AZÚCAR AMARGA EN VERACRUZ (Segunda de dos partes)
Dr. Rafael Vela Martínez
En la primera parte de este artículo advertimos que la crisis de la agroindustria azucarera veracruzana no puede entenderse únicamente a partir de los problemas financieros de algunos ingenios, la caída del precio del azúcar o las denuncias sobre el ingreso irregular de producto procedente de Centroamérica. Su origen es mucho más profundo: responde a décadas de dependencia del monocultivo, subordinación de los productores a las factorías, intermediación gremial, rezago tecnológico y ausencia de una política efectiva de diversificación productiva.
También sostuvimos que la solución no consiste en conservar artificialmente todos los ingenios ni en regresar a las antiguas estructuras corporativas, sino en transformar integralmente los territorios cañeros. Esto implica proteger a las familias que dependen de la actividad, pero también elevar la productividad, transparentar la determinación del KARBE (kilogramos de azúcar recuperable base estándar) y las liquidaciones, dignificar las condiciones de cortadores y jornaleros, aprovechar industrialmente los subproductos de la caña y generar alternativas económicas para las zonas donde una factoría haya dejado de ser técnica o financieramente viable.
En esta segunda entrega, el propósito no es defender un modelo que ha reproducido dependencia y pobreza, sino plantear cómo la Universidad Veracruzana (UV), los gobiernos, los ingenios y las organizaciones de productores pueden construir una transición productiva responsable, sustentada en la innovación, la transparencia, la diversificación y el compromiso efectivo con el territorio.
El KARBE y la necesidad de transparencia. Quien controla la información técnica y participa en la negociación colectiva dispone de un enorme poder sobre el ingreso del productor. Una diferencia aparentemente pequeña en la medición de la calidad de la caña puede traducirse en una afectación considerable para quienes entregan su producción durante toda la zafra. Por ello, la democratización de las organizaciones cañeras debe acompañarse de laboratorios independientes, trazabilidad digital desde la parcela hasta la molienda, certificación de básculas y mecanismos de auditoría accesibles para cada abastecedor. Los productores deben conocer con claridad cuánto entregaron, cuál fue la calidad de su caña, qué deducciones se realizaron y cómo se calculó el monto final de su liquidación.
Mucha superficie, productividad insuficiente. Los datos disponibles para este análisis muestran que entre 2022 y 2025 la superficie sembrada de caña en Veracruz aumentó de 297 mil 714 a 314 mil 170 hectáreas, lo que representa un crecimiento de 5.53 por ciento. Durante el mismo periodo, la producción pasó de 20.75 a 21.92 millones de toneladas, un incremento de 5.65 por ciento. A primera vista, estas cifras podrían interpretarse como una señal positiva. Sin embargo, el rendimiento implícito permaneció prácticamente estancado: pasó de aproximadamente 69.70 a 69.77 toneladas por hectárea. En otras palabras, el aumento de la producción provino principalmente de ampliar la superficie sembrada y no de elevar de manera sustantiva la productividad.
Este modelo de crecimiento extensivo tiene límites evidentes. Aumentar la superficie cañera (como ya se demostró en el Atlas Agrícola del estado de Veracruz: 1960-2022) está desplazando cultivos alimentarios, presionar los recursos hídricos, profundizar la dependencia regional y reproducir prácticas agrícolas poco eficientes; sobre el particular, es de señalarse que la caña puede resultar rentable para propietarios que cuentan con muchas hectáreas cultivables, capital, tecnificación y buenos rendimientos; sin embargo, para cortadores, jornaleros y pequeños productores con baja productividad, suele reproducir condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Los trabajadores rurales realizan jornadas extenuantes, enfrentan riesgos físicos, dependen de empleos estacionales y reciben remuneraciones que no corresponden con la dureza de sus actividades.
El estancamiento de la productividad también revela una grave falla institucional. En este contexto, la Universidad Veracruzana (UV) debe asumir una responsabilidad histórica: el compromiso universitario debe medirse por sus resultados en el territorio. Cada ingenio debería articularse con la UV, los institutos tecnológicos y otros centros especializados mediante un programa territorial de innovación, financiado conjuntamente por empresas, gobiernos y organizaciones de productores. El conocimiento científico debe llegar hasta el surco y traducirse en mejores condiciones de vida para las familias.
La salida no consiste en rescatar indiscriminadamente todos los ingenios, sino en determinar cuáles tienen viabilidad técnica, financiera y territorial. Los que puedan mantenerse deben transformarse en complejos agroindustriales y de bioeconomía, capaces de producir no solamente azúcar, sino también electricidad, etanol, fertilizantes orgánicos, alimento para ganado, bio productos y otros derivados. Por otra parte, es recomendable que, en las zonas donde una factoría sea técnica o financieramente inviable, el gobierno debe anticipar la reconversión y no esperar hasta que cierre sus puertas.
Si Veracruz aprende la amarga lección de esta crisis, podrá convertirla en el punto de partida para reconstruir su campo, modernizar la agroindustria y diversificar la economía de sus territorios. Pero si la respuesta se limita a rescatar ingenios, sin elevar la productividad, transparentar las relaciones económicas ni generar alternativas para las familias, por supuesto que la próxima zafra volverá a producir azúcar, pero, junto con ella, la misma pobreza. Además, la expansión de la superficie destinada a la caña continuará desplazando cultivos alimentarios y profundizará la crisis agrícola y alimentaria que ya enfrenta la entidad.
