Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
Y no, no hubo Noche de Reyes para él. Este sábado y
tras una audiencia que se prolongó por casi siete horas, el juez federal Juan
Carlos Ramírez Benítez, desechó los argumentos de la defensa para que el ex
gobernador Javier Duarte de Ochoa siguiera su proceso en libertad condicional o
en prisión domiciliaria, al manifestar que cuenta con relaciones personales muy
sólidas, además de recursos económicos y materiales para huir del país.
La defensa alegó que Duarte ya había arrendado un
departamento por 25 mil pesos mensuales en la Ciudad de México, a fin de llevar
el proceso desde ese domicilio y para estar al pendiente de los requerimientos
del juez. Pero de ahí se agarró Ramírez Benítez para manifestar que el
arrendamiento del depa muestra que Javier conserva relaciones con las cuales
puede evadir a la justicia.
Y el ex gobernador se quedó encerrado.
Pero no será por mucho tiempo.
Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación
delictuosa y lavado de dinero; delitos risibles que nada tienen que ver con el
dineral que presuntamente robó al erario veracruzano. Su sentencia está
corriendo desde abril del 2017 en que fue detenido por la policía guatemalteca,
por lo que podrá salir en libertad al cumplir la mitad de su condena. Es decir,
en octubre del 2021.
Ajá, okey, está bien, pero ¿y el dinero?
No pues el dinero ya se perdió.
Lo que en un principio era saber dónde quedaron los
miles de millones de pesos que presuntamente se robó este sujeto, pasó a un
segundo término cuando sus abogados se fueron por el lado de las inconsistencias
en el debido proceso y las supuestas amenazas y presiones que recibió su
defendido.
Duarte presentó su renuncia el 12 de octubre del 2016 señalado
de un desvío de recursos que oscila entre los 22 mil y los 44 mil millones de
pesos. El tipo huyó, lo pescaron en Guatemala y lo extraditaron, pactó un
juicio abreviado con las autoridades mexicanas y fue condenado a nueve años de
prisión. Pero el asunto no quedó en eso porque se inconformó, alegó que lo
amenazaron con atentar contra su familia si no se declaraba culpable y apeló la
sentencia.
Y se la apelaron al señor.
El pasado viernes 20 de diciembre los magistrados del
Primer Tribunal Colegiado publicaron la sentencia emitida desde el 5 de
diciembre, en la que le concedieron un amparo para que un juez de control del
Reclusorio Norte, diera trámite a la apelación que gestionó contra la
resolución del 26 de septiembre de 2018, en la que se le declaró culpable de
los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Este sábado 4 de enero se llevó a cabo la audiencia y el
juez Ramírez Benítez ordenó que Javier siga en el Reclusorio Norte.
Ok, pero insisto ¿y el dinero? Oh chingá, el dinero ya
bailó; no regresará a la entidad y jamás lo verá la paisanada. Una parte de esa
formidable fortuna será para pagar a sus abogados, otra fue para sus cómplices.
Lo demás, el grueso de la billetiza, es para el ganador: Javier Duarte de
Ochoa. También para que sus familiares se den la gran vida a costa de los
veracruzanos a los que esquilmó este sujeto.
No cabe duda, estuvo bien planeado el gran atraco a
Veracruz.
Pérez
Astorga y el FORTASEG
El primer día de este año el senador Ernesto Pérez
Astorga dijo una verdad de a kilo: “Los recursos del Subsidio para el
Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios
(FORTASEG) lo utilizan los alcaldes hasta para pagar a luz. No digo que se estén robando el dinero,
sino que lo usan para pagar la luz, para dar un ejemplo. Dicen que el pago de
la luz es un tema de seguridad, pero no es así”.
Y en efecto. El pago de ese servicio no está
catalogado en el FORTASEG como un tema de seguridad. Y no tiene por qué. El
FORTASEG fue creado para capacitar y equipar mejor a los policías de todos los
municipios del país y no para pagar servicios como la energía eléctrica o la
renta de oficinas.
Pero a los alcaldes les vale y dinero que les cae
dinero que utilizan en menesteres ajenos a los destinados originalmente.
Ojalá todos pagaran los recibos de la luz con ese
dinero, pero no es así. Los hay que pagan la renta del departamento de
aquellita, la compra de un auto, de un ranchito, de una residencia o un
viajecito “de trabajo” al extranjero. ¿Y los policías? Que se jodan.
La falta de esos recursos ha dado como resultado que
los policías municipales realmente arriesguen sus vidas cuando se enfrentan a
los criminales.
En auditorías realizadas a las cuentas públicas, el ORFIS
ha hecho señalamientos en este sentido que los alcaldes se han pasado por el
forro. Son muchos los que siguen utilizando la “licuadora”, es decir, toman
recursos destinados a un rubro, para solventar necesidades en otro rubro. El
problema es que siempre queda un hoyo y ese hoyo generalmente es en seguridad.
De que el ORFIS los va a agarrar en la maroma, de eso
no tengas duda, lector. Pero será hasta el 2021 cuando terminen su periodo de
gobierno y se desate la corredera. Porque muchos van a correr.
Y mientras tanto…
Pérez Astorga indicó que son 20 ayuntamientos los que
reciben recursos del FORTASEG por lo que es necesario que se creen contralorías
ciudadanas para garantizar que los alcaldes usen esos recursos en reforzar la
seguridad y no para otras cuestiones.
La idea es excelente y debería plantearse cuando antes
en la Legislatura local y en la federal.
Desde hace años la seguridad es la principal exigencia
de los veracruzanos y no es justo que los recursos que se destinan a ese rubro,
sean desviados de manera criminal.
Y es que todo alcalde que está haciendo mal uso del
dinero destinado a la seguridad, no sólo está desamparando a sus policías, sino
que está cometiendo un crimen contra sus gobernados. Por lo tanto, debe ser
juzgado como un criminal y no sólo como un simple desviador de recursos
públicos.
