Xalapa, Ver., lunes 5 de julio
de 2021.- Reingeniería en áreas operativas y jurisdiccionales en el Poder
Judicial del Estado de Veracruz fue necesaria y dolorosa, lo que se pretende
con dar marcha a los juzgados laborales es garantizar el acceso a una correcta
y eficaz impartición de justicia a todos los veracruzanos, señaló la Magistrada
Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura.
Al inaugurar la conferencia
virtual “Retos y expectativa de la Nueva Reforma Laboral”, la Magistrada
Presidenta Isabel Inés Romero Cruz, mencionó que el reto es poder cumplir con
la función constitucional de impartir justicia en todo el Estado Veracruzano.
“Es lamentable y doloroso
prescindir de espacios que brinden un servicio”, sostuvo.
Se trata de un reencauzamiento
de recursos materiales y económicos, previo al inicio de los juzgados
laborales. Sin embargo, reiteró su
compromiso de dar certeza de que ningún justiciable perderá las condiciones de
acceso a la justicia.
Recordó a los especialistas en
derecho que las puertas del Poder Judicial del Estado están abiertas para todos
y con diálogo constructivo aunado al trabajo en conjunto, implementar acciones
que beneficien la impartición de justicia.
“Esta modificación será un
proceso paulatino, con adecuado estudio y reconocimiento a la labor
desempeñada, se planea reubicar al personal a donde se requiere, donde haya
mayor carga laboral”.
También, hizo un llamado al
análisis objetivo de la situación para lograr un acelerado avance en el
mejoramiento del servicio.
“No es momento de repartir
culpas sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del
Poder Judicial, que deviene de recurso del pueblo veracruzano, y su patrimonio
debe de cuidarse por el bien de todos, y cuidarse bien. Eso es lo que se hace
hoy”, dijo.
Los retos y expectativas están
en el camino, la justicia laboral lo requiere, y el Poder Judicial del Estado
de Veracruz se prepara para conseguirlo.
Al respecto, explicó que la
reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que Veracruz no está ajeno, sino
que se ubica en la segunda etapa de aplicación, obliga a la institución a
iniciar su aplicación el primero de octubre de este mismo año, esto es en menos
de 3 meses, lo que colocó en una agilización de la programación de acciones
para tener en esa fecha tope, todo el aparato jurisdiccional instalado para
brindar a partir de esa fecha el servicio de la justicia laboral veracruzana,
dependiente ahora del Poder Judicial Local.
Por ello, la decisión de
adelantar el inicio de la justicia laboral en Veracruz presentó un gran reto:
hacer que con el mismo presupuesto se realicen más actividades y grandes
acciones.
Hizo un puntual señalamiento
en torno a las condiciones actuales en nuestro país y estado, en virtud de los
cambios en la sociedad moderna provocados por la pandemia, pues ante ello hay
que reencauzar tareas.
Dejó en claro que la
perspectiva es buscar las condiciones para dar respuesta puntual a los
justiciables y cumplir con la obligación de dar marcha a los juzgados
laborales.
Además de ejecutar lo
anterior, se deben atender los requerimientos que corresponden a los juzgados
en materia penal, civil, mercantil y familiar en los veintiún distritos
judiciales, en los juzgados municipales, de primera instancia, y en la Alzada.
En su mensaje, subrayó que
siempre se dará la mejor solución, aunque sea difícil de ejecutar, porque por
encima de nuestros derechos particulares está el derecho de los justiciables y
del pueblo veracruzano.
“Con la cara puesta al frente
y reconociendo que dentro de cada juzgado que se mantiene en funciones, hay
servidores públicos totalmente comprometidos, que hoy están con el proceso de
entrega-recepción, y que a partir de ello tomarán el control de esos
expedientes, se tiene plena confianza en que cada uno de los jueces,
secretarios, proyectistas, administradores, auxiliares de causal, y oficiales
administrativos redoblarán los esfuerzos para cumplir con el deber de otorgar
justicia pronta y expedita”, dijo la titular del Poder Judicial del Estado.
