es estadística básica. La
convivencia entre transporte pesado y tráfico urbano, en condiciones de
desorden, es una fórmula peligrosa.
Y, por supuesto, está el impacto en la calidad de
vida. Ruido, contaminación, estrés vial. La avenida Lázaro Cárdenas no es solo
una ruta de paso; es un espacio habitado, con comercios, escuelas y viviendas.
Ignorar esto es deshumanizar la planeación urbana.
Frente a este panorama, la pregunta obligada es:
¿qué hacer? La respuesta no admite improvisaciones. Se requiere, en primer
lugar, voluntad política real para hacer cumplir la ley. No basta con
reglamentar; hay que ejecutar. Operativos constantes, sanciones efectivas y
transparencia en su aplicación son indispensables.
En segundo término, es urgente establecer rutas
alternas viables para el transporte de carga. No se trata de prohibir por
prohibir, sino de ordenar con lógica. La infraestructura debe acompañar la
regulación, de lo contrario, se genera un cuello de botella que termina
desbordándose, como hoy ocurre.
Asimismo, la tecnología puede ser una aliada.
Sistemas de monitoreo, cámaras y control de accesos permitirían una supervisión
más eficiente y menos discrecional. La modernización no es un lujo, es una
necesidad en ciudades que aspiran a ser funcionales.
Finalmente, la participación ciudadana debe
mantenerse activa. La denuncia pública ha sido, hasta ahora, el principal
mecanismo de presión. Pero no debería ser el único. La autoridad tiene la
obligación de garantizar el orden sin necesidad de que cada infracción sea
exhibida en redes sociales.
Lo que ocurre en la avenida Lázaro Cárdenas no es
un caso aislado, es un síntoma. Refleja una cultura de incumplimiento que se
reproduce cuando la ley pierde fuerza frente a la costumbre y la omisión. Y ahí
radica el verdadero problema: no es solo el camión que pasa, es el sistema que
lo permite.
Porque cuando la autoridad renuncia a hacer valer
sus propias reglas, la ciudad deja de ser un espacio de convivencia para
convertirse en un territorio de imposiciones, donde el más grande —o el más
pesado— siempre tiene la última palabra.
