DE PRIMERA MANO
Por Omar Zúñiga
La muerte de Zenyazen Roberto Escobar
García, diputado federal de Morena por el distrito 16 de Córdoba, es una de
las que navega en el océano de lo “extraño”.
Como es conocido, su cuerpo fue localizado
la mañana del viernes 4 de septiembre dentro de un auto de lujo Mercedes, estacionado
en el acotamiento de la carretera federal Veracruz–Xalapa, a la altura de la
comunidad La Gloria, municipio de Puente Nacional.
Desde entonces, la versión oficial ha
avanzado a cuentagotas y las imágenes que han circulado —extraoficiales,
parciales, contradictorias entre sí— dicen, en algunos aspectos, más que la
información oficial.
Un arma de fuego entre las piernas del
legislador, con la cacha hacia arriba... Cualquier perito con experiencia sabe
que esa disposición no es, por sí sola, ni prueba de suicidio ni de homicidio;
pero sí es un dato que exige explicación técnica, no la versión oficial que
generó mucho más dudas que certezas.
Había sangre en las manos del diputado además
de sangre en su oreja izquierda que todos los peritos de café sostienen es producida
por disparo del arma de fuego y que a vista de las imágenes conocidas, no lo es.
Ese detalle, por sí solo, desordena
cualquier relato apresurado sobre lo ocurrido en ese vehículo.
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Pero más allá de la mecánica forense, el
fondo de este caso es uno solo, y es el que debe ordenar la discusión pública:
¿suicidio o asesinato? No hay respuesta cómoda.
Las dos hipótesis son gravísimas para
Veracruz, y ambas exponen algo que las autoridades estatales y federales no
pueden seguir tratando como un expediente más.
Zenyazen no llegaba a esta semana como
una figura sin fricciones. En los días recientes, medios de información documentaron
que, a través de su hija y de la pareja de ésta, la familia del legislador
controlaba Materiales Oconit, empresa que administra el basurero Los Colorines,
en Nogales, con cobros a más de 40 municipios de la zona centro y sur del
estado y con ingresos estimados en más de 300 millones de pesos anuales.
A ese frente se suma el que dejó abierto
en la Secretaría de Educación de Veracruz, que encabezó entre 2018 y 2021; el
Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) documentó más de 200
contratos otorgados a empresas de reciente creación, señalamiento del que Zenyazen
se deslindó públicamente en 2025.
Un monopolio millonario de residuos,
contratos cuestionados en el sector educativo y una posición de poder dentro de
la bancada de Morena en San Lázaro son, hasta ahora, los tres ingredientes que
la prensa, alcaldes y lo mismo legisladores de Morena han puesto sobre la mesa
como posibles motivos de un ajuste de cuentas.
Son hipótesis, no sentencias, y así
deben tratarse: ninguna autoridad ha acreditado hasta ahora una relación
directa entre esos señalamientos y su muerte. Pero sería una negligencia
periodística no anotarlas.
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La otra hipótesis, la del suicidio,
obliga a preguntar qué pudo llevar a un hombre de 42 años, con una carrera
política en ascenso, coordinador de la bancada veracruzana de Morena en la
Cámara de Diputados y en lo que podía notarse, sin dificultades económicas (el
amor y el dinero no se pueden ocultar), a tomar una decisión así.
No faltan frentes de presión.
En mayo, protagonizó un altercado con el
diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla en pleno pleno de San Lázaro,
después de que éste lo señalara públicamente por su pasado como bailarín de
shows privados, un episodio que reabrió una vieja herida mediática de sus años
como maestro y como secretario de Educación.
Ese mismo mes circularon versiones —que
él negó— que lo vinculaban con una embarcación incendiada en la Riviera Veracruzana.
El peso acumulado de escrutinio,
señalamientos y una reputación en disputa es, para cualquier persona con
responsabilidad pública, un terreno fértil para el desgaste emocional.
No lo sabemos con certeza; pero tampoco
podemos fingir que no existía motivo alguno para preguntarlo.
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Sabemos De Primera Mano, que algunos
de sus propios compañeros diputados, durante la instalación del Congreso
General el pasado martes 1 de septiembre, Zenyazen se mostraba “distinto”
a como era habitualmente: más retraído, con un semblante que varios
legisladores describen como “extraño”, “como si algo lo tuviera preocupado”,
-dijeron-.
Ninguno lo ha mencionado con nombre y
apellido ante un micrófono, y se entiende: nadie quiere ser el que, después,
tenga que explicar por qué no dijo nada a tiempo.
Pero el patrón —el cambio de actitud
notado por gente que lo trataba a diario— es un dato que la investigación no
debería descartar.
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Para documentar el optimismo, a este
espacio se hizo llegar un documento de inteligencia que elabora un análisis
comparativo de imágenes de la escena del hallazgo, elaborado a partir de varias
imágenes.
Este documento arroja observaciones que
no deberían pasar inadvertidas.
Las posiciones del cuerpo en ambas
imágenes no coinciden: la disposición de los brazos, la inclinación de la
cabeza y hasta la ropa visible difieren de una fotografía a otra.
En una de las imágenes se aprecia,
además, lo que parece ser un vendaje o cobertura en la mano derecha del
legislador, junto con sangre.
El dato contextual que vuelve relevante
esa observación es que, de acuerdo con personas cercanas a él, Zenyazen Escobar
no era zurdo, sino diestro.
Si el arma se reportó entre las piernas
y es precisamente la mano derecha —la dominante— la que presenta indicios de
vendaje o lesión, la pregunta obligada es cómo se concilia eso con la mecánica
de un disparo autoinfligido o, en su caso, con cualquier otro escenario.
Por eso, y sin adelantar veredictos que
no me competen, insisto en que la Fiscalía General de la República debe verifiquen
con rigor la coincidencia exacta de posturas entre las fotografías disponibles,
la naturaleza real de ese posible vendaje, la relación entre la mano dominante
del diputado y la posición en que fue hallada el arma, y —lo más elemental en
cualquier caso de este tipo— los residuos de pólvora, la trayectoria del
proyectil y la reconstrucción técnica de la escena.
*****
Sea cual sea el desenlace de la
investigación, las dos hipótesis son igual de graves.
Si fue homicidio, estamos ante la
ejecución de un legislador federal en una carretera del centro de Veracruz a 35
kilómetros de la capital del estado, con el mensaje brutal que eso envía sobre
quién manda de verdad en ciertos territorios y ciertos negocios.
Si fue suicidio, estamos ante la
evidencia de que el poder, en este estado, puede triturar a quien lo ejerce
hasta el punto de no encontrar otra salida —y ante la responsabilidad
colectiva, política y mediática, de no haber sabido leer las señales a tiempo.
Ninguna de las dos lecturas es cómoda.
Ninguna de las dos debería resolverse
con un boletín de dos párrafos ni con el silencio protector de las autoridades
competentes.
La FGR ya atrajo el caso; que eso
signifique, por una vez, rigor y transparencia, y no la administración política
del expediente.
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A la familia de Zenyazen Escobar
García, empezando por su esposa y sus hijos, mi más sentido pésame. Ellos
no tienen por qué cargar con las hipótesis que aquí se han planteado; tienen
derecho, sobre todo, a la verdad.
Porque, se hable de lo que se hable, con
todo y sus sombras y sus señalamientos, no hay muertos malos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
