IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La reciente queja del gobierno de Estados Unidos
sobre el sistema aduanal mexicano está lejos de ser un reclamo técnico aislado.
Es, en realidad, un síntoma de tensiones más profundas en la relación comercial
bilateral y un anticipo de lo que será una revisión compleja —y potencialmente
ríspida— del TMEC. Minimizarla sería un error estratégico.
El señalamiento, contenido en el informe del USTR,
apunta a un problema central, la falta de previsibilidad. Para Washington,
México ha introducido cambios regulatorios en materia aduanera sin suficiente
transparencia ni consulta, al tiempo que endurece requisitos y sanciones para
los agentes aduanales. En el lenguaje diplomático del comercio internacional,
esto no es menor, pues equivale a sugerir que México se aleja de los principios
básicos del tratado, como la transparencia y el trato no discriminatorio.
Pero el verdadero riesgo no está en el
diagnóstico, sino en sus posibles consecuencias. El TMEC no es solo un marco de
buenas intenciones; es un instrumento con dientes. Si Estados Unidos decide que
estas prácticas constituyen una barrera al comercio, puede escalar el conflicto
a un panel arbitral. Y hay precedentes. Sectores como energía y minería ya han
sido terreno de disputas similares. El resultado, en el peor de los casos,
podría traducirse en sanciones, represalias arancelarias o presiones directas
para modificar la legislación mexicana.
Más allá del terreno jurídico, el impacto ya se
siente en la economía real. Las restricciones operativas, la reducción de
agentes aduanales y las mayores facultades para retener mercancías generan
cuellos de botella que afectan directamente a las cadenas de suministro. En un
entorno donde la logística es tan importante como la producción, cualquier
fricción se traduce en costos. Las pequeñas y medianas empresas, el comercio
electrónico y los modelos “just in time” son particularmente vulnerables. En
términos simples: cada retraso en aduanas erosiona la competitividad de México.
No es casualidad que la discusión haya detonado
presiones internas para revisar la Ley de Aduanas. El país se enfrenta a una
disyuntiva, mantener un enfoque más restrictivo y centralizado, o avanzar hacia
una mayor apertura y simplificación de procesos. Lo que está en juego no es
solo la eficiencia administrativa, sino el modelo de inserción de México en el
comercio global.
Además, el tema aduanal no llega solo. Forma parte
de un paquete más amplio de preocupaciones estadounidenses que incluyen el
sector energético, los procesos regulatorios sanitarios y la protección de la
propiedad intelectual. En conjunto, estos reclamos alimentan una narrativa
incómoda para México, la de un país que, en lugar de profundizar la
integración, está endureciendo su marco económico. Esa percepción, justa o no,
pesa en la mesa de negociación.
Y esa mesa ya está puesta. La revisión del TMEC,
que formalmente inicia en junio, será todo menos un trámite. Estados Unidos
llega con una agenda amplia, y las aduanas se perfilan como una de sus
principales cartas de presión, quizás eso originó la reciente dimisión del
titular de Aduanas mexicanas Rafael Marín Mollinedo, cercano al grupo del
expresidente mexicano. No se trata solo de corregir procedimientos, sino de
redefinir equilibrios, apertura frente a control, soberanía regulatoria frente
a integración económica.
En este contexto, la pregunta no es si México debe
ajustar su sistema aduanal, sino cómo hacerlo sin ceder margen estratégico. Porque
si algo deja claro esta controversia es que las aduanas han dejado de ser un
asunto técnico para convertirse en un instrumento de poder comercial. Ignorar
esa realidad sería, más que un descuido, una desventaja.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en
Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la
Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
