Xalapa, Ver.– En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, el Pleno del H. Congreso del Estado de Veracruz aprobó este miércoles la declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, con una votación de 40 votos a favor, ocho en contra y dos inasistencias.
Con esta determinación legislativa, se retira la protección constitucional del fuero al edil, permitiendo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) continúe con las acciones ministeriales correspondientes dentro de la investigación que se encuentra en curso, siempre bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales.
El dictamen fue avalado por diputadas y diputados integrantes de los grupos legislativos de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En contra se pronunciaron representantes de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el diputado independiente Héctor Yunes Landa.
Durante la sesión plenaria se registraron las inasistencias de los diputados Fernando Yunes Márquez (PAN) y José Ruiz Carmona (Morena).
Derivado de la aprobación de la declaración de procedencia, Bertín Bravo Montero queda separado del cargo de presidente municipal de Úrsulo Galván, por lo que, conforme al marco jurídico aplicable, deberá asumir la responsabilidad del Ayuntamiento su suplente Jesús Rosado Guzmán, en tanto se desarrollan las actuaciones legales correspondientes.
El procedimiento legislativo tiene su origen en la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres, hechos reportados por sus familiares desde el pasado 14 de mayo de 2026.
El Congreso del Estado reiteró que sus resoluciones se encuentran sujetas al marco constitucional y que corresponde a las autoridades competentes determinar, mediante los procedimientos establecidos en la ley, cualquier responsabilidad jurídica derivada de los hechos investigados.
