Por Miguel Angel Cristiani G.
Hay reformas que nacen del consenso y otras que
brotan del cálculo. La propuesta de Reforma Electoral que vuelve a ratificar la
presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada ahora de un decálogo de buenas
intenciones y la advertencia de un “plan B”, pertenece —por ahora— a la segunda
categoría: mucha consigna, poca precisión y un mensaje inequívoco al árbitro
electoral y a la oposición: si no pasa por las buenas, pasará por las otras.
El anuncio no es casual ni aislado. Se inserta en
una narrativa que lleva años construyéndose desde el poder: el sistema
electoral es caro, excesivo y, sobre todo, incómodo cuando no acompaña. Bajo
ese marco, el decálogo presentado se ofrece como una tabla de salvación moral:
austeridad, democracia directa, reducción de costos, cercanía con la gente.
Palabras amables. Conceptos nobles. El problema no está en el envoltorio, sino
en el contenido y, más aún, en las consecuencias.
La experiencia mexicana obliga a la cautela. Las
reformas electorales que han fortalecido la democracia —las de los noventa,
particularmente— nacieron del acuerdo plural y de la desconfianza hacia el
poder concentrado. De ahí surgieron instituciones autónomas, reglas claras y
contrapesos eficaces. No fueron perfectas, pero sí funcionales. Gracias a
ellas, México dejó atrás la simulación del partido hegemónico y transitó, con
tropiezos, hacia la competencia real.
Hoy, el discurso oficial plantea que esas instituciones
se desviaron, se burocratizaron o se “derechizaron”. Puede haber críticas
legítimas, nadie lo niega. Pero entre corregir y someter hay una línea muy
delgada. Cuando una reforma se anuncia con decálogo y se acompaña de un “plan
B”, lo que se transmite no es apertura al diálogo, sino presión política. No es
invitación al consenso, es advertencia.
El decálogo, leído con lupa, repite viejas
banderas: menos recursos a partidos, menos consejeros, más participación
ciudadana, elecciones más baratas. Suena bien. Siempre ha sonado bien. El
problema es que la democracia no es barata, y cuando se abarata sin
inteligencia, suele cobrarse después con fraude, inequidad o captura
institucional. Reducir costos sin fortalecer capacidades técnicas es como quitarle
frenos a un automóvil para ahorrar en mantenimiento.
Más delicado aún es el tono. El mensaje
presidencial no distingue entre crítica legítima y descalificación sistemática.
El árbitro electoral aparece retratado como obstáculo, no como garantía. Y
cuando el poder político ve al árbitro como enemigo, la cancha deja de ser
pareja. En democracia, quien gobierna debe ser el primer interesado en reglas
fuertes, no en reglas dóciles.
El llamado “plan B” merece capítulo aparte. En
política, los planes alternos suelen ser señales de fuerza. En democracia,
suelen ser síntomas de debilidad institucional. Si el plan A no logra consenso,
lo democrático es corregirlo, abrirlo, enriquecerlo. El atajo legislativo o la
reinterpretación de las reglas no fortalecen al sistema: lo erosionan. La
historia latinoamericana está llena de ejemplos donde reformas “necesarias”
terminaron siendo reformas regresivas.
No se trata de oponerse por deporte ni de defender
inercias. Se trata de entender que las reglas electorales no pertenecen al
gobierno en turno, sino a la ciudadanía. Cambiarlas exige prudencia, diálogo y
visión de Estado. Lo contrario convierte a la reforma en instrumento de
coyuntura y no en política pública duradera.
La presidenta tiene legitimidad, respaldo popular y
mayoría política. Justamente por eso su responsabilidad es mayor. Gobernar con
fuerza no significa gobernar sin límites. Reformar no es imponer. Democratizar
no es centralizar. Y escuchar no es tolerar aplausos, sino aceptar disenso.
La pregunta de fondo no es si el sistema electoral
puede mejorar —claro que puede—, sino para qué y para quién se quiere cambiar.
Si la respuesta es para fortalecer la confianza, la pluralidad y la equidad, el
camino es el consenso. Si la respuesta es para facilitar el control político
del proceso, entonces el problema no es el costo de la democracia, sino el
precio del poder.
Porque al final, toda reforma electoral revela
menos sobre las instituciones que pretende cambiar y más sobre la vocación
democrática de quien la impulsa: cuando el poder escribe las reglas pensando en
el “plan B”, suele olvidar que la democracia no admite letras chiquitas, pero
sí cobra caro los abusos de la mayoría.
