La Columna
Por Fanny Yépez
A muchos gobernantes les valen sombrilla los artículos 6 y 7 Constitucional
En vísperas del Día de la libertad de Expresión, secuestran a una periodista
En lo que va de 2026, el estado de Veracruz registra un periodista asesinado, una periodista secuestrada este martes y decenas de agresiones documentadas, pero en ninguno de estos terribles casos se ha hecho justicia. En todos prevalece la impunidad.
Carlos Leonardo Ramírez Castro: Director del portal digital Código Norte y reportero especializado en temas de seguridad y nota roja, fue asesinado a balazos la tarde del 8 de enero en un establecimiento de comida en el municipio de Poza Rica.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado múltiples agresiones contra periodistas en el estado de Veracruz, destacando el asesinato del reportero de nota roja Carlos Castro en Poza Rica, además de diversas amenazas de muerte y múltiples ataques documentados por asociaciones de comunicadores.
Amenazas de muerte: el 1 de marzo de 2026, el periodista Roberto Montalvo Hipólito, director de Las Noticias con Montalvo en Acayucan, fue víctima de amenazas directas mediante mensajes y llamadas telefónicas.
Agresiones documentadas: la Asociación de Comunicadores de Veracruz ha denunciado incidentes recientes que incluyen golpes físicos (como el caso de Eduardo Izquierdo Segura en Coatzacoalcos), detenciones arbitrarias e intimidación a reporteros durante coberturas (en municipios como Córdoba, Tuxpan y Coatepec), además de abusos de escoltas.
A los gobernantes en sus distintos niveles les vale sombrilla lo que establecen los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los pilares de la democracia en México. Juntos garantizan que puedes expresar y difundir tus ideas, y que el Estado debe operar de forma transparente y sin censura previa.
El medio digital (La Nigua) reporto que, en el municipio de Nanchital, la periodista Roxana Ramírez, directora del medio digital Impulso Informativo, fue privada de su libertad la mañana de este martes, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su domicilio ubicado en ese municipio del sur de Veracruz.
De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, cuando sujetos armados llegaron hasta la vivienda de la comunicadora y en un video que se difundió en las primeras horas del día, se puede observar como golpearon con un marro la puerta para ingresar por la fuerza.
Testigos señalaron que los individuos sometieron a la periodista y posteriormente la sacaron del inmueble, llevándosela con rumbo desconocido. Tras lo ocurrido, familiares, amigos y colegas del gremio periodístico iniciaron una intensa búsqueda y difundieron llamados de auxilio para lograr su pronta localización.
La desaparición de la comunicadora ha generado preocupación e indignación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes demandan la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar su integridad física.
Hasta el momento, ninguna dependencia de seguridad o procuración de justicia ha emitido información oficial sobre el caso, ni han reportado personas detenidas relacionadas con este hecho.
El suceso mantiene en alerta a la comunidad periodística y a la sociedad civil del sur de Veracruz, que exige resultados inmediatos en las investigaciones y la aparición con vida de la comunicadora.
En Veracruz, las y los periodistas han enfrentado históricamente una grave estigmatización desde las esferas del poder público. Diversas administraciones han utilizado descalificaciones para minimizar la crítica social y desacreditar el trabajo de la prensa, llamándolos frecuentemente: “Voceros del hampa" o "Cómplices de la delincuencia".
Etiqueta utilizada para insinuar vínculos entre los comunicadores y grupos delictivos. "Prensa incómoda" o "Prensa vendida" "Alborotadores" o "Terroristas", “Texto servidores”, “Carroñeros”, “Mentirosos”, “Difamadores”, “Preguntones de estupideces”, estas son clasificaciones empleadas por funcionarios para deslegitimar investigaciones sobre corrupción o fallas institucionales; entre otros calificativos peyorativos.
En años recientes, la criminalización ha escalado al uso de figuras penales desproporcionadas en contra de reporteros. Estas narrativas estigmatizantes han trascendido el discurso público y se han documentado como agresiones directas, documentadas por organizaciones como Artículo 19.
Adicionalmente, el gremio ha enfrentado presiones desde el Ejecutivo estatal y hostigamiento judicial, agravando el clima de violencia que ha posicionado a la entidad como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo.
Respecto al secuestro de la periodista Roxana Ramírez, la Fiscalía General del Estado emitió al medio día de este martes un escueto comunicado donde señala que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se ha iniciado una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital.
Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.
La Fiscalía General del Estado reitera que las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos.
