Ciudad de México / Xalapa, Ver.— El Senado de la República determinó posponer de manera indefinida la discusión y eventual autorización para el ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos a territorio nacional, en cumplimiento de sus facultades constitucionales y en defensa de la soberanía del Estado mexicano. La decisión fue confirmada por el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien explicó que la medida responde a un análisis responsable del contexto geopolítico internacional y a la necesidad de actuar con prudencia institucional.
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De acuerdo con lo expuesto por el legislador federal en conferencia realizada en la capital veracruzana, el Senado evaluó los recientes acontecimientos internacionales —entre ellos, los hechos ocurridos en Venezuela y sus implicaciones diplomáticas— como un elemento que obliga a México a reforzar su postura de no intervención, autodeterminación de los pueblos y defensa plena de la soberanía. Huerta señaló que cualquier eventual presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional debe analizarse con rigor, bajo el marco jurídico vigente y con estricto respeto a la Constitución y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de seguridad nacional, información pública y responsabilidad del Estado.
El senador subrayó que México mantiene relaciones diplomáticas con diversas naciones, pero ello no debe implicar la renuncia a la autonomía en la toma de decisiones en materia de seguridad. Añadió que el Poder Legislativo tiene la obligación de garantizar certeza jurídica, estabilidad institucional y protección del interés nacional, por lo que el Senado continuará evaluando el tema con información documentada, fuentes oficiales y criterios técnicos.
En el ámbito local, Huerta también se refirió al caso de la presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Espejo, quien participa en el proceso de revisión relacionado con la privatización del Grupo MAS. Señaló que se trata de un asunto de alto impacto social, administrativo y político, que exige transparencia, legalidad y claridad en la toma de decisiones. De acuerdo con lo informado, el Cabildo se mantiene en diálogo institucional para analizar el llamado “punto final” del esquema de concesión, a fin de asegurar que cualquier resolución contemple el interés de la ciudadanía, la protección del servicio público y el respeto a los marcos normativos.
El legislador destacó que ambos temas —la política exterior y los asuntos municipales— reflejan la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la necesidad de ejercer un liderazgo responsable, sin improvisaciones ni decisiones precipitadas. Agregó que la actuación gubernamental debe guiarse por criterios de legalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con el Código de Ética Periodística, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las obligaciones del Estado mexicano en materia de respeto a los derechos y dignidad de las personas.
Finalmente, Huerta insistió en que la prioridad debe ser la estabilidad nacional, la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones, bajo una visión de Estado, sin estridencias políticas y con plena responsabilidad democrática.
