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Inevitable cierre de los juzgados
Si bien es cierto que la noticia del cierre de 29 juzgados en el Poder Judicial
se convirtió en bandera política para algunos y en justos reproches para otros,
esta reingeniería administrativa era ineludible en el Poder Judicial del Estado
de Veracruz, o de lo contrario estaban condenados a una quiebra total.
La neta.
No es ningún secreto que este organismo fue prácticamente saqueado en el
pasado. De hecho, las malas lenguas comentan que presuntamente a través de
diversos movimientos financieros extraían todo el billete del PJEV, el cual se
concentraba en personas físicas, morales ajenas a este sistema. Vaya, dicen que
las rebanadas del pastel caían hasta en empresas periodísticas.
Pero esa, es otra historia, y toro pasado.
Con lo anterior, adoptando medidas eficaces de ahorro, disciplina presupuestal,
austeridad y transparencia, se tomaron estos ejercicios que vendrán a darle un
respiro presupuestal, para estar así en posibilidad de destinar recursos para
órganos jurisdiccionales que exigen una mayor atención.
Y es que, aunque al principio se alegó que estaban violentando los derechos de
quienes participaron en esta reestructuración, resulta que no fue así, pues los
empleados se encuentran contemplados en la puesta en marcha de los once
juzgados laborales que empezarán a operar a partir del mes de octubre, temas
que son del conocimiento por parte de los Sindicatos al Servicio del Poder
Judicial del Estado de Veracruz.
La misma Magistrada Presidenta, Inés Romero Cruz y el Consejo de la Judicatura
han reiterado en diversas ocasiones su respeto absoluto a la clase trabajadora,
instruyendo encuentros de organizaciones Sindicales con la Directora de
Administración, Joana Marlen Bautista Flores, quién presentó informes
detallados en torno al Plan de Austeridad 2021-2022, insistiendo en que se trabaja
en un esquema donde habrá espacio para todo trabajador.
Se tiene que decir, a parte de los nuevos juzgados laborales, el PJEV tiene el
enorme reto de buscar otras medidas tecnológicas para permitir la presentación
electrónica de escritos y el desahogo de audiencias.
Es decir, un programa de digitalización judicial que ya no es asunto del
futuro, la Pandemia provocada por el COVID-19 vino demostrar la realidad y las
carencias en la impartición de justicia, cosa que sería imposible sin el
saneamiento de sus finanzas.
En fin, ya veremos si este reencauzamiento de recursos materiales, humanos y
económicos trae los resultados esperados, mientras tanto se destaca la valentía
de ajustarse el cinturón en un Poder donde el dispendio de recursos era al por
mayor.
@IvanKalderon
Ivancalderonflores@outlook.com
