Por Miguel Angel Cristiani G.
NOVENAY ÚLTIMA PARTE
Como periodista con
más de medio siglo observando el teatro de la política, podemos afirmar que
nada daña más a un proyecto de cambio que la incongruencia de sus
protagonistas. El nefasto Martín Aguilar Sánchez llegó a la rectoría con la
bandera de la ética y los derechos humanos, pero su gestión terminará marcada
por la defensa a ultranza de su permanencia y su beneficio económico personal.
No se puede predicar la transformación desde un pedestal de privilegios que la
ley ya ha empezado a demoler en otras instancias del servicio público.
La reforma al
artículo 127 recientemente aprobada en el Congreso de Veracruz y la ley local
de austeridad no son ataques a la universidad; son defensas de la sociedad
contra el abuso del poder. La autonomía universitaria debe ser rescatada de
quienes la han convertido en un búnker de intereses privados. Veracruz necesita
una universidad que gaste en laboratorios, no en jubilaciones de lujo; que
invierta en sus alumnos, no en blindar el futuro de sus funcionarios.
La gobernadora
Rocío Nahle tiene ante sí el reto de hacer valer la ley sin vulnerar la esencia
de la universidad. Pero la mayor responsabilidad recae en la propia comunidad
universitaria. Es hora de que estudiantes y académicos exijan una rendición de
cuentas real, que no se limite a leer hojas de cálculo con entusiasmo
burocrático, sino que explique por qué se permite que la cima de la pirámide
viva con excesos mientras la base sufre las carencias de un presupuesto que
nunca parece alcanzar para lo importante.
La ética pública no admite medias
tintas: o se sirve al interés general o se sirve al bolsillo propio, y en la
Universidad Veracruzana, el Rector parece haber elegido lo segundo.
