IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El proyecto de “honestidad y austeridad
republicana” no se mide solo en leyes y manuales, sino en señales cotidianas,
qué se dice, cómo se vive y quién se beneficia. Cuando una secretaria de Estado
luce joyas y relojes de cientos de miles de pesos, tiene a un hermano promotor
de negocios en un sector regulado por su dependencia y presenta declaraciones
patrimoniales que muestran un “empobrecimiento” abrupto respecto a su
trayectoria empresarial, el daño no es solo reputacional, es institucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado
repetidamente a los servidores públicos a vivir con “sencillez y humildad”. Sin
embargo, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora,
exhibe en redes un anillo de diamantes valuado hasta en 900 mil pesos, un reloj
Cartier de alrededor de 140 mil pesos, vestidos de 30 mil y calzado de 17.5 mil
pesos. Ese contraste simbólico convierte el discurso de austeridad en una
promesa que parece aplicarse a unos y no a otros.
La respuesta oficial —“ningún bien fue adquirido
con recursos públicos” y “mi patrimonio es familiar, construido con esfuerzo y
honestidad”— puede ser jurídicamente suficiente, pero es políticamente
insuficiente. La ciudadanía no solo pregunta si es legal; pregunta si es
coherente con el relato de austeridad que se usa para legitimar recortes,
disciplina fiscal y sacrificios compartidos.
Más allá del lujo visible, está el vínculo familiar
con un sector sensible. El hermano de la secretaria, José David Rodríguez
Zamora, es promotor de peleas de gallos y organiza eventos para la empresa
“Mega Derby Intercontinental”; además, se le identifica como “analista” de Turismo
de Puebla y suele contactar gobiernos estatales “a nombre de la Secretaria de
Turismo federal” para promover sedes y patrocinios.
Los palenques requieren permisos y autorizaciones
estatales y federales. Que un familiar cercano promueva y se beneficie de
eventos en un sector que la secretaría puede influir -mediante políticas,
promoción o alianzas- genera al menos la apariencia de conflicto de interés,
aunque no se haya probado un acto ilícito concreto. En ética pública, la
apariencia importa, basta para sembrar duda sobre la imparcialidad de las
decisiones.
Las cifras agravan la percepción. En su primera
declaración (agosto 2021), Rodríguez reportó ingresos anuales superiores a 10
millones de pesos, 1.22 millones por la administración de Pafejoli y 9 millones
por rendimientos de capital. En 2025 y 2026 declaró únicamente ingresos por su
labor pública (1.28 millones en 2025 y 1.90 millones en 2026), con los rubros
empresarial y financiero en ceros.
Además, en declaraciones iniciales acreditó un
préstamo con Santander de 849,200 pesos (2019); en 2025 y 2026 marcó el
apartado de pasivos como “Ninguno”. Tampoco declara inmuebles, menaje, joyas u
obras de arte; solo un BMW X2 2019 comprado de contado en 636,000 pesos. Que
una funcionaria con perfil empresarial pase de declarar más de 10 millones a
alrededor de 1 millón, mientras luce bienes de alto valor, se lee como un
“empobrecimiento inexplicable” y alimenta sospechas sobre la integridad de la
información patrimonial, aunque la funcionaria sostenga que todo está en regla.
El costo político,
credibilidad, escrutinio y polarización, todos estos casos se usan como
evidencia de un doble estándar, austeridad para la base y privilegios para la
cúpula. El resultado es una menor disposición ciudadana a confiar en reformas,
programas o llamados al sacrificio compartido. La combinación de lujo visible,
vínculos familiares con sectores regulados y cambios patrimoniales abruptos
suele derivar en solicitudes de auditorías, revisiones de la declaración
patrimonial y exhortos desde el Legislativo y órganos de control.
En la agenda mediática, el tema domina coberturas y
redes, desplazando mensajes de política turística y reforzando narrativas
críticas hacia la 4T; al mismo tiempo, los defensores del gobierno tienden a
minimizarlo como “ataque mediático”, lo que profundiza la polarización.
Qué se necesita para
recuperar confianza, Si el gobierno quiere que el discurso de austeridad vuelva
a ser creíble, debe actuar en tres frentes, en primer lugar transparencia
reforzada, publicar de manera detallada y verificable el origen de los bienes
(facturas, avalúos, contratos), así como la relación contractual y de ingresos
de la empresa familiar y del hermano promotor.
En segundo, establecer mecanismos formales de
abstención en decisiones que beneficien directa o indirectamente a empresas
vinculadas a familiares, y crear un registro público de gestiones realizadas “a
nombre de la secretaría”.
Por último en tercer lugar coherencia comunicativa,
alinear la comunicación oficial y la conducta visible de altos funcionarios con
el relato de austeridad; de lo contrario, se pierde autoridad moral para exigir
disciplina fiscal o ética a otros actores.
Más que la posesión de bienes en sí, lo que afecta
es la incongruencia entre el relato de austeridad, la ostentación pública, los
vínculos con sectores regulados y las variaciones patrimoniales poco
explicadas. Esa combinación mina la credibilidad, eleva el riesgo percibido de
conflicto de interés y obliga a un escrutinio más duro sobre la integridad de
las declaraciones y la gobernanza ética en la 4T. La austeridad republicana no
se salva con declaraciones; se salva con hechos que cierren la brecha entre lo
que se dice y lo que se ve.
Comente u
opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
