(primera de 2 partes)
Dr. Rafael Vela Martínez
Veracruz sigue siendo el corazón
azucarero de México, pero esa fortaleza productiva se ha convertido también en
una fuente de vulnerabilidad. La crisis actual no nació con el posible cierre
de un ingenio ni con el azúcar que presuntamente entra de contrabando: es el
resultado de siglos de concentración territorial y décadas de subordinación
política, baja productividad, desigualdad y falta de diversificación agrícola.
El anuncio
de problemas financieros y operativos en factorías veracruzanas, las plagas que
amenazan la zafra, la caída del precio del azúcar y las denuncias sobre el
ingreso irregular de producto procedente de Guatemala han encendido nuevamente
las alarmas. No es un asunto menor: Veracruz aporta alrededor de cuatro de cada
diez toneladas del azúcar nacional y concentra la mayor infraestructura
cañero-industrial del país. Cuando una factoría se detiene, no sólo se apagan
calderas; se paralizan cosechas, transporte, comercio y empleo en decenas de
municipios.
La
historia azucarera de Veracruz se remonta a los primeros años de la
colonización. En 1524,
Hernán Cortés instaló a orillas del río Tepango, en Santiago Tuxtla, uno de los
primeros trapiches de la Nueva España. A partir de ese núcleo, la caña se
extendió hacia zonas con agua abundante, clima cálido y rutas de intercambio.
Durante los siglos XVII y XVIII surgieron haciendas y trapiches en los entornos
de Xalapa-Coatepec, Córdoba, Orizaba y Los Tuxtlas; su expansión se apoyó en la
apropiación territorial y, en la época colonial, en trabajo indígena y de
población africana esclavizada. Con el ferrocarril, la mecanización y la
formación de centrales azucareros, la actividad adquirió escala industrial
entre finales del siglo XIX y el siglo XX. La reforma agraria transformó la
propiedad de la tierra, pero no eliminó la dependencia del productor respecto
del ingenio: la factoría conservó el control sobre la recepción, la molienda,
la medición de calidad y la liquidación de la materia prima. En 1910 se
registraban 48 ingenios en Veracruz; hoy funcionan muchos menos. El número
exacto varía según la zafra y la condición operativa de cada planta, pero la
contracción histórica es indiscutible.
Caña,
organización gremial y control político. Durante buena parte del siglo XX, el Estado mexicano
organizó al campo mediante estructuras corporativas vinculadas al Partido
Revolucionario Institucional. En el sector cañero, la Unión Nacional de
Productores de Caña de Azúcar de la CNC y la organización asociada a la pequeña
propiedad —posteriormente identificada con la CNPR— fueron reconocidas como
interlocutoras privilegiadas. Estudios académicos sobre los gremios cañeros
describen una estructura vertical en la que la representación productiva, la
negociación con los ingenios, la gestión de apoyos y la movilización electoral
se entrelazaban.
La
seguridad social consolidó este incentivo. Desde 1963 se incorporó al régimen obligatorio del IMSS a
productores de caña y trabajadores estacionales, no así a productores de otros
cultivos, aunque fueran alimentarios. Los ingenios debían entregar la relación
de abastecedores, retener cuotas en la liquidación de la caña y reportar altas
y bajas; los comités de producción cañera llevaban padrones de trabajadores y
distribuían avisos para recibir atención médica. En regiones sin otra red de
protección, ser cañero formalmente registrado podía significar la diferencia
entre tener o no atención médica para la familia. Un derecho social terminó
funcionando también como mecanismo de disciplina y fidelidad hacia las
organizaciones que controlaban la intermediación.
El
monocultivo: de instrumento político a trampa regional. La expansión cañera no fue neutral para
la seguridad alimentaria. Al ofrecer mercado asegurado, acceso al ingenio,
crédito, servicios y protección social, hizo racional que miles de familias
sustituyeran la producción de maíz, frijol, arroz, hortalizas o sistemas mixtos
por caña. Pero es importante enfatizar que una región que depende de uno, dos o
tres productos queda expuesta al precio internacional, a la demanda industrial,
al clima, las plagas y las decisiones de unas cuantas empresas. Yucatán lo
padeció cuando las fibras sintéticas desplazaron al henequén: el colapso de un
producto derrumbó una estructura económica construida alrededor de él.
Veracruz
posee alternativas valiosas.
El café, la naranja, el limón, la piña, el plátano y otros cultivos sostienen
importantes regiones productivas. El comparativo agrícola 2022-2025 elaborado a
partir del Atlas Agrícola del Estado de Veracruz (1960-2022) y los registros
más recientes muestran, por ejemplo, crecimiento en café, naranja y piña. Sin
embargo, esa diversidad estatal no siempre existe en el ámbito regional o
parcelario. En extensas franjas del Papaloapan, Los Tuxtlas, la zona centro y
el norte, la caña continúa dominando el paisaje, el empleo y la vida municipal.
La
salida no es rescatar el pasado, sino transformar el territorio. La crisis no
se resolverá manteniendo artificialmente cada ingenio ni regresando al viejo
corporativismo. Veracruz necesita una política de transición productiva que
proteja el empleo sin perpetuar la dependencia. Sus componentes mínimos son
claros: elevar productividad antes de ampliar superficie; diversificar cultivos
y sistemas agroforestales; recuperar maíz, frijol, arroz, frutas y hortalizas
para los mercados regionales; garantizar competencia y transparencia en
básculas, laboratorios y KARBE; dignificar el trabajo de cortadores y
jornaleros; y convertir los ingenios viables en complejos de bioeconomía
capaces de producir azúcar, electricidad, etanol, fertilizantes orgánicos y
otros derivados.
En esta transformación, la Universidad
Veracruzana debe ser un actor comprometido y no solamente protagónico. Su responsabilidad no puede agotarse en
organizar foros, firmar convenios o publicar diagnósticos. Por su carácter
público y su presencia regional, debe llevar el conocimiento hasta las zonas
cañeras mediante programas permanentes de extensión, parcelas demostrativas,
laboratorios móviles y asistencia para diversificar cultivos. Su compromiso
debe medirse en resultados: mayores rendimientos, menores costos y mejores
condiciones para productores, cortadores y jornaleros. En las zonas donde una factoría sea técnica
o financieramente inviable, el gobierno debe anticipar la reconversión y no
esperar al cierre. La Universidad Veracruzana debe participar desde el
diagnóstico hasta la evaluación de resultados. Se requieren protección laboral
temporal, rutas comerciales para cultivos alternativos, infraestructura de
riego y acopio, y acompañamiento técnico de largo plazo. Diversificar no
significa arrancar mañana toda la caña, sino evitar que familias, municipios y
regiones dependan de una sola cosecha y de una sola puerta de fábrica. (En la
segunda parte profundizaremos sobre el particular)
