Voluntad institucional para transformar la procuración de justicia en Veracruz:
Israel García
Xalapa, Ver., a 21 de enero de 2026.- En Veracruz existe voluntad para establecer un nuevo paradigma en la procuración de justicia y pasar de una promesa a la realidad, afirmó la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia del Honorable Congreso del Estado.
La Fiscal General recordó que, hace poco más de un mes, fue designada como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), asumiendo un reto mayúsculo ante una sociedad que por años ha exigido una justicia a la altura de su gente. Subrayó que este cambio es posible gracias a decisiones institucionales firmes y al respaldo de mujeres y hombres comprometidos, que comparten una visión transformadora del servicio público.
Durante su mensaje, destacó que desde su llegada a la FGE implementó un programa de trabajo sustentado en tres ejes estratégicos: modernización institucional, optimización de la operatividad y coordinación interinstitucional.
En este marco, dio cuenta de 27 acciones emprendidas en las primeras seis semanas de gestión, entre las que destacan:
• La firma de convenios de coordinación interinstitucional: con el Poder Judicial del Estado, para fortalecer la capacitación, el intercambio de información y las acciones conjuntas; y con la Secretaría de Finanzas y Planeación, que permite el acceso a su base de datos para mayor celeridad y eficacia en las investigaciones.
• En materia de derechos fundamentales, se atendieron y aceptaron diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo local, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, la reparación del daño y la dignidad de las víctimas.
• Se fortaleció el trabajo de vinculación y acompañamiento con colectivos LGBTQ+, Feministas y de Personas Desaparecidas, estableciendo una coordinación permanente que priorice la atención de investigaciones relacionadas con crímenes de odio y desapariciones, fortaleciendo los mecanismos de colaboración institucional.
• Destaca también el fortalecimiento integral de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, mediante la creación de nuevas oficinas especializadas, la ampliación de personal, la mejora de instalaciones y el incremento de su capacidad operativa.
• Se puso en marcha la ventanilla única virtual para la solicitud de órdenes de cateo y diligencias sujetas a control judicial, reduciendo de manera significativa tiempos y trámites burocráticos.
• De igual forma, se inició una agenda de digitalización y modernización, entre la que sobresale el proyecto de la Carpeta de Investigación Digital, orientado a desarrollar un sistema de gestión novedoso y eficiente que facilite el acceso de las víctimas a la justicia.
En Álamo, para atender la problemática que existe en la zona norte en materia de preservación de cuerpos, se iniciaron las gestiones a fin de atender un asunto de suma importancia que ha sido postergado y que responde al reclamo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo cual implica la ampliación de un espacio destinado a este fin, el cual será equipado con una cámara de conservación, una estación de necropsia y otra destinada a los trabajos de exhumación, así como una planta de tratamiento de aguas rojas y un sistema de limpieza de aire con ozono, proyecto cuya implementación se tiene prevista para el primer semestre del año.
La Fiscal General destacó también resultados favorables en áreas sustantivas, como la concreción de acuerdos reparatorios, la judicialización de carpetas de investigación, así como la obtención de vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias por parte de las siete Fiscalías Regionales. De igual forma, subrayó el trabajo realizado por las Fiscalías Especializadas en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, así como en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, particularmente en la atención directa a la ciudadanía, las visitas a centros penitenciarios y la prestación de orientación y asistencias jurídicas.
En materia de delitos de alto impacto, señaló que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión destacó en el rescate de víctimas y la obtención de sentencias condenatorias con penas de hasta 140 años de prisión. Paralelamente, la Dirección de la Policía Ministerial cumplimentó órdenes de aprehensión y aportó informes policiales integrados a las carpetas de investigación, mientras que la Dirección de Servicios Periciales fortaleció los procesos ministeriales mediante la emisión de dictámenes e informes técnicos especializados.
Asimismo, el Centro de Evaluación y Control de Confianza evaluó a personal operativo y otorgó Certificados Únicos Policiales a elementos de la Policía de Investigación. A estos esfuerzos se suman acciones de capacitación, certificación y visitas de control administrativo que fortalecen el desempeño institucional por parte de otras áreas esenciales que integran la institución.
Estas acciones, señaló, reflejan el ritmo de trabajo que marcará su administración y reafirman su compromiso con los derechos humanos, la atención a las víctimas y el fortalecimiento del Estado de derecho en Veracruz.
“Cuando el trabajo se hace con convicción, responsabilidad y profesionalismo, la justicia deja de ser una promesa y se convierte en una realidad”, concluyó.
