Por Miguel Angel Cristiani G.
Creyeron que
el 31 de diciembre era un borrón y cuenta nueva. Que con apagar la luz del
despacho municipal y entregar —a medias— el poder, también se extinguían las
responsabilidades. Vieja costumbre mexicana: el mal llamado “Año de Hidalgo”,
ese permiso tácito para llevarse lo que se pueda antes de que suene la última
campanada. Pues no. La realidad, terca y legal, vuelve a tocar la puerta. Y
esta vez lo hace con auditorías, dictámenes y denuncias.
La
advertencia no es retórica. La revisión de la Cuenta Pública 2025 apenas
comienza, y lo que está saliendo a flote no es precisamente ejemplar. El ORFIS,
encabezado por Delia González Cobos, ha sido claro: las irregularidades y los
desvíos brotan por todos lados. Y no sólo por los hallazgos del órgano
fiscalizador; muchos alcaldes y alcaldesas entrantes también preparan
denuncias. Porque recibir un municipio saqueado no es herencia política: es un
delito potencial.
El dato duro
—y elocuente— es que hubo capacitación previa. En mayo del año pasado para
autoridades salientes; en noviembre para las entrantes. Se explicó con peras y
manzanas que documentos, equipos informáticos, vehículos y mobiliario son
bienes públicos. Que no son botín ni souvenirs del cargo. Aun así, hubo quienes
se llevaron expedientes, computadoras, intentaron sacar vehículos y hasta las
llaves del palacio municipal. No es picaresca: es abuso. Y en algunos casos,
robo.
“Es muy
lamentable”, dijo la auditora general ante diputadas y diputados. Lamentable,
sí, pero también revelador. Porque muestra que el problema no es la falta de
reglas, sino la cultura de impunidad que algunos funcionarios todavía creen
vigente. Les entró por un oído y les salió por el otro. O peor: escucharon,
entendieron y decidieron ignorar.
La ley es
clara. La Ley para la Entrega y Recepción prevé un procedimiento que ya está en
marcha: un dictamen para conocer en qué términos se recibió cada administración
municipal. Ese dictamen debe presentarse al ayuntamiento en un plazo de cinco
días hábiles, y con base en él se puede llamar a las personas servidoras
públicas salientes para que aclaren irregularidades. No es un trámite
decorativo. Es un insumo clave para la fiscalización y, eventualmente, para la
responsabilidad administrativa y penal.
Aquí aparece
el papel del Congreso del Estado y del ORFIS como receptores de esos
dictámenes. Son, en términos simples, los mapas de riesgo: indican dónde están
las alarmas y los puntos rojos. Y cuando los focos se encienden en varios
municipios a la vez, no estamos ante casos aislados, sino frente a un patrón.
El contexto
financiero no ayuda. Al cierre de 2024, la deuda pública global ascendía a 51
mil 276 millones de pesos. De ese monto, 47 mil 074 millones corresponden a
deuda pública y obligaciones del ejercicio; 3 mil 954 millones a deuda
municipal; y 242 millones al Poder Judicial por la construcción de ocho
ciudades judiciales. No son cifras menores. Son la fotografía de una entidad
con márgenes estrechos y con poca tolerancia para la irresponsabilidad.
La propia
auditora lo advirtió: 2025 será el año de la revisión, porque estos números
corresponden al cierre de 2024. Lo que arroje la Cuenta Pública 2025 dará una
radiografía más precisa de cómo se manejaron —o se malversaron— los recursos en
el último tramo de las administraciones municipales salientes. Y ahí se caerán
muchos discursos triunfalistas que hoy todavía circulan en redes y cafés
políticos.
Conviene
decirlo sin rodeos: el cargo terminó, la responsabilidad no. El fuero ya no
protege, el discurso ya no distrae y la ignorancia de la ley no exime. Quien
apostó al “Año de Hidalgo” se equivocó de época. Hoy hay procedimientos, hay
coordinación institucional y hay una fiscalización que, con todas sus
limitaciones, está decidida a ir más allá del papel.
La
ciudadanía haría mal en pedir linchamientos. Pero haría peor en tolerar la
impunidad. Lo que sigue no es venganza política ni ajuste de cuentas: es
rendición de cuentas. Que cada peso tenga destino comprobable. Que cada bien
público vuelva a su lugar. Y que cada exalcalde que se quiso pasar de listo
entienda una verdad elemental de la democracia: gobernar no es servirse, y
dejar el cargo no borra los actos cometidos.
Porque el
“Año de Hidalgo” podrá ser una mala tradición, pero no es una figura legal. Y
eso, para muchos, apenas empieza a quedar claro.
