Por Miguel Ángel
Cristiani G.
En política hay compromisos que se pronuncian con facilidad
y se incumplen con rapidez. Erradicar la pobreza extrema es uno de ellos. Por
eso, cuando un alcalde afirma —sin rodeos— que su objetivo central será
eliminarla en su municipio, no basta con aplaudir la intención: hay que
examinar el método, medir la viabilidad y advertir los riesgos. Gobernar no es
declarar; gobernar es resolver.
El alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo
García, ha puesto sobre la mesa una promesa mayor: combatir la pobreza
desde lo local, con una estrategia que denomina humanismo mexicano y
que, al menos en el discurso inicial, intenta diferenciarse de la política
asistencial improvisada que durante décadas solo administró la miseria sin
reducirla. Eso, de entrada, merece atención crítica, no adhesión automática.
Coatzacoalcos no es un municipio cualquiera. Es una ciudad
golpeada por la desigualdad estructural, el deterioro urbano, la pérdida de
dinamismo económico y la fractura social. Durante años fue polo industrial y
energético; hoy convive con cinturones de pobreza que contrastan con su pasado
productivo. En ese contexto, erradicar la pobreza extrema no es solo una meta
social: es un desafío político de alto riesgo.
Rosaldo plantea una estrategia que apuesta por la presencia
directa del gobierno en el territorio, a través de cuatro Centros
Integrales de Servicio. No es una idea menor. La dispersión burocrática ha
sido, históricamente, una de las principales barreras para que los programas
sociales lleguen a quien realmente los necesita. Centralizar servicios médicos,
asistenciales, de protección civil y seguridad en puntos estratégicos puede
reducir costos de acceso y tiempos de atención.
Sin embargo, la pregunta clave no es dónde estarán los
centros, sino cómo se sostendrán. La experiencia nacional demuestra
que muchos proyectos sociales fracasan no por falta de voluntad, sino por
ausencia de planeación financiera, evaluación de impacto y controles de
calidad. La gratuidad, por sí sola, no garantiza eficacia ni permanencia.
El enfoque de humanismo mexicano —concepto
que ha permeado el discurso político nacional— tiene una virtud: coloca a la
persona en el centro. Pero también un riesgo: convertirse en consigna
si no se acompaña de indicadores verificables. Erradicar pobreza exige
metas medibles, padrones transparentes, reglas claras y evaluación constante.
Sin eso, el humanismo se diluye en retórica.
En materia de política social, el alcalde toca los tres
pilares clásicos del bienestar: salud, educación y vivienda. No hay novedad
conceptual, pero sí una intención de intervención directa.
La oferta de servicios médicos básicos gratuitos responde a
una realidad inocultable: la precariedad del sistema de salud para quienes
viven en los márgenes. Consultas, medicamentos esenciales y atención preventiva
pueden marcar una diferencia real si se ejecutan con seriedad profesional y no
como botín político.
El convenio con el IVEA para combatir el analfabetismo es,
quizá, uno de los anuncios más relevantes. Pocas decisiones generan mayor
movilidad social que la alfabetización. Convertir bibliotecas en centros
activos de capacitación es una idea sensata, siempre que se dote de personal
capacitado y continuidad presupuestal. La educación no admite improvisación ni
simulación.
En vivienda, el llamado a erradicar los pisos de tierra es
una medida concreta, medible y con impacto inmediato en salud y dignidad.
México conoce bien este programa. Funciona cuando se aplica con criterios
técnicos y sin intermediarios políticos. Fracasa cuando se convierte en
clientelismo.
Rosaldo insiste en la eficiencia del gasto público. Aquí
conviene ser claros: la pobreza no se erradica solo con buenas
intenciones, sino con administración rigurosa. Coatzacoalcos arrastra
problemas financieros y de servicios básicos. La reingeniería administrativa
que anuncia será puesta a prueba desde el primer trimestre.
La entrega de luminarias, la mejora estética urbana y la
donación masiva de lentes son acciones visibles, de alto impacto mediático.
Funcionan si se integran a una política pública coherente; se desgastan rápido
si se usan como sustituto de una estrategia integral.
Gobernar con eficiencia implica algo más incómodo:
priorizar, decir no, cerrar fugas de corrupción y transparentar cada peso. Ahí
es donde muchos proyectos bien intencionados se descarrilan.
Erradicar la pobreza extrema en cuatro años es una meta
ambiciosa. Posible, sí. Garantizada, no. Dependerá de factores internos
—capacidad de gestión, disciplina administrativa, honestidad— y externos
—coordinación estatal y federal, contexto económico, seguridad—.
La historia reciente de Veracruz enseña una lección
dura: las promesas sociales sin institucionalidad terminan en
frustración colectiva. Por eso, el verdadero examen para este gobierno
municipal no será el anuncio, sino la ejecución.
El compromiso está hecho. Ahora viene lo difícil. La ciudadanía no n
ecesita discursos conmovedores; necesita resultados verificables. Si el alcalde logra traducir su narrativa humanista en políticas públicas evaluables, Coatzacoalcos podría iniciar una recuperación social largamente postergada. Si no, la promesa se sumará al archivo de buenas intenciones incumplidas.
En política, erradicar la pobreza no es un acto de fe. Es un
acto de gobierno. Y el tiempo, siempre implacable, será el único juez.
