La mañana de este viernes 4 de septiembre, Veracruz volvió a despertar con una noticia que sacude al mundo político y, sobre todo, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que las autoridades siguen sin responder de manera satisfactoria: ¿hasta dónde ha llegado la violencia en la vida pública del estado?
El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue localizado sin vida en la comunidad La Gloria, municipio de Puente Nacional. Los primeros reportes señalan que presentaba al menos una herida producida por arma de fuego. Elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las circunstancias exactas del fallecimiento todavía se encuentran bajo investigación. (La Silla Rota)
La noticia resulta particularmente impactante por tratarse de un personaje ampliamente conocido en la política veracruzana.
Originario de Río Blanco, Zenyazen Escobar construyó inicialmente su trayectoria en el magisterio, desde donde se convirtió en dirigente sindical y posteriormente dio el salto a la política partidista. Con la llegada de Morena al gobierno estatal ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, entre 2018 y 2024. Posteriormente llegó a la Cámara de Diputados como representante federal por Veracruz. (Formato Siete)
Y ahora, de manera abrupta, su trayectoria termina en circunstancias violentas.
Conviene, sin embargo, no adelantar conclusiones. Una cosa son los primeros reportes periodísticos y otra muy distinta será lo que determine la investigación ministerial. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el móvil ni las circunstancias precisas en que ocurrió el homicidio. (Formato Siete)
Pero sería ingenuo pensar que el caso puede ser tratado como un hecho aislado más en la estadística.
Cuando un diputado federal es encontrado muerto con una herida de arma de fuego, la sociedad tiene derecho a exigir una investigación exhaustiva, transparente y profesional. No solamente para esclarecer quién lo hizo y por qué, sino también para determinar si su actividad política, su trayectoria pública o alguna otra circunstancia pudiera estar relacionada con el crimen.
Porque en estos casos la pregunta no puede limitarse a quién disparó.
También hay que preguntar por qué pudo hacerlo, quién estaba detrás y qué intereses podrían encontrarse alrededor del hecho.
La muerte violenta de un representante popular genera, además, una inevitable preocupación entre quienes participan en la vida pública de Veracruz. Si quienes tienen responsabilidades políticas y cuentan con exposición pública pueden convertirse en víctimas de la violencia, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
Ahí está uno de los grandes pendientes de las autoridades: recuperar no solamente los niveles de seguridad, sino también la confianza de una sociedad que observa cómo la violencia termina alcanzando cada vez más espacios.
Zenyazen Escobar fue maestro, dirigente sindical, funcionario estatal y diputado federal. Más allá de simpatías o diferencias políticas, hoy lo que corresponde es respeto para su familia y seriedad en la investigación.
Y que nadie pretenda convertir la tragedia en bandera política antes de conocer la verdad.
En Veracruz sobran versiones, especulaciones y rumores. Lo que hace falta ahora es justicia.
Porque cuando un político muere violentamente, no solamente se apaga una vida: también queda bajo sospecha la capacidad del Estado para garantizar que ejercer la actividad pública no signifique convertirse en blanco de la violencia.
