Por Miguel Ángel Cristiani G.
La guerra en Medio Oriente no se ve en las calles de Xalapa, pero ya se
siente en la panadería, en la carnicería y, sobre todo, en la tortillería: ahí
se libra, peso a peso, la verdadera “geopolítica” del mexicano de a pie.
En marzo, el INEGI confirmó lo que millones de familias ya sabían desde
la alacena cada vez más vacía: la canasta alimentaria subió 8.1 por ciento en
zonas urbanas y 7.9 por ciento en las rurales. Dicho en términos más claros:
los alimentos están encareciéndose casi al doble del ritmo de la inflación
general.
Mientras los discursos oficiales hablan de “estabilidad”, la realidad
es otra. Hoy una persona en una ciudad necesita alrededor de 2 mil 571 pesos
mensuales solo para alimentarse, y cerca de 4 mil 940 pesos si se agregan
transporte, vivienda, salud y otros gastos básicos. En el medio rural la cifra
baja, pero la angustia es la misma: 1 mil 940 pesos para comer y 3 mil 553 para
sobrevivir.
No son números fríos de una tabla estadística. Son la línea delgada que
separa a millones de mexicanos entre comer tres veces al día o empezar a
saltarse una comida.
No es casual que el jitomate —ese ingrediente humilde que vive en el
pico de gallo, en el caldo, en el huevo con salsa y hasta en el bolillo con
frijoles— se haya disparado más de 120 por ciento en apenas un año. Que un solo
producto pueda empujar hacia arriba el costo de toda la alimentación revela
algo más profundo: la fragilidad estructural de nuestro sistema
agroalimentario.
Dependemos de pocos cultivos, de pocos insumos… y de decisiones tomadas
a miles de kilómetros de nuestras milpas.
Mientras tanto, en los foros internacionales, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos advierten
que el encarecimiento del petróleo, el gas y los fertilizantes —consecuencia
directa de los conflictos geopolíticos— está presionando al alza los precios de
los alimentos a nivel global.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura reporta ya varios meses de incremento en su índice de precios,
impulsado por el alza del trigo, los aceites vegetales y el azúcar, todos
impactados por el costo de la energía y los fertilizantes.
No se trata de una percepción ni de una alarma mediática.
Es una tendencia global.
Y las tendencias globales, tarde o temprano, aterrizan en la mesa de la
cocina mexicana.
México no está en la guerra, pero se comporta como si estuviera sentado
en la primera fila de los daños colaterales. Más del 70 por ciento de los
fertilizantes que utiliza el campo mexicano son importados. En los primeros
meses de 2026, las compras al exterior crecieron más de 30 por ciento en un
mercado internacional ya tensionado por conflictos y especulación.
Eso significa una cosa muy sencilla: producimos alimentos con insumos
que no controlamos.
Cuando el precio de la urea, el fosfato diamónico o el fosfato
monoamónico sube entre 40 y 50 por ciento en poco más de un año, el golpe no se
queda en los laboratorios de química agrícola: termina reflejándose en el costo
de sembrar maíz, frijol o trigo.
Y cuando producir una hectárea de maíz cuesta miles de pesos más que
antes, el productor enfrenta un dilema brutal: subir el precio, dejar de
sembrar o migrar.
En cualquiera de los tres casos, la factura llega a la mesa del
consumidor.
Por eso la cadena maíz–tortilla es el verdadero sismógrafo social del
país.
Cuando la tortilla sube, el malestar se siente inmediatamente.
En varias regiones del país el kilo ya aumentó entre uno y dos pesos en
lo que va del año, y los industriales advierten que podrían venir incrementos
adicionales si el gas, la harina y los insumos continúan presionados.
Para muchos funcionarios hablar de “dos pesos más” parece irrelevante.
Pero para una familia que compra dos o tres kilos diarios, esos dos
pesos representan la diferencia entre completar la semana o empezar a comprar
fiado.
El problema es que el gobierno parece más ocupado en administrar el
discurso que en resolver el fondo del asunto.
Se multiplican los programas asistenciales, los subsidios de emergencia
y las transferencias directas que ayudan a paliar el día, pero no corrigen la
raíz estructural del problema: un campo abandonado, una política de
fertilizantes reactiva y una dependencia externa que se tolera porque resulta
políticamente más rentable repartir apoyos que construir soberanía alimentaria.
Es cierto: México aún no enfrenta una crisis alimentaria abierta. Los
inventarios internacionales de cereales se mantienen relativamente estables y
parte de las alzas responde a factores estacionales.
Pero minimizar el problema con ese argumento es como decirle a un
paciente con hipertensión que todavía no sufre un infarto.
Las crisis alimentarias no empiezan de golpe.
Empiezan lentamente… en el precio del jitomate, en el costo del
fertilizante, en el peso que sube el kilo de tortilla.
Los datos del INEGI no son un escándalo mediático: son una señal de
alerta temprana.
Ignorarlos sería un acto de irresponsabilidad política.
Porque la historia económica demuestra algo muy simple: cuando la
comida se vuelve cara, la estabilidad social comienza a volverse frágil.
Y al final del día, la geopolítica no se mide en mapas ni en tratados
diplomáticos, sino en algo mucho más sencillo y brutal: lo que una familia
puede —o ya no puede— poner sobre la mesa.
**Porque cuando el precio de la tortilla se convierte en asunto de
guerra internacional, lo que realmente está en conflicto no es el mercado… sino
la dignidad alimentaria de un país.**
