Por Miguel Angel Cristiani G.
Cuando el poder anuncia que irá “hasta el fondo”,
el periodista con memoria larga levanta una ceja. No por escepticismo gratuito,
sino porque en Veracruz la frase se ha gastado a fuerza de repetirse sin
consecuencias. Por eso, que la gobernadora Rocío Nahle García haya ordenado
investigar el saqueo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y
que ya existan tres exfuncionarios detenidos no es un dato menor: es una
señal. Importante, sí. Suficiente, todavía no.
La UPAV nació —conviene recordarlo— durante el
sexenio de Fidel Herrera y su primer rector fue el maestro Guillermo Zúñiga
Martínez con una vocación social clara: abrir oportunidades de educación
superior a miles de jóvenes excluidos del sistema tradicional. Ese origen
explica, pero no justifica, el modelo híbrido y opaco que se toleró durante
años: fundaciones y asociaciones cobrando cuotas; docentes sin contrato; una
nómina administrativa pagada por el Estado; y una estructura perfecta para la
discrecionalidad. El resultado fue una bomba de tiempo que estalló cuando los
maestros dejaron de cobrar y los estudiantes empezaron a pagar el desorden con
su formación.
Aquí hay un primer mérito del gobierno actual: intervenir,
investigar y denunciar. La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado rastreó
irregularidades, la Fiscalía Anticorrupción actuó y un juez decidió. No es poca
cosa en una entidad donde la impunidad municipal y sectorial se volvió
costumbre. El mensaje político es claro: los desvíos de recursos públicos no
serán perdonados. El mensaje cívico, más exigente: que no se seleccione a los
responsables.
Porque si la UPAV se investiga “caiga quien caiga”,
la lupa no puede quedarse en los primeros eslabones. El entramado descrito
—fundaciones, funcionarios, asesores, familiares en cargos clave— no se arma
solo. Los nombres que hoy aparecen en expedientes y notas informativas deberán
sostenerse en pruebas, procesos y sentencias, no en linchamientos. La
presunción de inocencia es un principio democrático; la rendición de cuentas,
una obligación pública. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
El caso exhibe, además, un vicio estructural: la
transición municipal como temporada de saqueo. Cada cambio de
administración deja historias repetidas: arcas vacías, inventarios
desaparecidos, llaves que “no aparecen”. La novedad —y ojalá la regla— es que
varios alcaldes entrantes han presentado denuncias. Les quedan días para
hacerlo. No denunciar es convertirse en cómplice por omisión. Y la ciudadanía
ya no está para silencios convenientes.
Hay otro frente que exige coherencia. Si el
gobierno decide ir al fondo en la UPAV, la legalidad universitaria debe
aplicarse sin excepciones. El señalamiento sobre la permanencia del rector
de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, pese a los cuestionamientos
normativos y al rechazo de sectores de la comunidad, no es un capricho
político: es una exigencia de congruencia institucional. Las universidades no
son feudos; se rigen por leyes y estatutos. Ignorarlos erosiona la autonomía
que se dice defender. Tan simple como aplicar la Ley.
El decreto enviado al Congreso para que la UPAV
quede bajo control del Estado apunta a resolver la emergencia: certeza
jurídica para más de 60 mil estudiantes y contratos dignos para docentes.
Bien. Pero la solución de fondo exige algo más incómodo: transparencia
radical, auditorías públicas, reglas claras de financiamiento y una
gobernanza que no dependa de intermediarios opacos. Si la fundación aún tiene
recursos, como afirma la gobernadora, que se pague a los maestros y se
documente cada peso. La educación no admite atajos.
En política, los gestos importan; en democracia, los
resultados importan más. Las detenciones iniciales son un inicio, no un
final. El verdadero examen será si la investigación alcanza a todos los
responsables —sin importar cargo, cercanía o padrinazgos— y si el Poder
Judicial actúa con independencia. Veracruz no necesita frases fuertes; necesita
instituciones que funcionen.
La ciudadanía observa. Y recuerda. Caiga quien caiga no debe ser un
eslogan; debe ser un estándar. De lo contrario, volveremos a escribir la misma
columna dentro de seis años, con nuevos nombres y la misma indignación. Y eso,
francamente, sería el peor veredicto.
