En octubre de 2019, Bernardo Segura Molina, quien fuera subsecretario de Finanzas durante la administración de Miguel Ángel Yunes, fue detenido por la Policía Ministerial, señalado por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Segura Molina fue parte de un paquete de cuatro órdenes de aprehensión que se habrían girado contra ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas; los otros son Clementina Guerrero, Adrián Viccon y Francisco Virúes, quienes libraron la cárcel.
Esa detención provocó la reacción del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó de injustas dichas órdenes de aprehensión; expuso también que el gobierno estatal pretendía desviar la atención de la ingobernabilidad y la corrupción.
Un año y cinco meses después, en marzo de 2021, el ex secretario de gobierno durante el bienio de Yunes Linares, Rogelio Franco Castán, corrió con la misma suerte: fue notificado en Tuxpan de una orden de aprehensión en su contra por violencia doméstica; se opuso a la detención y entonces le enderezaron el delito de ultrajes a la autoridad, que a la fecha se encontraba vigente en el estado; y cinco meses después le dejaron caer nuevas acusaciones, ahora presunta extorsión y abuso de autoridad.
En agosto de 2021, el ex mandatario veracruzano acusó al gobierno estatal de Cuitláhuac García por promover “acciones penales contra funcionarios de mi administración acusándolos de haber participado en la recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al patrimonio de Veracruz”.
Tras calificar las detenciones de Segura y Franco como actos de injusticia, Yunes acusó que esas capturas eran “una clara manifestación de complicidad de quienes saquearon a Veracruz y lo llevaron a la peor crisis de su historia”.
Sostuvo que tanto Rogelio Franco como Bernardo Segura son presos políticos, no delincuentes; y que eran “víctimas de brutal e injusta persecución”.
Este lunes 25 de julio, uno de los más cercanos colaboradores de Yunes Linares, el ex fiscal Jorge Winckler, fue detenido en Oaxaca y trasladado al penal de Pacho Viejo; sin embargo, esa detención al parecer no mereció reacción alguna por parte del ex gobernador, quien optó por el silencio.
Yunes Linares no ha dicho ni esta boca es mía; y ese silencio fortaleció las versiones que corren en dos sentidos diferentes: primero, que el ex mandatario veracruzano habría pactado con el actual gobierno y que como parte de los acuerdos se encontraba la entrega del ex fiscal; segundo, que en los meses recientes hubo un distanciamiento entre Winckler y Yunes. Ninguna de esas versiones se puede probar y sólo los involucrados saben con exactitud a qué se debe el mutismo de un hombre que probablemente en otro tiempo no hubiera dejado pasar ni un par de horas para utilizar las redes sociales a efecto de levantar la voz, como lo hizo el 17 de enero, cuando fue señalado por Cuitláhuac García por abrirle la puerta a la delincuencia.
Lo cierto es que Jorge Winckler, un hombre que fue cercanísimo hasta la genuflexión al ex titular del Ejecutivo estatal, hoy está preso en Pacho Viejo.
El ex fiscal fue obediente hasta la sumisión al poderoso; y soberbio y arrogante con quienes se encontraban en desgracia. Hoy, en la soledad de la celda, seguramente enfrenta uno de los momentos más amargos de su vida.
La duda que surge es a qué se debe que Yunes defendió con tanta vehemencia a Rogelio Franco y a Bernardo Segura; y deja sólo a quien fuera su abogado, su fiscal, su incondicional. @luisromero85
