Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
Se estaban tardando estos señores, pero catorce meses
después volvieron a mostrar de lo que son capaces.
La semana anterior fue levantado un joven por
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos al Mando Único. ¿Qué
delito cometió? Quién sabe. ¿Mostraron los uniformados alguna orden de
aprehensión? No, delante de su madre lo treparon a una patrulla y se lo
llevaron supuestamente a la cárcel, pero días después fue encontrado flotando
sin vida en un río, maniatado y con visibles huellas de tortura.
Gracias a la madre que anotó el número de la patrulla
y levantó un acta ante las autoridades, se encontró el cadáver y se logró la
detención del subdelegado de la SSP, Patricio Lagunes y siete elementos
policiacos presuntos responsables de esta desaparición forzada.
Hasta el momento no se sabe si Juan Arturo Méndez
Alcántara, de 25 años de edad, era extorsionador, ratero, secuestrador, asesino
o le voló la novia a alguno de los policías involucrados en el levantón, causas
que no justifican que lo hayan torturado y asesinado como se presume lo
hicieron.
Seguramente contra su voluntad, el gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares tuvo que reconocer esta barbarie al manifestar: “Mi
gobierno no va a permitir de ninguna manera que los policías violenten los
derechos de las personas” y tras anunciar la detención de los sospechosos agregó:
“Esta es una medida ejemplar, es un mensaje muy claro para todos los policías
de que en este gobierno no se admite de ninguna manera que violenten garantías
individuales”.
Retóricamente hablando sus palabras fueron muy
emotivas, pero no le quitan a la ciudadanía la percepción de que viven al
amparo de una de las policías menos confiables del país, cuya presencia provoca
miedo en lugar de transmitir seguridad.
En otra parte de su mensaje añadió: “No podemos llegar
a cambiar a cinco mil policías, es un proceso de depuración que iniciamos desde
el mes de diciembre de 2016. Han salido más de mil elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública en este proceso de depuración y los que permanecen es
porque aprobaron los exámenes…”
Y esto último acalambra, ¿quiere decir entonces que
estos sujetos que levantaron a un joven para presuntamente maniatarlo,
torturarlo, privarlo de la existencia y luego aventarlo a un río pasaron los
exámenes de confiabilidad?
Si es así, ¿cuántos policías con esos instintos y con
sus exámenes bajo el brazo andarán sueltos por ahí?
Pero no es el único caso.
Hace ocho días unos agentes de tránsito de Medellín de
Bravo, entre ellos el delegado de la corporación Luis Fernando Carreón, golpearon
salvajemente y mataron al taxista Víctor Hugo Pérez Vázquez de 29 años de edad,
delante de varias personas.
Los hechos están poco claros, pero según versiones de testigos,
tanto el delegado como sus elementos llegaron a bordo de un auto particular y
sin más se le fueron encima al taxista que se defendió sacando una navaja.
En la refriega Luis Fernando Carreón resultó herido,
pero el taxista murió lo que provocó la ira y frustración de quienes vieron el
hecho que calificaron de cobarde.
Estos dos casos, quiérase que no, reavivan la
desconfianza ciudadana en la policía porque invariablemente nos recuerdan el
pasado reciente.
En esos años, también el gobernador salía a decir que
no permitiría abusos policiacos y ya ven ustedes lo que nos dejó; más de 200
desapariciones forzadas registradas durante su malhadado e infame sexenio.
