IMPRONTA
Cada vez se pone más clara la intolerancia, la censura contra la libertad de expresión y particularmente contra los periodistas, los gobernantes fundamentalmente de Morena resurgidos como virreyes aplican sanciones cuya única finalidad es coercionar el ejercicio periodístico. En días recientes hemos conocido tres sucesos que apuntan en la misma línea: primero la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que la crítica de la opinión pública y de manera particular sobre el contenido del artículo 109, y sobre las facultades enormes y discrecionales otorgadas en ese proyecto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el cual otorgaba la facultad incluso de bloquear plataformas digitales por faltas que no están en la ley y que ella misma definiría, calificaría y también sancionaría y que gracias a la opinión pública fue modificada.
Cada vez queda más claro el asomo y la
reconstitución de lo que el escritor peruano y premio nobel de literatura Mario
Vargas Llosa calificó como “la dictadura perfecta”, en la que ni en los
mejores tiempos del Revolucionario Institucional se practicaban.
Como resultado de los conversatorios
realizados con especialistas, sociedad civil y sectores involucrados y tras
reuniones con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación
Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y Ernestina Godoy, consejera jurídica del
Ejecutivo federal, las comisiones unidas del Senado de la República
incorporarán 13 modificaciones a la propuesta original de la iniciativa
de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entre los cambios más relevantes está la
eliminación de la concentración de facultades regulatorias en
la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Asimismo, se eliminan los artículos
201 y 202, que otorgaban a la Secretaría de Gobernación la facultad de
autorizar previamente la transmisión de contenidos, medida considerada
como censura previa. De igual modo, se modificó el artículo
210 para limitar la prohibición de publicidad extranjera únicamente a la
proveniente de gobiernos, permitiendo contenidos turísticos, culturales y
deportivos. En el ámbito digital, se eliminó el artículo 109, que
permitía el bloqueo de plataformas digitales, así como las
definiciones de “Proveedor de plataformas digitales” y “Servicios digitales”.
El periodista Leo Zuckerman, publica en Excelsior
(18-06-2025): En 2003 tuve la enorme fortuna de ganar el Premio Nacional de
Periodismo en la categoría de artículo de fondo por un editorial en la revista Proceso titulada Los
nuevos virreyes. Con base en los resultados de las elecciones
intermedias de ese año, demostré cómo los gobernadores se habían convertido en
uno de los actores políticos más importantes del país, una especie de “nuevos
virreyes” que convivían con una institución presidencial debilitada producto de
la alternancia.
Los gobernadores morenistas apoyan, sin duda, al
Presidente en turno. Pero dentro de sus estados se comportan como reyecitos que
hacen y deshacen a su antojo. El gobierno federal no les pone límites.
En este contexto, un par de estos reyecitos están
limitando la libertad de expresión. Pretenden censurar opiniones críticas. Caso
número uno el de la “reina” de Campeche, Layda
Sansores. A pesar de ya estar jubilado, la jueza le prohibió
ejercer la actividad periodística y ordenó el cierre de la plataforma digital
Tribuna, donde Jorge Luis González había
sido director. Por ese caso, se le ordenó pagar la cantidad de dos millones de
pesos y, si no tenía los recursos, se dispuso el embargo de su casa para saldar
la deuda.Y sí, claro que su majestad puede hacer esto, porque no sólo controla
la Fiscalía de Campeche sino a los jueces de la entidad.
Tenemos, así, una probadita de lo que vendrá en el
futuro ahora que Morena dominará a los poderes Judicial federal y locales. Los
juzgadores harán lo que les manden los vierreyes estatales incluyendo acallar
las voces de periodistas incómodos.
Otro caso es el del “rey” Alejandro
Armenta, de Puebla quien acaba de publicar una nueva
legislación que tipifica y sanciona el delito de ciberasedio, en el Código
Penal de Puebla. El nuevo artículo 480 así lo define: “Comete el delito de
ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier
espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la
insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física
o emocional”.
¿Quién juzgará la existencia del ciberasedio? Pues los
jueces del acordeón que pondrá el gobernador Armenta en
los tribunales poblanos en la elección de 2027. Juzgadores que estarán a su
servicio y, de requerirse, amedrentarán a cualquier periodista incomodo, que critiquen a su
majestad poblana en las redes sociales. De encontrarse culpable, la persona
imputada irá a la cárcel por un periodo de entre 11 meses y tres años y pagar
multas que van de cinco mil 657 a 39 mil 599 pesos.
Sansores y Armenta son
gobernadores morenistas, aunque de acta de nacimiento príista. Supuestamente
están en proyecto de transformación progresista del país, pero en realidad lo
que les importa es mantener y acrecentar su poder. En este sentido, son iguales
o peores que los abusivos “virreyes” de antes.
Antes, sin embargo, los excesos de poder local podían
ser revisados y corregidos por los jueces federales. Algunos casos incluso
llegaban a la Suprema Corte de Justicia. Hoy, gracias a la 4T, se ha perdido
ese contrapeso. Ahora todos los jueces los controlará Morena. Obviamente no se
atreverán a incomodar a los gobernadores de este partido con sentencias que
echen para atrás un castigo como le pusieron al periodista Jorge
Luis González en
Campeche o la ridícula tipificación del delito de ciberasedio en el Código
Penal de Puebla.
Los gobernadores de la 4T se sienten monarcas
absolutos con el derecho de limitar la libertad de expresión en México. Y ya no
contamos con jueces que puedan servir de contrapeso. Mal augurio para las
libertades en nuestro país.
·
Maestro en
comunicación egresado de la Universidad Iberoamericana. De la cual ha formado
parte del cuerpo académico de la licenciatura en comunicación, así como de la
Universidad Anáhuac, campús CDMX.
