**30 Ayuntamientos que fueron
incluidos en el nuevo informe 2018 podrán impugnar dicha medida.
Xalapa, Ver. 30 Enero 2020.- Los
30 alcaldes que fueron incluidos en el nuevo informe de la Cuenta Pública del
2018, por tener un presunto daño patrimonial, podrían recurrir a algún
mecanismo legal por la doble fiscalización que se hizo al gasto público, la
cual es inconstitucional, dijo el Diputado Local, Bingen Rementería Molina.
Incluso, los $15 millones de
pesos que se gastaron para realizar la nueva revisión, podría ser un monto
observado como daño patrimonial, pues fue innecesario invertir en la nueva
revisión, es especial porque el reporte que se entregó a diputados refleja una
reducción al primer informe que se había entregado al Congreso Local con el presunto
daño patrimonial a la cuenta pública del año 2018.
El también integrante de la
Comisión de Vigilancia, recordó que la principal motivación de MORENA para
apoyar una segunda revisión de la cuenta pública 2018 fue porque dudaban de la
correcta fiscalización y justificación del pliego de observaciones presentado
por el anterior titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
En el nuevo informe, todos los
datos de los presuntos saqueos al erario público fueron a la baja, y se contó
con la inclusión en este nuevo informe de 30 municipios, de los que tiene
presunto daño patrimonial, pero como se menciona, esto es inconstitucional, por
lo que hay una gran posibilidad de que el tema se pueda impugnar por parte de
dichos municipios.
“La
constitución es muy clara, y esta prohíbe la doble fiscalización”, así de
sencillo.
Cabe recordar que la nueva
valoración de la Cuenta Pública 2018, permitió a los alcaldes (la gran mayoría
de MORENA o simpatizantes de MORENA) como Emiliano Zapata, Coatzacoalcos,
Catemaco, Acajete, Magdalena, Amatitlán, Atoyac, Tamiahua, Coacoatzintla,
Tantoyuca, Córdoba, Coyutla, Tlacojalpan, Tlaquilpan, Ozuluama, Calcahualco,
San Andrés Tenejapan, Cerro Azul, Santiago Sochiapa, Chalma, Soledad Atzompa,
Chocamán, Isla, Úrsulo Galván, Villa Aldama, Xoxocotla, José Azueta y Zozocolco
de Hidalgo, justificar el manejo financiero y salir limpios en esta nueva
revisión.
Y por otro lado se observó en
esta nueva fiscalización con daños patrimoniales millonarios a los municipios
(la gran mayoría Panistas o Perredistas) como Acayucan, Benito Juárez, Boca del
Río, Veracruz, Chiconamel, Coatzintla, Coxquihui, el Higo, Ixhuatlán de los
Reyes, Ixhuatlán del Café, Jilotepec, Landero y Coss, Mecayapan, Medellín,
Nautla, Omealca, Pánuco, Playa Vicente, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Tenampa,
Tepatlaxco, Tepetzintla, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Uxpanapa,
Xico, Zentla, Las Vigas, Lerdo de Tejada y Maltrata, con montos que van desde
los $80 mil pesos, hasta los $7 millones de pesos.
Estos últimos, todos ellos
podrán interponer sendos amparos ante esta doble fiscalización que nunca se
debió haber permitido, ya que es inconstitucional y se podrá tumbar fácilmente.
