DE PRIMERA MANO
*Militantes en activo
lo demandaron
*Buscan
indemnización millonaria
*Hay diligencia de
embargo
Los partidos políticos viven una crisis global, que no es privativa de nuestro país, mucho menos de Veracruz.
Sin embargo, el
proceso electoral que está en marcha, obliga a voltear la cara a la patria
chica.
En este contexto, el
caso del PAN se vuelve sintomático, por varios factores dignos de un ensayo de
tesis doctoral, sin embargo, abordaremos el tema financiero.
Resulta que este
jueves 6 de febrero del año de Dios y María Santísima, 2025, está programada
una visita con el objetivo de embargar el inmueble de Acción Nacional Veracruz,
ubicado en Xalapa.
Esta visita (con la
de hoy sería la cuarta) tiene como finalidad ejecutar una orden de embargo por
parte de las autoridades laborales del estado, para exigir la indemnización de
un laudo, que habría sido ganado por un exempleado del Comité Directivo
Estatal.
A pesar de que no se conocía hasta la noche de
este miércoles 5, el nombre de esta persona se suma a los de Carlos Gabriel Fuentes Urrutia mejor conocido como Chico Fuentes, que además de ser
cónyuge de una regidora de Xalapa -que también entró por el PAN-, se ha
caracterizado por ostentar autos de lujo como una Porsche Cayenne o una Jeep
Mojave, que sólo entre ambos autos
suman varios millones de pesos.
Además fue diputado local y funcionario del
Congreso local, sin contar que es militante en activo de Acción Nacional, según
el Registro Nacional de Militantes del blanquiazul, registrado en Xalapa el 29
de mayo del año 2000, por cierto identificado con el grupo del exdirigente
estatal José Pepe Mancha.
Entre esos nombres también se encuentra el de Ariadna Lezama Palma, que fungió como
coordinadora de Comunicación Social, también del CDE, e identificada con el
grupo “del doctor” Joaquín Guzmán Avilés
(a) el Chapo.
También está Antonio Salamanca Barcelata, identificado con el actual diputado
federal Julen Rementería del Puerto, y también militante en activo,
registrado en Veracruz puerto el 22 de septiembre de 1998.
Fueron ellos,
integrantes del PAN Veracruz que devengaron un salario, como todo asalariado,
tenían derecho a él.
Entre los tres reclaman indemnizaciones
millonarias por haber servido al partido político al que juraron servir según
sus estatutos, y que también les dieron posiciones de poder, incluso identidad.
Por ejemplo, Chico Fuentes ocupó
una cartera en el CDE, a la que sus compañeros de partido aseguran nunca atendió,
por lo que busca una indemnización de 908 mil 375.53 pesos. En su caso, está
por cumplir 25 años de militancia.
Ariadna
Lezama Palma, hoy convertida en Consejera de la CEAPP, a
donde llegó por cierto como “representante de ONG” (y sin ser catarro, sí sería
bueno saber por cuál, pues ella es conocida por su labor como reportera),
reclama 409 mil 360.55 pesos, por 18 meses de trabajo al frente de Comunicación
Social del blanquiazul.
El más antiguo, con casi 27 años de militancia Antonio Salamanca Barcelata, busca que
le paguen un millón 440 mil 16.77 pesos.
La
pregunta es, ¿Cómo es que dos militantes en activo han demandado laboralmente a
su empleador por despido injustificado, pero siguen siendo militantes en activo
del mismo?
Increíble,
mas no sorprendente.
La
duda está en el aire, sin embargo, al interior de ese partido, está la firme
creencia de que son las cabezas de los grupos a los que pertenecen, los
verdaderos artífices de una campaña sin sentido, que más allá de ir dirigida a
alguien en particular para debilitarlo, el que va a sufrir es el PAN.
deprimera.mano2020@gmail.com
