Mutatis mutandis
Por Rafael Arias Hernández
Inocultable, la problemática en el país se
hace presente y no puede ignorarse o minimizarse, sobre todo porque se supone
que la conocida institución de educación superior, es distinguido espacio del
pensamiento y del conocimiento , sobre todo crítico y creativo, eficiente y
preventivo.
Y además, porque se viven tiempos de
cambio múltiple y diverso, de
transformaciones en todos los contextos mundial, nacional y local; mismos que
ocasionan modificaciones y efectos, de
diversa intensidad y alcance en organizaciones, empresas e instituciones
públicas y privadas.
Consecuentemente, en términos generales,
es natural y entendible, pero no
justificable y aceptable, que tanto en los mercados, pero sobre todo en dependencias
e instituciones oficiales, haya quienes defiendan (y se refugien en)
privilegios, beneficios y ventajas, hoy
insostenibles e improcedentes, o cuando menos sujetos a revisión y
ajuste. Quien quiera escuchar que escuche y atienda.
En este cambiante marco de referencia y
de operación. La Universidad Pública es espacio
de las libertades y derechos individuales y colectivos; y, sobre todo, órgano autónomo de auténtica e ineludible responsabilidad
pública, ya que es la sociedad su origen y destino, la que la apoya y sostiene a través del
Estado y sus ámbitos de gobierno.
La sociedad ha estado y está, antes que
la Universidad que, como toda
institución gubernamental, debe y tiene
que ser fiscalizada y evaluada permanentemente, por su origen y destino; es
decir por esa misma sociedad.
Responsabilidad institucional que, por
cierto, ineludiblemente empieza con verdaderas transparencia, rendición de
cuentas, fiscalización y evaluación ciudadana y social.
Cualidades que se supone deberían caracterizarlas,
pero que en la actualidad, excepciones aparte, con frecuencia son cuestionadas,
por estar ausentes o ser insuficientes
en su funcionamiento cotidiano, en donde
persiste mediocridad y perversidad, al
comprobarse que, en muchas formas, ha llegado a
permitirse y facilitarse el uso y abuso de atribuciones y recursos públicos,
ocasionando, numerosos casos de ineficiencia y corrupción. Casos que, incluso
han trascendido, para convertirse en
históricos escándalos, hasta hoy en la impunidad.
“La estafa maestra”, la privatización y
concesión de servicios universitarios, la disposición arbitraria o
injustificada de apoyos, estímulos y subsidios, el injustificado
enriquecimiento; y muchos otros ejemplos, muestran y demuestran que la
universidad pública puede ser afectada,
de muchas formas, por ineficiencia y corrupción.
Corrupción e ineficiencia que, como es
tradición o costumbre en los ámbitos gubernamentales, son alentadas o apoyadas por procuración y encubrimiento
“carnal”; por seguimiento y control a “modo”;
por contralorías internas auto designadas; y por la simulación y el
entretenimiento de hacer como que se hace.
Lamentable, que la problemática o
crisis, sin política financiera actualizada, ha llegado a afectar o debilitar, la capacidad económica
institucional, hasta suspender total o
parcialmente importantes gastos, como sueldos y prestaciones de los trabajadores universitarios.
Sin duda, hay mucho de que hablar al respecto, y más
cuando, en muchas formas, los cambios en
estructuras y funciones institucionales, se hacen presentes en casi todos los
frentes. Como los relacionados con la Reforma de Estado, a la que hay que
ajustarse; la actualización de la legislación en educación pública vigente, para su reorientación y fortalecimiento, a todos los niveles.
Oportuno y conveniente aclarar desde ahora, que los efectos y daños causados, así como la
debilidad e ineficiencia, o la fortaleza y ventaja, en su funcionamiento y capacidad de servicio, no es igual en todas. Hay contadas
Universidades Públicas, con algunas ventajas.
Importante diferenciar situación y perspectiva de cada una, para fortalecer estructura y funciones, así como prever y evitar daños mayores.
Consecuentemente, para mejorar y
fortalecer, hay que apoyar y respaldar sus funciones, como sus contralorías
internas, protegidas y definidas por su carácter autónomo; y también, hay que
fortalecer la contraloría externa, establecida y aplicable a toda forma de
gobierno y sus instituciones, aspecto central de la fiscalización institucional
que es derecho y facultad irrenunciable de la sociedad.
EL TAMAÑO DE LOS DAÑOS.
Desde hace años la crisis de la Universidad Pública,
primero se hizo recurrente en algunas,
extendiéndose hasta afectar a más de 25
instituciones, destacándose la atención
inmediata y efectiva de la problemática económica
y financiera, para no padecer las consecuencias, como la paralización total o parcial, según el
caso.
No está por demás apuntar que el
subsistema de educación superior, requiere de atención; y que están en puerta cambios importantes en
la legislación secundaria, que obligaran a realizar los ajustes internos
correspondientes
Las problemáticas referidas, afectan de manera diferente, tanto a universidades
federales, como a las estatales y al
subsistema referido.
Identificándose en general, como principales factores de decisión: el gobierno
federal, los gobiernos estatales, las autoridades universitarias, y las organizaciones sindicales. Todos, con capacidad de dialogo y solución, sin excluir a la determinante comunidad universitaria, muchas veces
marginada por la inexistente democracia; o manipulada y contenida, por la
absurda y obsoleta distorsión, en su interior.
En los últimos años, el problema afecta
a más de 25 universidades y se estiman necesarios 17 mil millones de pesos,
para atender situación y reclamos en aumento,y evitar paro de actividades, o
movilizaciones de inconformidad y protesta.
Hasta hoy, los trabajadores
universitarios afectados, cuentan con apoyo y solidaridad de organizaciones
sindicales, encabezadas por la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), que han logrado soluciones momentáneas o
parciales.
Debe destacarse, que el gobierno federal
no adeuda y ha obligado a toda Universidad a mejorar su transparencia,
austeridad y eficiencia. Que en los conflictos suscitados y presentes, la responsabilidad se concentra
en la capacidad de respuesta de los Gobiernos estatales, en la
eficiencia y honestidad de las
autoridades universitarias, y en la representatividad y congruencia de las organizaciones sindicales.
En los casos de Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Edo.
de México, Chiapas, Zacatecas, Morelos, Sinaloa y otros afectados por el paro y
la movilización por inconformidad, la intervención de la CONTU ha sido y es
determinante.
En fin, tan solo por la afectación a
decenas de miles de trabajadores y sus familias, así como a cientos de miles de
jóvenes universitarios, el problema
exige atención inmediata. Seguiremos.
-Academico.IIESESUV
@RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH
